Coronavirus, la otra amenaza para los presos políticos en Venezuela

A Sandra Hernández la cuarentena la agarró lejos de casa y de sus hijos de 12 y 8 años. El miércoles 11 de marzo de 2020 salió del Distrito Capital en cola, sin dinero y desesperada porque a su esposo, el sargento mayor de tercera, Luis Bandres, lo trasladaron sin orden de un tribunal a la cárcel de La Pica en el estado Monagas. Ella desconocía su paradero desde el viernes 6 de marzo, cuando al visitarlo en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde en Los Teques, estado Miranda, le notificaron que no estaba en el lugar. Cuatro días después, a las 6:37pm, Bandres la llamó desde la dirección del Departamento de Procesados Militares en el oriente del país para decirle que estaba bien y que lo habían sacado de madrugada, esposado y encapuchado porque, según le indicaron, “tenía que ir a una reunión”. Desde entonces no ha sabido más de él.

Después de 18 horas de viaje, Sandra logró llegar al estado Anzoátegui. Se quedó en casa de unos familiares y al día siguiente salió en transporte público para Monagas. Tardó cuatro horas en la vía porque en todas las alcabalas los detenían e interrogaban.

El 13 de marzo, mientras el país conocía los dos primeros casos confirmados de Covid-19, ella estaba en la entrada de la cárcel de La Pica preguntando por su esposo, pero le dijeron que un decreto presidencial prohibía las visitas. Insistió durante tres días. No tuvo éxito. Ya tiene un mes sin ver al sargento mayor de tercera, Luis Bandres, quien está detenido desde el 21 de enero de 2019 por liderar la sublevación del Comando Escuadrón Montado de San José de Cotiza, en Caracas.

“Lo peor del caso es que a mi esposo se le han perdido algunos insumos. El día sábado, 14 de marzo, le llevé la comida y el kit de limpieza para que pudiera tomar las medidas de higiene dentro de su celda. Al día siguiente fui a buscar los bolsos y los custodios me dijeron que el kit de limpieza se había perdido porque justamente el bolso donde lo envié no apareció y mi esposo no lo tenía”, contó Hernández.

La cuarentena, la falta de efectivo y de gasolina en el país complican el traslado hasta La Pica. El fin de semana siguiente Sandra no pudo regresar a la cárcel porque no hubo transporte. El sábado 28 de marzo lo logró, pero tuvo que pagar 1.400.000 bolívares (5,6 salarios mínimos) para ir de Anzoátegui a Maturín. La casa donde se queda en Monagas queda a una hora del centro de reclusión y cada fin de semana debe utilizar dos camionetas para poder llegar. Ahora no tiene cómo regresar a Anzoátegui porque cerraron la terminal terrestre.

En sus visitas a La Pica, Sandra Hernández detalló que la mayoría de los custodios no cumplen con las medidas de prevención e higiene para protegerse del coronavirus. Eso le preocupa a ella y a los familiares de los 328 presos políticos que al 30 de marzo de 2020 registra el Foro Penal en todo el país. Temen que por un solo contagiado en los penales peligre la vida de todos.

Desde que se confirmaron los casos de coronavirus en Venezuela los familiares de los presos políticos, los abogados defensores, los diputados de la Asamblea Nacional y representantes de ONG de Derechos Humanos han emprendido una campaña para solicitar que se otorguen medidas humanitarias para la liberación inmediata.

“Los centros de reclusión no están en condiciones para afrontar esta epidemia. La falta de suministro de agua hace que la higiene de los presos políticos sea precaria, el hacinamiento en el que se encuentran, donde hay hasta 4 personas en una celda 2×2, la falta de gas la cual hace que no puedan cocinar bien sus alimentos, sin mencionar que todos tienen sus defensas bajas por la mala alimentación, por el encierro, por la falta de sol, ya que muchos de ellos tienen meses sin ver la luz del sol, todas estas deplorables condiciones ponen en riesgo mortal la vida de los presos políticos”, señalaron en un comunicado.

Ana María Da Costa sabe muy bien cuánto peligra la salud de los detenidos en los centros de reclusión. Su hermano Vasco Da Costa tiene 60 años, es hipertenso, diabético y tuvo un carcinoma en el ojo izquierdo. Luego de varias exigencias, finalmente fue operado y recibió quimioterapia. Su más reciente ingreso en el Hospital Militar de Caracas fue el 7 de octubre de 2019, debido a una celulitis severa en la pierna izquierda por la mordedura de una rata en la celda de castigo de la cárcel militar de Ramo Verde.

Aunque le dieron de alta médica el 20 de noviembre de 2019, no regresó al penal porque desde el 17 de octubre de ese mismo año tiene una orden de libertad. “Quieren que Vasco se vaya del país y no lo llevan a un penal porque tiene una salud precaria, a pesar de estar de alta, y él no aguantaría las condiciones de insalubridad y de falta de higiene que hay en la cárcel de Ramo Verde. Por eso lo tienen en el Área de Procesados Militares del Hospital Militar, para que no se vuelva a enfermar. Pero Vasco no se va a ir del país porque él dice que el destierro no existe, que si le dan la libertad, él se viene para su casa. Dice que solo se iría del país si cumplen una serie de condiciones que él les puso y le dan la libertad a toda su causa (los detenidos por la operación Gedeón II). De lo contrario, voluntariamente, él no se va a ir para ninguna parte”, comentó.

La distancia entre la casa de Ana María Da Costa en El Paraíso y el Hospital Militar en San Martín son 5 cuadras y un puente. Llegar hasta allá en carro toma 5 minutos. Sin embargo, desde que se impuso la cuarentena las alcabalas le impiden pasar al centro de salud por el camino corto y la obligan a tomar todos los días una ruta alterna en la que debe invertir entre 20 y 25 minutos. La última vez contó en el trayecto 8 puntos de control. Si sale después del mediodía, todo es más difícil.

Cuando por fin logra llegar a la zona, se queda a varias cuadras del Hospital Militar para evitar que la descubran entregándole a otra persona la comida caliente, ropa y medicinas que necesita su hermano porque a ella le prohibieron el ingreso desde hace un mes.

“Cuando comenzó esta crisis del coronavirus, el coronel Viloria, jefe de Seguridad del Hospital Militar, me agarró un día, me quitó el pase que me dieron en el área de Procesados Militares para poder entrar y salir y me dijo que Vasco no necesita apoyo familiar, que yo no vuelva porque no voy a entrar. Yo fui a ver tres veces al mayor general Kevin Cabrera, que es el Inspector General de la FANB, metí dos escritos y nunca me contestaron nada. Dije que mi hermano tiene derecho a apoyo familiar, estando en el área de Procesados Militares del Hospital Militar y me lo están impidiendo. He ido a la Inspectoría General de la Fuerza Armada, nadie me da respuesta. Lo único que consigo es un coronel en la puerta de un hospital que me dice que a pesar de que mi hermano está preso allí, yo no lo puedo ayudar”, denunció.

Ana María Da Costa comentó con preocupación que mientras su hermano es víctima de estas irregularidades, otros presos políticos que permanecen en Ramo Verde son objeto de vejaciones, robos e incluso torturas durante la cuarentena.

“El 23 de marzo, a las 9:00pm vino un comando de 150 personas de la Dgcim y entraron a la cárcel militar, fusil en mano, sin tapaboca ni nada, robaron, torturaron. ¿No dejan entrar a los familiares porque es peligroso por el coronavirus, pero entra una tropa de tipos al penal a robar lo que los familiares le llevan a los presos y encima los torturan? ¡Es inaudito! Hubo gente que les llevó comida a sus familiares para 20 días por el coronavirus y ahora tuvieron que volver a hacer las compras y llevarle de nuevo todo con la dificultad que hay, y sin la seguridad de que en una semana no pase lo mismo. Si se está de cuarentena, se está de cuarentena. Nadie entra y nadie sale, pero aquí todo lo que sea beneficioso para el preso no se hace y lo que es malo para él sí”, relató.

Ante este panorama, la hermana de Vasco Da Costa lucha porque se otorguen medidas humanitarias a los presos políticos en Venezuela. Es una de las más consecuentes en difundir las acciones que se realizan, tanto en redes sociales como en persona, por la libertad de todos los recluidos en al menos 15 centros de todo el país: Sebin Helicoide y Plaza Venezuela; Ramo Verde; FAES La Quebradita y Caricuao; La Pica; Tocuyito; Hospital Militar; Dgcim; Fuerte Tiuna; Policía Militar; Santa Ana; 26 de Julio; INOF y Sebin Bolívar.

“Ellos están en lugares infectos, hacinados, con poca comida, con ninguna medicina y ahora con este problema de que no se puede acceder a los lugares de reclusión, pues todas estas condiciones se agravan. Una persona que entre infectada en ese lugar con coronavirus y contagie a un preso, puede contagiar a todo el penal. Ellos son inocentes, están en condiciones infrahumanas, son vulnerables y no se están respetando las medidas del cordón sanitario”, afirmó.

El silencio por respuesta

El 13 de marzo, el abogado Joel García solicitó una medida cautelar sustitutiva de libertad para el diputado de la Asamblea Nacional, Juan Requesens, debido al riesgo que corre por la posible contaminación con el coronavirus por las precarias condiciones de las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de El Helicoide. Dos semanas antes, había pedido por escrito y de forma oral en la audiencia que se le hiciera un chequeo médico en la sede del organismo de Plaza Venezuela por una infección respiratoria. Ahora el requerimiento es urgente.

En el caso del abogado Roberto Marrero, García señaló que es un asmático crónico y eso lo convierte en una persona vulnerable en medio de esta pandemia. Debido a que la juez que llevaba el caso fue destituida el 20 de diciembre de 2019 y aún no se ha nombrado uno nuevo, se solicitó mediante una acción de amparo ante una corte de apelaciones que se pronuncie al respecto y se dicte una medida cautelar sustitutiva de libertad.

Hasta ahora no hay respuesta a estas dos solicitudes, ni a otra en favor de Juan José Márquez, tío del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reconocido como Presidente interino por casi 60 países.

“Los tribunales están en la obligación de dar respuesta a las solicitudes que le hagan las partes. No tenemos respuesta. Ellos van a alegar este estado de alarma que es una condición especialísima, fortuita, pero la responsabilidad siempre va a ser del Estado porque el artículo 43 que tutela el derecho a la vida establece que las personas que están privadas de libertad y prestan servicio militar, la salud y vida de ellos, son su responsabilidad”, advirtió el abogado.

El pasado 25 de marzo, Michel Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hizo un llamado a los gobiernos del mundo para que actúen de manera urgente por la protección de la salud y seguridad de las personas detenidas.

“Las autoridades deberían examinar caminos para liberar a aquellos que son particularmente vulnerables al Covid-19, como los reos enfermos y los mayores. Para reducir drásticamente la población de las prisiones y que el distanciamiento físico sea posible se debería también considerar la liberación de los presos poco peligrosos. Algunos países ya han empezado a hacerlo. Ahora más que nunca los gobiernos deberían liberar a todas y cada una de las personas que están encarceladas sin suficiente base legal, incluyendo prisioneros políticos y otros detenidos por haber expresado opiniones críticas o disidentes”, señaló en el video.

El abogado Joel García destacó que esta petición de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas debería ser acatada y aplicada no solamente para aquellos detenidos que tengan alguna enfermedad, condición grave o estén en riesgo de padecer la pandemia, sino para todos los presos políticos.

Para Sandra Hernández el llamado de atención por parte de Bachelet está bien, pero no es contundente. Considera necesario fijar una fecha para la liberación de todos tanto civiles como militares, porque no han cometido delito alguno.

“Si no les brindan la atención médica con patologías que están dentro de los parámetros normales, que la mayoría agudizaron a través de las torturas, mucho menos van a atenderlos en caso de un contagio que por el hacinamiento sería un brote fatal. Para mí es importante que se otorgue una medida humanitaria ya que todo nuestro círculo familiar está en riesgo. Mi esposo está en una condición infrahumana, ni siquiera hay unidades para transportarlos a un centro de salud. Pienso que pudiera ser torturado, asesinado y desaparecido y nadie daría información y pondrían como excusa que murió por coronavirus, aunque sea falso. Yo no he podido cumplir una cuarentena porque debo salir a comprar sus cosas, trasladarme en varios transportes públicos y luego ir al centro de reclusión. Con la medida humanitaria estaríamos en casa resguardados”, manifestó.

La única información que Sandra tiene hasta el momento sobre su esposo, el sargento mayor de tercera Luis Bandres, es la poca que le ofrecen los custodios. Algunos le dicen “todo está bien” y otros que él está en una celda de castigo conocida como “tigrito” y ha sido víctima de nuevas torturas. No sabe qué creer, por eso regresa a La Pica cada fin de semana, en medio de la cuarentena, con la esperanza de verlo aunque sea de lejos.