Para Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), “el aumento del gasto público es esencial para lograr la cobertura universal de salud. La financiación en salud no es un costo, sino una inversión en reducir la pobreza, el desempleo, aumentar la productividad, el crecimiento económico inclusivo y crear sociedades más sanas, seguras y justas”.
Ese es el debate en el ámbito global. Pero se trata de algo que luce distante para los países con pocos ingresos o empobrecidos, el conjunto de naciones donde se ha colocado hoy Venezuela.
No hay que olvidar que la OMS recomienda que la inversión en salud se ubique en 6% del PIB. Los datos del Banco Mundial indican que en 2009 en Venezuela el gasto en salud se ubicó en 6,9% del PIB, mientras que para el 2016 se había desplomado a 3,2%.
Según el Reporte Nacional: Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela, presentado por varias ONG, ese gasto en 2018 llegaba a 1,5% del PIB. Se trató de un aporte de 75% inferior al estándar mundial y el más bajo y regresivo de América Latina y el Caribe en las últimas décadas, como detalló el informe.
Además, la opacidad ha marcado la pauta en el manejo de los recursos públicos destinados al sector salud, según los datos suministrados por la ONG Transparencia Venezuela, mientras hubo estadísticas que analizar.
Las excusas
Desde las filas de la administración de Nicolás Maduro los problemas son responsabilidad de otros, como es el caso de las “sanciones internacionales”, aun cuando el declive en el sector salud ya era alarmante antes de que se aplicaran tales medidas en contra del régimen.
“Donald Trump, eres tú el responsable de una de las medidas más criminales que contra un pueblo en el mundo, perseguir las medicinas, para después de decir que están dispuestos a enviar ayudas humanitarias”, argumentó a inicios de 2019 el propio Maduro, cuando rechazaba la ayuda humanitaria internacional asegurando que en Venezuela no había crisis alguna.
“De 2014 a 2017 ‘aproximadamente 20% de la población perdió cobertura de seguros de salud. La población no cubierta pasó de 50% a 70%’”
Marino González, médico, especialista en políticas públicas de salud, profesor de la UCAB
Según Carlos Alvarado, actual ministro de Salud, en los últimos cuatro años se retiraron del país más de la mitad de los laboratorios farmacéuticos “producto de las sanciones que también iban contra ellos”. En tales declaraciones olvidó señalar que durante el primer gobierno de Maduro el Estado llegó a acumular unos 5.000 millones de dólares en deudas con los laboratorios, lo que terminó forzando la salida de muchos del mercado venezolano antes de las sanciones, que iniciaron en 2017.
Más recientemente la administración de Maduro ha accedido a recibir ayuda humanitaria y firmó un acuerdo de cooperación con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Pero no por ello ha dejado de recurrir a las excusas para encubrir las fallas y la crisis.
En enero pasado, en la presentación de su Memoria y Cuenta de 2019 ante la Asamblea Nacional Constituyente, Nicolás Maduro aseguró que “el imperio y sus aliados han pretendido y pretenden destruir el Sistema Público Nacional de Salud (…) Qué no hemos hecho para mantener la dotación de medicamentos, milagros”.
Las mejoras, según prometió, están en puertas. “Espero dar buenas noticias en los próximos informes de Memoria y Cuenta en enero de 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 con el mandato que el pueblo me dio”.
Cifras que son rostros
Mientras el deterioro se acentúa y las soluciones no se concretan, son vidas humanas las que están en juego.
Belkys murió el lunes 17 de febrero de 2020. Seis años en diálisis sellaron un destino de padecimientos que su familia no pudo detener, ni siquiera haciendo uso de todos sus recursos económicos, tras vender varios activos, y recopilar toda la ayuda a la que podían acceder. El jueves 13 comenzó a colapsar y entre sus ocho hermanos gastaron 8.000 dólares en insumos, consultas, tratamientos y hospitalización en sus últimos días de lucha por sobrevivir. El monto supera más de un año y medio de salario mínimo en Venezuela.
La cifra sirve de referencia como erogación promedio ante una emergencia de salud en Venezuela, un país en el que para 2017, según la OMS, se estimaba que 63% de todo lo que se gastaba en salud proviene del bolsillo familiar, aunque la falta de indicadores dificulta hacer cálculos más exactos.
Marino González, médico, especialista en políticas públicas de salud, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y quien fuera miembro del equipo responsable de elaborar la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Población Venezolana (Encovi), expresa que probablemente sea uno de los “porcentajes más altos de población desprotegida de la región”.
“La financiación en salud no es un costo, sino una inversión en reducir la pobreza, el desempleo, aumentar la productividad, el crecimiento económico inclusivo y crear sociedades más sanas, seguras y justas”
Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS
Solange Yánez, una de las hermanas de Belkys, recuerda que tuvieron que recurrir a los bomberos para sacarla de la casa porque no había ambulancias disponibles y la falta de atención primaria en el centro del Seguro Social donde la dializaban; que los obligó a aventurarse a las clínicas privadas, aunque no tenían cobertura de seguro médico. En una de ellas, la Policlínica Metropolitana en Caracas, debieron pagar 1.000 dólares por ingresarla y 2.000 dólares por cada diálisis.
De 2014 a 2017 “aproximadamente 20% de la población perdió cobertura de seguros de salud. La población no cubierta pasó de 50% a 70%”, explica González.
Otro caso emblemático es el de la madre de Mario Uzcátegui, quien padece desde hace nueve meses a causa de una obstrucción en las vías biliares y la vesícula recrecida. La falta de un diagnóstico preciso los ha hecho dar tumbos entre centros de salud pública y especialistas, pues no cuentan con un seguro médico, ni recursos suficientes para optar por el sistema privado.
Entre las dificultades más importantes que han debido atravesar están la realización de un ultrasonido endoscópico por el que casi deben pagar 450 dólares en el Centro Médico Docente La Trinidad, que es una institución privada; pues en el Hospital Clínico Universitario, uno de los principales de la capital venezolana, no contaban con el desinfectante especial para limpiar el aparato. “Lo tuvimos que comprar y, por suerte, mis hermanos lo ubicaron en un costo de 8 dólares en un establecimiento de Caracas”, cuenta Mario.
También ha debido pagar todos los exámenes de laboratorio y otros estudios especiales, así como un procedimiento denominado C-pre, que debieron ejecutarle a su madre en dos ocasiones. “Para el C-pre tuvimos que comprar la cánula que se colocaría en la vía biliar, que nos costó en su momento 160 dólares. Se requería de otro estudio que le mandaron: Tomografía computarizada con contraste que pudimos hacer en el Hospital Domingo Luciani. El contraste lo conseguimos por medio de donaciones porque en el mercado lo vendían en 70 dólares cada frasco”.
Marino González precisa que a la falta de inversión nacional en materia de salud se suma la crisis hiperinflacionaria que atraviesa Venezuela desde 2017, país que está entre los 10 del mundo con mayor desprotección en salud para su ciudadanía.
Conozca más sobre la crisis en salud que afecta al país este viernes 06 de marzo…