Está al frente de varias responsabilidades clave en la coyuntura actual venezolana. Por una parte, como comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, David Smolansky debe hacer gestiones permanentes para lograr las mejores condiciones posibles para esa masa de connacionales desplazados del país por la crisis y que ahora, en medio de la pandemia del Covid-19, enfrentan expresiones xenofóbicas y restricciones en sus derechos. Por la otra, como miembro de la recién designada Comisión Especial para Asuntos de Seguridad e Inteligencia, debe construir unas líneas de trabajo cruciales en momentos cuando el régimen de Nicolás Maduro está en el ojo del huracán por las investigaciones de narcotráfico adelantadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
-¿En qué consiste la Comisión Especial para Asuntos de Seguridad e Inteligencia?, ¿cómo se designó y cuál es su responsabilidad allí?
-Es una comisión especial designada por el presidente interino Juan Guaidó, que integramos el diputado Carlos Paparoni, que es el comisionado para la inteligencia financiera y el crimen organizado; el comisario Iván Simonovis y yo, que funjo como asesor especial en Seguridad, Defensa y Migración. Entre nuestros objetivos principales está que el Gobierno interino de Venezuela pueda retomar la cooperación con la DEA (Administración para el Control de Drogas) y con otras agencias de inteligencia a nivel internacional, para integrar esfuerzos que vayan en función del desmantelamiento del Estado criminal que existe en nuestro país.
-¿Cuál será el alcance de esta Comisión?
-Esta Comisión va con el objetivo de profundizar la cooperación con los entes antes mencionados. Es bueno resaltar que hay mucha información sensible que, por elementos estratégicos y de seguridad nacional, siempre será mejor mantener en privado. Si se hace un trabajo serio y con evidencias, se pueden lograr resultados de alto impacto a efectos de nuestro país y países vecinos. Buscamos que Venezuela deje de ser el santuario del crimen en la región.
-¿Por qué ha costado tanto que la región replique las medidas que ha aprobado Estados Unidos para combatir capitales sucios provenientes del régimen venezolano?
-Es importante resaltar que la mayoría de los países de América Latina y el Caribe reconocen a Juan Guaidó como Presidente interino, por eso existe el Grupo de Lima y tenemos un asiento en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos. Panamá ha implementado sanciones y Honduras se pronunció a favor de las acusaciones del Departamento de Justicia americano, porque es uno de los países más afectados por el narcotráfico proveniente de Venezuela. Sin embargo, se debe entender que la dictadura venezolana es un cartel sumamente peligroso, que atenta contra la estabilidad de toda la región.
-¿Esta Comisión va a trabajar conjuntamente con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y gobiernos regionales?
-Ya hay ese tipo de gestiones. Se han establecido relaciones por las misiones diplomáticas, parte de nuestro trabajo será fortalecerlas y donde no las haya, empezarlas a tener.
-En cuanto a su responsabilidad en la OEA con los migrantes venezolanos, ¿cuáles son los países donde más desprotegidos están nuestros connacionales?
-Creo que no hay que enfocarse en uno o dos países, aquí se necesita crear las bases para un consenso regional que brinde atención y protección a los migrantes y refugiados venezolanos a donde lleguen. Hemos propuesto desde la OEA que a nuestros ciudadanos se les dé el estatus de refugiados, amparándonos en la Declaración de Cartagenadel año 1984, creada en función de los millones de centroamericanos que huyeron de sus territorios por el conflicto armado.
-¿Considera que hay disposición de los Gobiernos de la región para este mecanismo que propone?
–Brasil está dando estatus de refugiados a los venezolanos, México, debo decir, que también; y la idea es que esto se pueda hacer en toda la región, porque al otorgarle esta condición, se les da su documentación y no deberían tener problemas de acceder a servicios ni a salud. Cada país ha generado su propio mecanismo: Colombia tiene el Permiso Especial de Permanencia; Perú tiene el Permiso Temporal de Permanencia; Chile tiene la Visa de Responsabilidad Democrática. Yo creo que debería buscarse un mecanismo de protección único o lo más uniforme posible.
-¿Cuál cree usted que es el reto más importante que enfrenta el Continente en cuanto a migración?
-El principal desafío que enfrenta la región, a parte de la asistencia humanitaria, es la documentación. Hoy son 5 millones de desplazadosvenezolanos, es la crisis de migrantes y refugiados más grande de la historia de América Latina y el Caribe, somos la población más desplazada del planeta sin haber padecido una catástrofe natural ni una guerra convencional; y al mismo tiempo somos la que menos apoyo financiero ha tenido. Urge que la comunidad internacional apoye mucho más a los países receptores para invertir en programas de salud, educación, albergues, apoyo psicológico, orientación jurídica y tantas otras necesidades.
-¿Cómo se podría frenar la crisis migratoria de venezolanos?
-Antes de la pandemia se estaban yendo 5.000 personas cada día de Venezuela. La única solución para que se frene esta migración forzosa es que caiga la dictadura de Nicolás Maduro. Los venezolanos que llegan a Colombia, Ecuador o Perú, lo hacen por necesidad, ningún ser humano camina cuatro mil kilómetros porque quiere.
-¿Qué opina sobre las expresiones de xenofobia que han ocurrido en varios países vecinos?
-Hay brotes de discriminación y xenofobia que se deben parar en seco, no podemos permitir que ese monstruo crezca. La responsabilidad no solo recae a nivel presidencial, sino también regional y local. Estamos viendo casos de venezolanos que son desalojados o que no les permiten el acceso a los hospitales. Quiero dejar claro que la salud es un derecho humano, tener un documento vencido o no tener documentación no puede ser impedimento para que alguien sea atendido médicamente, esté en el país que esté.
-Hay muchos países que ya tienen restricciones migratorias para los venezolanos.
-Lamentablemente desde el año pasado hasta acá países como Ecuador, Perú, Chile y República Dominicana han implementado visas a los venezolanos. A partir de este mes comenzó a correr la visa en Bonaire, Aruba y Curazao. Países en Centroamérica, como Guatemala o El Salvador están pidiendo visa. Eso no va a resolver el problema, al contrario, va a incentivar las entradas ilegales y la anarquía.
-¿A qué atribuye que haya cierta cantidad de venezolanos regresando al país?
-La mayoría de los venezolanos que han retornado se encontraban en Colombia. Nosotros hemos registrado aproximadamente mil personas. Es un retorno estrictamente voluntario y en su gran mayoría responde a la necesidad de estar con su familia, más en estos momentos donde hay una pandemia y no existe un sistema de salud medianamente estable en Venezuela. También hay algunos casos de personas que se quedaron sin trabajo y sin hogar porque fueron desalojados; pero como te digo, la principal razón es estar cerca de su familia.
-Hay denuncias de maltratos en la zona fronteriza del estado Táchira, por parte de las autoridades venezolanas, a ciudadanos que están retornando desde Colombia.
-Sí. Las autoridades colombianas han ayudado al traslado de los que están en Cúcuta con un corredor humanitario, pero al llegar a Táchira han sido seriamente maltratados. Los han tratado como ganado, los dejan tirados en el piso durmiendo, aglomerados, rompiendo cualquier tipo de protocolo ante la pandemia. Baños sucios y sin agua potable, no tienen hidratación ni alimentación constante. Además de eso, los guardias nacionales les están cobrando por todo. Algunos fueron amenazados por el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), cuando sacaron videos e imágenes de todo eso que estaba sucediendo. En una pandemia de este tipo si hay una población vulnerable es el migrante, y ahora con el trato que da la dictadura, mucho peor.