Tradicionalmente, los balances y análisis de perspectivas sobre el funcionamiento de la Asamblea Nacional (AN) giran en torno al número, pertinencia y aplicabilidad de las leyes, acuerdos y decisiones del Poder Legislativo; así como la materia pendiente para el 2020 y sus retos en cuanto al control del resto de los poderes.
Si ese fuera el sentido de esta nota, diríamos por ejemplo que en 2019 la AN sancionó dos leyes, reformó su Reglamento Interior y Debates, y sancionó una ley aprobatoria (la del TIAR), y que en comparación con 2016 (15 leyes sancionadas) o 2018 (6 leyes sancionadas), su rendimiento fue bajo; aunque superior a 2017 cuando sólo fue posible sancionar una ley.
Pero en los últimos 4 años, ese tipo de análisis perdió el sentido y la utilidad en Venezuela, pues desde el 30 de diciembre de 2015, cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó su primera sentencia contra la integridad, potestad y funciones del Parlamento, inició un proceso de hostigamiento judicial contra el Poder Legislativo que 48 meses más tarde imposibilita a la AN para cumplir si quiera su tarea más elemental: La de elaborar o modificar leyes.
“Esas 98 o 95 curules que hoy le dan a la oposición una mayoría indiscutible en el Parlamento, le han ganado el respaldo de más de 50 países alrededor del mundo”
Apenas una de las 25 normas sancionadas desde su instalación (la que prohíbe el uso de celulares en las cárceles) fue declarada vigente por el TSJ, el resto fueron anuladas o la AN ni siquiera las remitió al Ejecutivo para evitarse el mal rato.
Parece más útil entonces revisar los recursos con los que cuenta el Parlamento venezolano para enfrentar un año 2020 más incierto que el 2019, sin perder de vista cómo las acciones y decisiones de estos cuatro años han llevado a la oposición y a la Asamblea Nacional al punto donde se encuentra hoy.
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Al inicio de 2020, sin haber llegado aún al 5 de enero -fecha en la que podrán contarse uno a uno los votos más comprometidos de la oposición-, la alternativa democrática tiene 98 diputados principales que se dicen leales a la causa de la restitución de la democracia en Venezuela, en el exilio (23) o la clandestinidad (1). Esto, si se lograra aplicar la reciente reforma del Reglamento Interior que permite el quórum y la votación virtual de los parlamentarios.
Pero aún sin esa reforma, contando a los suplentes incorporados y en el escenario de que ningún otro diputado cambie de bando como resultado de turbios negociados, la oposición mantendría 95 curules en su poder. Ambos números excluyen a los diputados disidentes de la Unidad (Cambiemos y 16J), a los investigados o señalados de presunta corrupción y al bloque oficialista.
Ahora bien, en el contexto venezolano, la utilidad de preservar la mayoría -siempre por encima de 84 votos que es el quórum mínimo de funcionamiento- no puede medirse por la capacidad de ejercer sus atribuciones haciendo uso de las diferentes mayorías posibles (dos tercios, tres quintos, o mitad más uno); sino por la capacidad de maniobra política, negociación y presión, reconocimiento interno y externo, aglutinamiento de fuerzas internas y movilización que esa mayoría concite.
“La oposición en la AN arranca 2020 con el firme respaldo de la comunidad internacional, en su legitimidad de origen y ejercicio”
Esas 98 o 95 curules que hoy le dan a la oposición una mayoría indiscutible, le han ganado el respaldo de más de 50 países del mundo, pero también el reconocimiento de la mismísima administración de Nicolás Maduro como una realidad y una fuerza política. Por ese peso Maduro ha dialogado con la AN, por ese peso Maduro ha forzado el retorno de la fracción oficialista al Hemiciclo, y por ese peso el PSUV se ha incorporado a la comisión preliminar para la renovación del Poder Electoral.
Aunque 98 o 95 diputados no suman los dos tercios (112) que obtuvo la oposición en las elecciones de 2015, ni las tres quintas partes de las curules (100), es una mayoría sólida que supera al oficialismo, los disidentes de la oposición y grupo de diputados principales expulsados de sus partidos o investigados por presunta corrupción (61). Esa mayoría debe entonces servir a la oposición para mantener el gobierno del Poder Legislativo, imponer la agenda y preservar el respaldo interno y externo a su causa.
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La oposición en la Asamblea Nacional arranca 2020 con el -aún- firme respaldo de la comunidad internacional, no sólo a su legitimidad de origen y ejercicio, sino a su petición de unas elecciones presidenciales confiables. Las manifestaciones más recientes en ese sentido se han producido este mismo diciembre a través del secretario de Estado e Estados Unidos, Mike Pompeo; del nuevo jefe de la diplomacia Europea, Josep Borrell y con la anexión de Bolivia al Grupo de Lima.
Además, 2020 inicia para la oposición con representantes diplomáticosen 38 países, de los cuales un tercio ya son reconocidos como embajadores. También tiene de su lado a media docena de mecanismos diplomáticos ocupados de atender a los refugiados venezolanos y coadyuvar a la redemocratización: La OEA, el Grupo de Lima, el Grupo Internacional de Contacto de la Unión Europea, el Parlamento Europeo, el TIAR y la Unión Interparlamentaria Mundial.
“La mayoría en la AN debe servir a la oposición para mantener el gobierno del Poder Legislativo, imponer la agenda y preservar el respaldo interno y externo a su causa”
Ese respaldo de hoy es el resultado del trabajo político-diplomático sostenido desde 2016. Primero, bajo la presidencia de Henry Ramos Allup, cuya gestión internacional se centró en poner la crisis política venezolana en la agenda de la OEA; luego, en 2017, con la diplomacia parlamentaria emprendida bajo la presidencia de Julio Borges que logró el nacimiento del Grupo de Lima, y el incremento de las sanciones internacionales a personas vinculadas al poder en Venezuela; posteriormente en 2018, bajo la dirección de Omar Barboza, con la AN y la oposición alineadas en la denuncia sobre la supresión arbitraria e ilegal de las condiciones electorales por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Esa agenda de trabajo internacional no se detuvo en 2019, y tras la juramentación de Juan Guaidó como presidente de la AN y Presidente interino de la República, en aplicación del Artículo 233 de la Constitución, más de 50 países encabezados por Estados Unidos y la mayoría de los integrantes de la UE le reconocieron y le apoyaron política y diplomáticamente. El apoyo a la AN y a Guaidó fue en ascenso a lo largo del año y hoy son casi 60 los Estados que respaldan la lucha por el retorno a la democracia en Venezuela. Los más recientes: Bolivia, Guatemala y Uruguay.
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El derecho constitucional a ir a una elección parlamentaria que ratifique su legitimidad, renueve su composición e incluso afiance la mayoría opositora es otro de los recursos con los que cuenta la Asamblea Nacional en este inicio de 2020. Si bien en la oposición -y por ende en el Poder Legislativo- ya han surgido divergencias respecto a la pertinencia de participar (AD) o no participar (VP) en unas parlamentarias, ese debate tiene que darse dentro y fuera de la AN.
La última medición de la encuestadora Delphos en 2019, realizada entre el 28 de octubre y el 12 de noviembre, reveló que 64,4% de los consultados votaría en unas elecciones parlamentarias; 69,9% lo haría en unas presidenciales, y 64,8% participaría en una elección doble de presidente y diputados. Mientras, 75% dijo estar de acuerdo con la renuncia pactada de Maduro y Guaidó para facilitar la transición.
Este último escenario, planteado por Guaidó a Maduro en el marco de las negociaciones en Barbados, combinado con la convocatoria a una elección conjunta de presidente y diputados, podría abrir el paso a una salida a la crisis. Tocará a la Asamblea Nacional propiciar el debate de una estrategia que amplíe las posibilidades de avanzar hacia un cambio de gobierno y de modelo, más allá del conocido mantra: “Cese de la usurpación”, “gobierno de transición” y “elecciones libres”.
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Desde finales de 2018, la Asamblea Nacional designó una comisión especial para que trabajara en el diseño de un plan de gobierno. Aunque para 2019 varios de los integrantes de esa comisión optaron por el exilio ante la persecución judicial, el diseño del proyecto no se detuvo. Es así como surgió el “Plan País”.
Ese programa de gobierno es hoy uno de los activos con que cuenta el Parlamento en el último año de la actual legislatura, y que le permitió consolidar en paralelo otro importante activo: La articulación con diversos sectores de la sociedad civil que participaron en su elaboración.
“El Plan País es hoy uno de los activos con que cuenta el Parlamento en el último año de la actual legislatura de Juan Guaidó”
El Plan consta de 106 medidas específicas que atienden las áreas de Ambiente, Servicios Públicos, Sector Agroalimentario, Sectores Productivos, Infraestructura, Transformación Institucional del Estado, Atención Social, Seguridad, Energía, Macroeconomía y Defensa.
En su diseño participaron profesionales y técnicos, representantes de trabajadores, empresarios, universidades, organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos, todos unidos por un objetivo común marcado por el Parlamento.
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Desde el 13 de enero de 2019, cuando Juan Guaidó fue capturado por efectivos del Sebin durante unos 45 minutos, la amenaza de su apresamiento se mantuvo todo el año. Pero ello no ocurrió, lo que parece indicar que para la administración de Maduro, e incluso para los más radicales dentro del bloque de poder, el costo político e internacional de capturar al diputado es muy elevado.
Sus cuentas bancarias fueron congeladas y más recientemente bloqueadas, se le despojó inconstitucionalmente de su inmunidad, se le inhabilitó para ejercer cargos públicos. Su personal de mayor confianza ha sido apresado (Roberto Marrero); desaforado y empujado al exilio (Sergio Vergara, Juan Andrés Mejía); y su equipo de protección (Erick Sánchez y Jason Parisi) fue apresado.
El TSJ le dictó prohibición de salida del país en enero y aun así Guaidó salió por tierra y volvió en febrero en un vuelo comercial por el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Si la reelección de Juan Guaidó como presidente de la AN y su ratificación como Presidente interino de la República se concretan, ese alto costo de represión en su contra, podría ser útil para mantener la visibilidad de la crisis política interna en la escena internacional y aumentar el peso político y capacidad de negociación de la Asamblea con Miraflores.
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Por último, la AN tiene como herramienta la consciencia de su rol en el proceso de transición política. Una muestra de esa certeza se dio el 17 de mayo de 2017, cuando en el fragor de las protestas de calle contra la ruptura del orden constitucional, el entonces presidente de la AN, Julio Borges, planteó la necesidad de iniciar la construcción de una transición política ordenada. El pleno creó entonces una Comisión Especial para la Transición.
“La academia local e internacional ha registrado más de 100 casos de transiciones políticas en el mundo, de las cuales el Parlamento puede tomar ejemplos de errores y aciertos para afinar su estrategia en el contexto venezolano”
Aunque la comisión sólo se reunió tres veces, según confirmaron tres de sus integrantes, y su único resultado inmediato fue la iniciativa de la convocatoria a la Consulta Popular del 16 de julio de 2017, de esos tres debates surgieron ideas que cristalizaron en 2019: El Estatuto para la Transición a la Democracia y la propuesta de justicia transicional.
Para avanzar en la anhelada transición, la AN, su nueva directiva, sus diputados y esa Comisión u otra que se llegara a nombrar para tal tarea, tienen a mano un extenso repertorio de procesos de transición política exitosos y fracasados alrededor del mundo en el siglo XX y lo que va del XXI; todos recogidos en una amplia bibliografía, estudios, análisis comparativos y experiencias muchas veces contadas por sus propios protagonistas, quienes explican cómo, por qué y cuándo ocurrieron procesos de transición en el mundo moderno.
Venezuela por ejemplo, ha pasado por tres transiciones políticas en los últimos 80 años: En 1936, 1958 y 1999. Pero la academia local e internacional ha registrado más de 100 casos de transiciones políticas en el mundo en los últimos 100 años, de las cuales el Parlamento puede tomar ejemplos de errores y aciertos para afinar su estrategia en el contexto venezolano.