En la aldea
28 mayo 2024

La comida en Venezuela: Un negocio donde la FANB manda

El control de los alimentos lleva años en manos de los militares por decisión política; por ello para el coronel de la Guardia Nacional Bolivariana en condición de retiro, Luis Alejandro Vílchez es fundamental que las medidas de cooperación interjudicial en el marco de la aplicación del TIAR avancen, pues sólo así se podrá castigar a todos los implicados en esta estafa que, según sus estimaciones “conservadoras”, superaría los 1.000 millones de dólares.

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Fernando Dos Reis | 29 noviembre 2019

Para el coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en condición de retiro, Luis Alejandro Vílchez, el gran negocio en Venezuela no es la droga, sino la comida, ya que esta implica menos riesgos y más ganancias. Y precisamente el control de los alimentos lleva años en manos de los militares por decisión política de las autoridades, dando pie a una extensa red de corrupción en un país sumido en Emergencia Humanitaria Compleja donde la desnutrición alcanza niveles que encienden las alarmas a nivel internacional.

“He designado al M/G, Carlos Leal Tellería, como el nuevo ministro del Poder Popular para la Alimentación. Asumirá el mando en esta nueva etapa, en la que debemos perfeccionar los mecanismos para garantizarle el alimento al pueblo venezolano”, estas fueron las palabras con las que en el pasado mes de abril Nicolás Maduro anunció un nuevo cambio en su tren ejecutivo.

Luis Alejandro Vílchez: “El gran negocio en Venezuela no es la droga, sino la comida, ya que esta implica menos riesgos y más ganancias”

Aunque en ese momento se manejaban los nombres de varios civiles para sustituir al general Luis Alberto Medina en Alimentación, nuevamente apostó por el liderazgo militar para llevar las riendas de esa cartera clave para el país. Durante la administración de Maduro han sido siete los ministros de Alimentación, todos provenientes del estamento militar.

En esta sucesión de mando entre militares destacan nombres como los del actual gobernador de Aragua, Rodolfo Marco Torres; el del actúa presidente de la Corporación Venezolana de Minería, Carlos Osorio, y el del mayor general Hebert García Plaza, hoy en el exilio y con investigaciones abiertas de corrupción en Venezuela.

La participación de estos funcionarios en la dirección del despacho de Alimentación ha destacado más por significativos casos de corrupción y concentración de poder, que por producción y abastecimiento de alimentos.

La gestión de Osorio

Vílchez trabajó muy cerca con Carlos Osorio cuando este dirigió la cartera de Alimentación. Cuenta que dentro del organismo se institucionalizaron diversas prácticas de corrupción que a su juicio respondían a grupos de interés. Para el momento en el que inició sus labores acompañaba la supervisión de importaciones en el Puerto de La Guaira, su deber era garantizar que se cumplieran los requisitos legales para que los bienes pudieran entrar a Venezuela.

En las primeras reuniones que tuvieron dentro del Ministerio recibieron una orden precisa: “Queremos que el pueblo esté bien alimentado, necesitamos redoblar nuestros esfuerzos para que los que trafican con las necesidades del pueblo sientan que les llegó la hora”. Esta indicación la impartía un grupo de generales que gozaban de la confianza de Osorio y eran, según Vílchez, los “jerarcas de la comida”

Cuando empezó sus labores de supervisión en el Puerto muchos de sus compañeros le jugaban bromas: “Ahora sí la vida te cambió, te pusieron donde hay para agarrar”.

“Quien se adhería a la caravana de corrupción era recompensado al recibir algún pago de comisión o ascenso”

Cuenta Vílchez que dentro del Ministerio existían varías tramas de corrupción andando al momento de su llegada. La primera red es la que él llama pago de sobornos. “El ministro mandaba a alguien de confianza a negociar con el empresario que traía los contenedores, dependiendo de lo que importaba cambiaba la comisión. No obstante, ese dinero quedaba en manos de los negociadores y muy poco se conoce de él”, asegura.

Esa era sólo la primera parte de la extorsión que se les aplicaba a los importadores, pues luego vendría la aduana buscando también cobrar su parte y, después, las alcabalas. “Era un entramado completo: Primero pagabas para estacionar el buque, luego para nacionalizar la mercancía y por último para distribuirla. La comida llega cara a su establecimiento de venta porque ya en la estructura de costo del comerciante está todo este proceso”.

El precio

Luis Alejandro Vílchez es padre de dos niños a los que ha educado con valores como la ética y la honestidad, por tal razón le disgustaba mucho lo que ocurría en el Ministerio. Su molestia con la corrupción se profundizó cuando se enteró de varias empresas sin documentación a las que se les había otorgado licencia para importar con dólares del Estado. “No existían reportes sobre la junta directiva de las empresas, sus estados financieros no eran confiables y los montos de los contratos eran exorbitantes. Además, en la mayoría de los contratos existían intermediarios que aseguraban el cumplimiento del negocio, estos también se quedaban con una porción de los recursos”.

Al consultarle sobre las razones por las que no denunció esta estafa, Vílchez reacciona diciendo que dentro del ministerio existía una política de garrote y zanahoria. Quien se adhería a la caravana de corrupción era recompensado al recibir algún pago de comisión o ascenso, y quien llegara a cuestionarla era degradado del cargo o apartado de los bonos que se otorgaban mensualmente. A los militares que acompañaban a Osorio en el Ministerio se les pedía discreción y lealtad absoluta. En los comunicados que recibían se les dejaba claro que la batalla contra la especulación y acaparamiento tendría sus recompensas.

Lo que describe este miembro de la Guardia Nacional tiene un historial documentado. Su jefe, Ososio, no sólo dirgió el Ministerio de Alimentación, sino también la Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas (SADA); ejerció las presidencias de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL) y de la Corporación de Abastecimiento y Servicio Agrícola (CASA) y, por si no fuera poco, la vicepresidencia de Soberanía Alimentaria. En cada una de estas instituciones se presentaron severas acusaciones sobre mal manejo de recursos, las cuales fueron expuestas en la Asamblea Nacional (AN) en 2016, cuando se emitió un voto de censura contra Osorio. Asimismo, la Comisión de Contraloría del Parlamento presentó recientemente nuevas pruebas contra el ex ministro, donde se evidencia el pago de comisiones por parte de una serie de empresas de maletín provenientes de Panamá.

La relevancia de los militares en el mundo de la alimentación tomó otra dimensión desde el lanzamiento de la “Gran Misión Abastecimiento Soberano”, presentada en 2016 por Maduro para hacer frente a los problemas de escasez, quien le encomendó la supervisión de la distribución y venta de la comida al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. Con esta decisión los militares pasaron a controlar al menos 15 organismos vinculados al sectoralimentos. No conforme con esto, a los meses se creó el “Comando para el Abastecimiento Soberano”, el cual está conformado por 18 militares de alto rango y que tiene como fin la supervisión de productos de primera necesidad.

Para Vílchez es fundamental que las medidas de cooperación interjudicial en el marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) avancen, pues sólo así se podrá castigar a todos los implicados en esta estafa que, según sus estimaciones “conservadoras”, superaría los 1.000 millones de dólares.

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La opinión emitida en este espacio refleja únicamente la de su autor y no compromete la línea editorial de La Gran Aldea.
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