Cuando Nicolás Maduro asumió la Presidencia, en abril de 2013, a los pocos días ya señalaba que no podía trabajar por culpa de Estados Unidos y del sector privado. Así, de siete años de gestión en seis ha dispuesto de poderes especiales que le han permitido reformar leyes y recrudecer los controles internos, acciones que ampliaron su margen político, aunque han profundizado los desequilibrios de la economía.
Desde octubre de 2013 ha contado con dos leyes Habilitantes, decretos de Emergencia Económica y una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), recursos con los que se ha provisto de normas a su medida.
Mientras, la economía retrocedió 52% entre 2013 y 2018, según las últimas cifras del Banco Central de Venezuela (BCV), y el país entró en la hiperinflación que ha deteriorado el ingreso de los venezolanos e impulsado la migración de 4 millones de personas.
Las Habilitantes
Entre 2013 y 2015, Maduro solicitó a la Asamblea Nacional (AN), que estaba dominada por el oficialismo, dos leyes Habilitantes bajo el argumento de “combatir la corrupción” y “defender la soberanía de acciones injerencistas”. Pero los instrumentos aprobados por esas vías elevaron las regulaciones al sector privado, le dieron más poder a los Consejos Comunales, y permitieron un manejo discrecional de las finanzas.
Uno de los textos creados con la Habilitante fue la Ley de Precios Justos, que fijó una ganancia máxima a las industrias y comercios y que se autorizó en el marco del llamado “Dakazo” de noviembre de 2013, previo a una elección. La Ley fue reformada al año siguiente, también mediante poderes especiales, para incrementar las sanciones por “especulación y acaparamiento”.
A esas normas se añadieron las revisiones de las leyes cambiarias, con el fin de centralizar las importaciones de bienes y que los privados dependieran más del sector público para la adquisición de la materia prima.
Los ajustes fueron mayores. Reformó leyes tributarias para elevar las alícuotas de los gravámenes y garantizar más recursos en momentos cuando los precios del crudo empezaban a bajar. Y, además, cambió la Ley del Banco Central de Venezuela para impedir al Parlamento, cuyo control empezaba a estar en manos de la oposición, remover al directorio del ente emisor.
El saldo entre 2013 y 2015 fue un retroceso de la economía. La producción se fue en picada por los controles y el recorte en la entrega de dólares para las importaciones fue de más de 60%, lo que elevó la escasez de alimentos, medicinas y otros bienes esenciales. La inflación se disparó y en 2015 llegó a 180,5%, de acuerdo con los datos oficiales.
Los decretos
Ante la mayoría opositora en la Asamblea Nacional, Maduro creó los decretos de Emergencia Económica para evadir cualquier revisión por parte de los diputados.
Por medio de esas normas se conformaron los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) no sólo para la distribución de bolsas de comida, sino también para la supervisión en la elaboración y despacho de artículos básicos. Dominio que llevó a que 50% de la producción de alimentos y rubros de higiene fuera para los Comités.
Los decretos han servido para seguir con el manejo discrecional de las finanzas. Los cambios le impiden al Parlamento revisar las leyes de presupuesto, endeudamiento y créditos adicionales.
Pero el Mandatario quería más control y mediante la Asamblea Constituyente, estructura paralela al Parlamento y cuestionada por la forma como fue activada, se han emitido normas en apoyo a las empresas comunales, la centralización de las compras y los cambios en los patrones de consumo. Recientemente ha aprobado normas tributarias para cercar a los privados.
Aunque desde hace dos años Estados Unidos ha impuesto sanciones que afectan al sector petrolero e impactan en el acceso al sistema financiero internacional, la economía ya venía de un largo deterioro y desde 2016 hasta 2019 se ha profundizado el colapso. Analistas privados estiman que este año la economía caerá más de 25% y la inflación estará sobre 1.000.000%.