“Vamos a aplicar todas las sanciones, el máximo de sanciones que se pueda para aquellos que reciben financiamiento de Estados Unidos para conspirar contra la patria”. Con estas palabras Diosdado Cabello anunció en febrero pasado una nueva arremetida contra los defensores y organizaciones venezolanas de Derechos Humanos, la cual sería liderada por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente que preside y la cual revisaría las leyes para complicar aún más la posibilidad de que las agrupaciones civiles puedan recibir fondos extranjeros para sus labores.
El anuncio de Cabello revela que el acompañamiento a las personas que han perdido un familiar en una ejecución extrajudicial, denunciar las condiciones de hacinamiento en las que sobreviven los presos, la falta de independencia judicial o la carencia de insumos en los hospitales e intentar que esta situación es un trabajo de alto riesgo y no exento de consecuencias; y así dejó en claro el informeVenezuela: “Enemigos internos. La defensa de los Derechos Humanos bajo ataque”, en el cual se denuncia que entre 2018 y 2019 ocurrieron en el país 121 ataques contra activistas pro garantías fundamentales.
“De forma transversal se ha hostigado y perseguido a actores que realizan labores humanitarias o denuncias en relación con la crisis sanitaria y de salud, entre estos, profesionales de la medicina, enfermería, farmacología y nutrición”
En el reporte, de 85 páginas que elaboraron la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), la Vicaría Apostólica de Derechos Humanos de Caracas, el Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos de 1989 (Cofavic) y el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), se señala al Estado como el gran responsable de las amenazas y agresiones que sufren quienes buscan defender los derechos fundamentales de los venezolanos, “ya sea mediante sus herramientas de comunicación como el portal Misión Verdad, que registra 31% de los ataques documentados, o el programa de televisión “Con el Mazo Dando”, que registra 29% de los ataques totales, o por medio de los cuerpos de seguridad, que abarcan 14%”.
¿Quiénes y cómo?
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), el Foro Penal y el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) y sus integrantes fueron los principales blancos de los ataques, de acuerdo con el reporte, en el cual se informa que las campañas de estigmatización o difamación, así como los actos de hostigamiento e intimidación fueron las acciones más empleadas contra los activistas.
Sin embargo, en el texto también se advierte que el repertorio de acciones contra los defensores se está ampliando, así como los objetivos. “Las agresiones a personas defensoras se han extendido. De forma transversal se ha hostigado y perseguido a actores que realizan labores humanitarias o denuncias en relación con la crisis sanitaria y de salud, entre estos, profesionales de la medicina, enfermería, farmacología y nutrición; se practican allanamientos, detenciones arbitrarias y despidos injustificados de los centros de salud pública en los que estas personas hacen vida. Igualmente, líderes sindicales y líderes de comunidades organizadas alrededor de derechos laborales han denunciado actos de intimidación y represalias por su trabajo de denuncia y exigencia de derechos de las personas trabajadoras”, se lee en el documento, donde se deja en claro que los miembros de organizaciones especializadas a la promoción de los Derechos Humanos ya no son los únicos en riesgo.
“El TSJ ha dictado a lo largo de los últimos años varios fallos cuestionado también que las organizaciones de la sociedad civil puedan recibir financiamiento extranjero, y las notarías ponen obstáculo para el registro de nuevas agrupaciones”
¿Por qué de esto? El informe lo atribuye a que la agudización de la crisis y de la represión por parte de la administración de Nicolás Maduro, ha provocado que muchas personas se hayan convertido de manera sobrevenida en defensores.
“No ha sido su elección forjar una trayectoria relacionada con la documentación, exigencia y promoción de Derechos Humanos ni tampoco planificaron o pretendieron diseñar un proyecto de creación de organizaciones de defensa de Derechos Humanos. Por el contrario, han forjado tal trayectoria luego de haber sido víctimas, tener familiares que fueron víctimas de abusos de sus derechos humanos, o habiendo sido testigos de la profunda afectación de los Derechos Humanos en las comunidades en las que se desenvuelven y hacen vida. En numerosos casos, ha sido la exigencia de derechos económicos y sociales básicos en el contexto de la crisis humanitaria lo que ha llevado al surgimiento de personas defensoras sobrevenidas que se han movilizado para defender tanto su dignidad y sus derechos como las de otros pertenecientes a sus comunidades”, se lee en el reporte, en el cual se pone como ejemplo el caso de la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras, cuyas denuncias sobre la crisis hospitalaria la han convertido en una activista y también en un blanco de la represión.
Un futuro nada alentador
Pero como si lo anterior no fuera suficientemente alarmante, en el Informe se denuncia que la primera vulnerabilidad que tienen los activistas y organizaciones es el marco legal, el cual por cierto podría ser endurecido en las próximas semanas de cumplirse las amenazas de Cabello.
En 2012 ya se aprobó la Ley de Defensa de la Soberanía Política y de la Autodeterminación, la cual castiga a las agrupaciones civiles que reciban fondos del exterior y permite expulsar a los extranjeros que realicen declaraciones que se puedan interpretar como una “intromisión en los asuntos internos” del país. Asimismo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha dictado a lo largo de los últimos años varios fallos cuestionado también que las organizaciones de la sociedad civil puedan recibir financiamiento extranjero, y las notarías ponen obstáculo para el registro de nuevas agrupaciones.
Para los autores del estudio las acciones del Gobierno chavista dejan en claro que “las organizaciones no gubernamentales, líderes sociales, líderes indígenas, actores humanitarios, periodistas, investigadores y, en general, personas defensoras que denuncian las condiciones de precariedad y emergencia humanitaria han sido calificados como una amenaza y a las personas que exigen, defienden y promueven Derechos Humanos como enemigas que deben ser neutralizadas”.
La impunidad reinante en el país de paso favorece los ataques y hostigamientos contra los activistas. Ninguno de los 121 casos registrados en el Informe fue sancionado. Esto, pese a que quien ocupa en la actualidad el despacho del Fiscal General de la República (Tarek William Saab) se autodenomina como un “defensor de los Derechos Humanos”.
El clima hostil en el que desarrollan sus labores los defensores en el país ha alarmado a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.