Cinco años y nueve meses. Ese es el tiempo que deberá pasar tras las rejas el sindicalista Rubén González, a quien recientemente un tribunal militar declaró culpable de la comisión de los delitos de ultraje a centinela y a la Fuerza Armada Nacional (FAN), por presuntamente enfrentarse a unos efectivos de la Guardia Nacional durante una protesta de trabajadores de CVG Ferrominera del Orinoco.
El fallo contra González no debería haberse producido, al menos a la luz de la legislación venezolana y del criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). ¿El motivo? No es un uniformado. Sin embargo, se dio y no ha sido el primero, pues de acuerdo a la organización Foro Penal son 34 civiles los que han sido procesados por juzgados castrenses en lo que va del año, aunque la cifra alcanza los 848 desde 2014.
La Constitución de 1999, en sus Artículos 49 y 261, es clara al establecer que “toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias”, y que “la competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar”; respectivamente. Asimismo el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) históricamente ha limitado el accionar de la justicia militar a oficiales y efectivos activos, que hayan cometido delitos militares.
“Los delitos comunes serán juzgados por los tribunales ordinarios y la competencia de los tribunales militares se limitará a las infracciones de naturaleza militar. En consecuencia deben entenderse por estos delitos aquellas infracciones que atenten a los deberes militares. La Constitución resuelve en esta forma las viejas dudas existentes al respecto, y lo hace aplicando el principio de la igualdad: No existe fuero castrense en razón de las personas que cometan o sean víctimas de delitos, sino que la jurisdicción sigue a la naturaleza de la infracción”, estableció en 2001 la Sala de Casación Penal, en su sentencia No750 del 23 de octubre.
Y más recientemente, en noviembre de 2017, el TSJ dictaminó que “la jurisdicción militar no es la naturalmente aplicable a civiles que carecen de funciones militares”.
“El fallo contra Rubén González fue condenado por Michelle Bachelet, quien lo tachó de ‘violación del derecho a un juicio justo’”
¿Por qué Rubén González y más de 800 venezolanos han terminado ante jueces castrenses? Para expertos estos casos son otra demostración de la política represiva del Gobierno de Nicolás Maduro.
“El uso de la justicia militar forma parte de la ampliación de la política de terror que busca acallar las voces de protesta”, denunció el abogado Marino Alvarado, ex coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), quien agregó: “No sólo se ha aplicado la justicia militar a dirigentes políticos, sino a líderes sociales, a capitanes indígenas e incluso a ciudadanos de a pie”.
En similares términos se pronunció el constitucionalista Alí Daniels, quien apuntó: “La justicia militar está diseñada para obedecer al Poder Ejecutivo. El Presidente de la República es funcionario de la justicia militar y eso le da control sobre la justicia militar, eso hace que el Poder Ejecutivo le tenga una particular predilección sobre ella a la hora de utilizarla como herramienta contra sus adversarios”.
El hecho de que los jueces militares, por su condición de uniformados, deban obediencia al Jefe del Estado por ser éste su Comandante en Jefe, hace que no pocos duden de su independencia.
Un problema de vieja data
El procesamiento de civiles por parte de juzgados militares no es algo nuevo en Venezuela. Durante los gobiernos previos a los del fallecido Hugo Chávez y de Maduro se utilizó en varias ocasiones, en especial contra los miembros de las guerrillas que operaron las décadas de los ‘60 y ‘70 y contra algunos dirigentes de la izquierda o periodistas en los años ‘80 y ‘90 del siglo pasado.
¿Pero si el Gobierno chavista controla a la justicia como han denunciado hasta la saciedad organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Transparencia Internacional, la Organización de los Estados Americanos (OEA) para qué necesita a los tribunales castrenses? En 2017, por ejemplo, debido al cambio de actitud de la fiscal general (ahora en el exilio, Luisa Ortega Díaz) el Gobierno debió recurrir a los jueces militares para reprimir las protestas ante la actitud independiente asumida por el Ministerio Público; y posteriormente la ha utilizado para neutralizar a líderes sociales como en la época previa al chavismo, aunque de una manera más descarada y contundente.
El caso de Rubén González es importante, por lo que él representa para el sindicalismo, en particular en el caso de las empresas básicas (siderúrgicas y mineras). El Gobierno hace de González un ejemplo de lo que le puede pasar al sindicalista que tome medidas extremas contra él”, respondió Daniels, quien además es coordinador de la organización Acceso a la Justicia, la cual monitorea el funcionamiento del Poder Judicial venezolano.
Para el experto, que el chavismo haya optado por la justicia militar para acallar ciertas voces no se puede interpretar como una muestra de desconfianza a la subordinación de los otros juzgados. “Como la justicia militar tiene fama de ser más estricta y ser más impermeable a influencias externas, pues le sirve para mandar el mensaje que quiere enviar: De los tribunales sumisos te vamos a mandar al que más controlado tenemos”, apuntó.
Por su parte, Alvarado no se mostró sorprendido con el camino tomado por el gobierno de Maduro, pues “el uso de la justicia militar en los últimos años, en especial a partir de 2017, tiene que ver con el proceso general de militarización de la sociedad venezolana”.
Alí Daniels: “El Gobierno hace de Rubén González un ejemplo de lo que le puede pasar al sindicalista que tome medidas extremas contra él”
Un tercio de los ministros de Maduro son o fueron uniformados. Asimismo el ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López, es el responsable de velar por el abastecimiento de alimentos y medicinas. El Gobierno ha entregado a la FAN la potestad de adquirir esos productos básicos, al tiempo que le creó una empresa para explotar petróleo y las minas.
El activista destacó como en los últimos meses la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) ha desplazado al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) las operaciones contra opositores, con el aval de la justicia militar.
Por último, los expertos denunciaron que la estrategia del Gobierno de Maduro es otra prueba de sus dudosas credenciales democráticas y para sustentar sus señalamientos recordaron el criterio fijado por la Corte IDH, la cual en un caso relacionado con Perú dictaminó: “En un Estado democrático de Derecho la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional, y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales vinculados con las funciones que la ley le asigna a las fuerzas militares. Así, debe estar excluido del ámbito de la jurisdicción militar el juzgamiento de civiles, y sólo debe juzgar a militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar”.
El fallo contra el sindicalista González fue condenado por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien lo tachó de “violación del derecho a un juicio justo”.