Un grupo de diputados consignó en la Asamblea Nacional (AN) una propuesta de ley que contempla un mecanismo de asistencia financiera y técnica para atender al sector eléctrico en el marco de la Emergencia Humanitaria Compleja. Esta semana se esperaba una primera discusión del tema en plenaria, pero fue diferida porque no existe consenso dentro de la oposición.
Este esquema prevé un financiamiento de 350 millones de dólares que otorgaría el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), préstamo que requiere del visto bueno del Parlamento. El tema genera diferencias, porque un grupo de parlamentarios considera que la propuesta no está clara y estiman que el dinero es para el régimen de Nicolás Maduro, mientras que otros señalan que los fondos son necesarios para atender la crisis eléctrica en algunos estados del país.
¿Cómo surge la controversia?
Crisis eléctrica. Desde 2009 el país atraviesa una crisis eléctrica como consecuencia de la desinversión, falta de mantenimiento y corrupción, situación que se agudizó este 2019 luego de los cinco apagones masivos ocurridos en el país, siendo los estados Zuliay Táchira los más impactados con racionamientos permanentes. Ante esta situación se comenzaron a formular vías para atender la emergencia.
Grupo de Boston. La propuesta de financiamiento para el sector eléctrico empezó a debatirse dentro del Grupo de Boston, que es una instancia en la que participan oficialistas (funcionarios y diputados) y opositores (parlamentarios y analistas), y en la cual se discuten “ideas” para superar la crisis. Quienes integran el Grupo comenzaron a establecer contactos con la CAF para gestionar un préstamo, a fin de incrementar la capacidad de generación eléctrica de algunas plantas en 1.000 megavatios y garantizar el suministro a los estados Zulia, Mérida, Nueva Esparta, Táchira y Caracas. En noviembre, el Grupo elaboró un documento que entregó al jefe del Parlamento, Juan Guaidó, quien desde enero ejerce la Presidencia interina del país.
En dicho documento se detallaba que los recursos de la CAF serían ejecutados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y que su revisión sería hecha por una junta directiva integrada por la CAF, PNUD, Gobierno, oposición y diputados de los ambos bloques.
“Aunque varios diputados señalan que la ejecución quedará a cargo del PNUD, la realización de las obras suelen estar vinculadas con los entes oficiales”
Entrada a la AN. En días pasados, diputados de los partidos Un Nuevo Tiempo (UNT) y Acción Democrática (AD) consignaron el proyecto de ley ante la AN para que fuera sometido a discusión. En esa primera propuesta se reiteraba que el PNUD sería el encargado de ejecutar los fondos, y que habría una junta directiva cuya conformación era igual a la sugerida por el Grupo de Boston. En dicha propuesta además se indicaba que el endeudamiento estaría amparado por los artículos 80 y 85 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, instrumento que regula los gastos y deuda del Gobierno, y que además indica que los endeudamientos requieren del aval del Parlamento, con excepción de PDVSA.
Lo que dicen las leyes. Las operaciones de crédito público (endeudamiento), de acuerdo con la normativa legal, son tramitadas por el Gobierno. Justo el artículo 85 de la Ley de Administración Financiera permite al Ejecutivo nacional contratar obras y servicios cuando los recursos sean de operaciones de crédito público. Los financiamientos que solía buscar el Gobierno con multilaterales para proyectos en infraestructura, electricidad, educación, entre otras áreas clave, estaban dentro de la Ley de Endeudamiento, que establecía el cronograma de desembolsos. Sin embargo, esa Ley y el Presupuesto Nacional no se divulgan porque la administración de Maduro se ha negado a entregar esos instrumentos al Parlamento, por lo que se desconoce su ejecución.
Ajustes. El pasado 3 de diciembre los diputados tenían previsto aprobar el proyecto de financiamiento en primera discusión, punto que fue diferido por la falta de acuerdo entre las fracciones. El texto presentado ese día registró cambios y los artículos que hacían mención a la Ley de Administración Financiera fueron eliminados al igual que el detalle de la junta directiva, con lo cual sólo se dejó la referencia al PNUD, pero se incluyó una disposición que señala que los entes de la administración pública deben colaborar con el PNUD en el proyecto. Las modificaciones no evitaron las diferencias entre los opositores.
“La propuesta indica que los 350 millones de dólares se orientarán a la rehabilitación de unidades termoeléctricas en Zulia, Táchira, Mérida, Nueva Esparta y Región Capital”
Crédito al Gobierno. El argumento de un sector de la oposición es que el financiamiento es para el régimen de Maduro. El pasado miércoles 4 de diciembre funcionarios del PNUD señalaron a Reuters que el crédito de 350 millones de dólares fue solicitado a la CAF por el Ministerio de Finanzas. La CAF respaldó lo señalado por el PNUD, que además reconoció que en el proyecto trabajarían con las autoridades eléctricas. Por tanto, el financiamiento estaría dirigido a Maduro, cuya administración ha sido objeto de sanciones financieras por parte de Estados Unidos, país que junto con decenas de naciones reconoce como mandatario a Guaidó.
Ejecución. Aunque varios diputados y representantes de la sociedad civil señalan que la ejecución quedará a cargo del PNUD, que de acuerdo con la propuesta efectuará las adquisiciones de insumos, la realización de las obras suelen estar vinculadas con los entes oficiales.
Condiciones financieras. Cuando se gestiona un endeudamiento se presentan sus condiciones financieras como intereses, plazos y desembolsos en función de los avances de las obras. Estos aspectos no están detallados dentro de la propuesta de ley consignada por el grupo de parlamentarios. No se indica qué instancia pagará el financiamiento. No se detalla cómo se incluirán en las futuras leyes de presupuesto.
Pocos detalles. En la propuesta se indica que los 350 millones de dólares se orientarán a 200 plantas para hospitales y a la rehabilitación de unidades termoeléctricas en Zulia, Táchira, Mérida, Nueva Esparta y Región Capital. Pero no precisa si hay convenios con PDVSA para el suministro de gas y diésel, clave para que las plantas operen, ni se informa cómo será la contratación de la mano de obra.
Préstamos anteriores. En diciembre de 2017 y diciembre de 2018 la CAF otorgó financiamientos al Banco Central de Venezuela (BCV) bajo el argumento de reducir riesgos y dar apoyo macroeconómico. El multilateral ya ha financiado a entes oficiales, pese a que la administración de Maduro desde hace dos años cesó pagos con los tenedores de bonos.