En la aldea
18 abril 2024

¿Qué es el derecho a la educación y cuál es el rol de los ciudadanos al respecto?

Como ciudadanos nos corresponde exigir que la educación que se establece como obligatoria tenga sentido, pertinencia y calidad en Venezuela, además que sea accesible a todos. Es decir, es nuestra responsabilidad social y ciudadana evitar que exista una educación obligatoria sin calidad y sin sentido en Venezuela. ¿Estás haciendo algo al respecto?

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Olga Ramos | 08 enero 2020

Cuando me propusieron escribir por este medio, pensé hacer una serie de notas sobre la incorporación de las TICs en la educación básica, más allá de las escuelas, pero dada la situación que estamos viviendo en Venezuela y que desde hace poco tiempo es que, en nuestro país, se está manejando el enfoque de derechos para valorar aciertos y errores en la política educativa, decidí comenzar con unas notas con esta orientación.

El enfoque centrado en los Derechos Humanos, comienza a desarrollarse en el mundo hace 71 años, derivado de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948.

En esa Declaración, el derecho a la educación es establecido y caracterizado en el artículo 26. Pero, antes de entrar en detalles sobre lo que allí se establece y sobre todos los instrumentos que posteriormente desarrollan este derecho, así como sobre las responsabilidades que de ellos se derivan, creo propicio comenzar por un tema que poco se discute o menciona en Venezuela: La obligatoriedad de la educación.

Venezuela es uno de los pocos países del mundo que ha declarado como obligatoria toda la educación básica. De hecho, lo que en el artículo 26 de la Declaración Universal se denomina “la instrucción elemental”, que es lo que en ese instrumento se establece como obligatorio; la Constitución vigente, en su artículo 103, lo interpreta y asume como la educación -básica-, “en todos sus niveles, desde el maternal hasta el nivel medio diversificado”. Es decir, los habitantes de este país tenemos la obligación de formarnos desde los primeros pasos, hasta alcanzar el título de bachiller de la República.

¿Qué significa eso, en términos generales?

En primer lugar, significa que los ciudadanos en Venezuela tenemos la aspiración a compartir una parte importante de nuestra formación en la vida, a formarnos con los mismos propósitos y alcanzar, con sus matices, también las mismas características, competencias y habilidades. Es tal la magnitud de nuestra aspiración como sociedad, que lo establecemos como norma en nuestro acuerdo más importante que es la Constitución Nacional.

En ella, en los tratados internacionales y en las leyes derivadas, se establecen una serie de características que debe tener la educación, pero, en términos generales la pauta básica es que la educación que se desarrolle en los niveles obligatorios debe tener sentido para la sociedad como tal, y para cada ciudadano; por tanto, debe ser pertinente y de calidad. Si no es así, si lo que pasa en la educación obligatoria no tiene sentido para el país y para cada persona como sociedad, estamos obligando a todos sus habitantes a perder su tiempo y a embargar su presente y su futuro con una exigencia que, en lugar de beneficiar y garantizar su desarrollo pleno, que es uno de los propósitos centrales que establece el derecho a la educación, los está condenando a limitaciones y fracasos.

“Como ciudadanos nos corresponde exigir que la educación que se establece como obligatoria tenga sentido, pertinencia y calidad en Venezuela, y sea accesible a todos”

¿Estamos conscientes de ello?, ¿como ciudadanos entendemos la responsabilidad que implica obligar a todas las personas a formarse durante todo ese tiempo si como sociedad no somos capaces de garantizar que la educación sea pertinente, de calidad y que garantice el desarrollo pleno de cada quien?

Ahora, ¿a quién corresponde garantizar que la educación tenga sentido y condiciones para lograr lo que se aspira?

También está establecido en todas las normas, nacionales e internacionales, y esta es la segunda implicación que se deriva de la naturaleza de la obligatoriedad, que el país, específicamente el Estado, en todos sus ámbitos y niveles es titular de las obligaciones que permiten el ejercicio y la realización del derecho a la educación; por tanto, debe garantizar las condiciones y recursos para que todas las personas, sin ningún tipo de discriminación, tengan la posibilidad de cumplir con su obligación.

Es decir, en el enfoque de derechos, al Estado le corresponde cumplir con la obligación de garantizarlo para todos los ciudadanos y nuestras normas no lo desconocen, de hecho, en el mismo artículo 103 de la Constitución se establece que: “El Estado creará y sostendrá instituciones y servicios suficientemente dotados para asegurar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo”.

Y, al margen de la propaganda oficial, ¿existen en Venezuela las condiciones que garanticen el ejercicio de dicha obligación por parte de todos sus habitantes, residan donde residan? Obviamente la respuesta es no, ni por la existencia de escuelas, ni porque en ellas se garanticen las condiciones óptimas para su funcionamiento; pero tampoco porque lo que sucede en las escuelas existentes no se puede denominar “educación de calidad”.

Pero hay un punto más que no podemos dejar pasar, es lo que sucede con el derecho a la educación en Venezuela, en el marco de esta nota, y es ¿qué estamos haciendo y debemos hacer los ciudadanos al respecto?

En el enfoque de derechos, así como el Estado es titular de obligaciones, todas las personas en su condición individual de ciudadanos, pero también las familias y las organizaciones sociales, somos titulares de responsabilidades; es decir que más allá de la obligación de respetar los derechos de los otros ciudadanos, se traduce en velar porque el Estado garantice el derecho a la educación para todos, exigir su cumplimiento y justicia en caso de que existan violaciones o incumplimiento. También exigir tanto que el Estado rinda cuentas sobre sus obligaciones y su desempeño en la garantía de este derecho, como que se hagan los ajustes de las políticas y presupuestos destinados a la realización del derecho.

Esto, entre otras cosas y en el marco de esta nota, significa que como ciudadanos nos corresponde exigir que la educación que se establece como obligatoria tenga sentido, pertinencia y calidad en Venezuela, y sea accesible a todos. Es decir, es nuestra responsabilidad social y ciudadana evitar que exista una educación obligatoria sin calidad y sin sentido en Venezuela. ¿Estás haciendo algo al respecto?

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