“El Gobierno ha aprendido de otros regímenes en cuanto a la administración del miedo”

El 13 de marzo, Nicolás Maduro anunció una decisión que trastocaría las vidas de todos los venezolanos.

En ese momento, el coronavirus era apenas una amenaza, pues todavía no se había admitido la existencia de ningún caso en el país. El gobernante, sin embargo, emitió un decreto de “alarma nacional” que vendría a restringir aún más las mermadas libertades ciudadanas. El pretexto era el resguardo de la salud de los venezolanos. Pero, en la medida en que pasan las semanas y se prolonga el Estado de Excepción, cobran forma las sospechas en cuanto a que el verdadero propósito de la medida no tiene que ver con las variables sanitarias.

En medio de la aparente pax, están ocurriendo cambios sustanciales en el ejercicio de la violencia. La institucional, que procede de los cuerpos estatales, y la otra, que se manifiesta de múltiples formas, desde una ola de denuncias sobre agresiones entre miembros de los núcleos familiares hasta las “fiestas de plomo” durante cinco noches consecutivas en los barrios de Petare.

Para el director del Observatorio Venezolano de Violencia, Roberto Briceño-León, los venezolanos están saliendo de una “primera fase”, contada a partir del edicto presidencial, que se caracterizó por el desconcierto sobre lo que estaba sucediendo, y que llevó a la mayoría de la población a asumir la cuarentena como unas “vacaciones forzadas”. Pero, cuando se agoten los recursos, las cosas podrían cambiar.

-¿Han descendido entonces los llamados delitos “marcadores”?

-Han descendido. En qué cosas pudiera tener uno dudas, en cuanto a los delitos de violencia doméstica. Pero ni siquiera en los primeros días. Había suficiente energía y fuerza para aguantar y responder. Los delitos marcadores, como los secuestros se reducen, los robos y los hurtos también. La gente no está en la calle, no se mueve. En cuanto a los homicidios, la primera impresión que tuvimos es que hubo una reducción. Todo el mundo está adaptándose a nuevas condiciones y circunstancias. Y desde el punto de vista del delincuente, viendo cómo se configura el terreno en medio de esa nueva situación que se da. Eso ocurre siempre.

-Esta pareciera una situación ideal para los gobiernos. La gente quieta en sus viviendas, baja el delito…

-Por eso, en muchos lugares pudimos ver un incremento de la violencia policial. Ese incremento va con tal avance. Pero en conjunto hay una tentación del poder en cuanto a tener una presencia y un control social y político más grande. Es lo que se ha intentado. Con la acción muy temprana del control del coronavirus, lo que el Gobierno buscaba era completar su Estado de Excepción. Cerrar el que teníamos con la emergencia económica, que procura una excepcionalidad en la regulación de la sociedad. Eso le ha permitido gobernar y hacer leyes y decidir si publica o no las cifras del Banco Central de Venezuela e ir a la Asamblea Nacional Constituyente. Pero eso no había llegado a la calle. Y sencillamente esto ahora le da la posibilidad de ejercer un toque de queda sin haberlo decretado por razones políticas. En el fondo, lo que está buscando es el control político de la población. Hubo un proceso de retención adelantada con la militarización del país.

-Usted habla de una militarización adelantada, pero en este lapso hemos visto a los colectivos bloqueando el 23 de Enero. Nadie sale ni entra. Y también está el caso de bandas criminales como la de Wilexis Acevedo en Petare. Eso escapa a la imagen de un país netamente militarizado como lo pudiéramos ver en otras partes.

-Lo de los colectivos es un control delegado. No es nuevo. Tiene años, los líderes de colectivos se reunían en el edificio del MRI. Hay un dominio delegado sobre estos grupos. Como lo hay en otros casos con los grupos de guerrillas y bandas de Aragua (…) Hay una delegación por el Gobierno. No es contradictoria. Justamente la permiten porque son brigadas de choque del Gobierno. Es lo que hacen en el 23 de Enero. En Aragua, las bolsas CLAP las reparten las mismas bandas, son las que deciden quién recibe los alimentos.

-¿Y en Petare?

-No es una situación muy clara. Pero una hipótesis es que Wilexis no apoyaba la represión ni el control político. Y desde 2019 amparaba y permitía la protesta social en su territorio. Lo que puede venir ahorita es una acción contra él, por su desapego o desobediencia con el poder político regional y local.

-¿Un niño terrible que se salió de control?

-Desde 2019 han intentado controlarlo, pero él tiene apoyo en la zona. ¿Quién le va a disputar el control a Wilexis?, ¿cuál sentido tiene esa disputa? Ahora, puede venir algo que han hecho muchas veces los cuerpos policiales: Avalan a un grupo para que se deshagan del otro. Experiencias de esto hay en México, con unos costos altísimos.

-¿En la segunda fase qué rasgos vendrán?

-Hay indicios de distintos tipos de violencia. La gente no tiene más recursos. Se agotan y debe salir a buscarlos, trabajar y buscar comida. Algo similar ocurrirá a las bandas. Se acabarán los recursos y tendrá que salir. Eso empieza a darse como delito confinado. Las primeras expresiones de violencia están confinadas a la violencia doméstica y a lo interno del barrio.

-¿Esto incluye un incremento en las violaciones sexuales, como sucedió luego del gran apagón de marzo de 2019?

-Muy posible. Violencias sexuales de todo orden, incluso a lo interno de las propias familias. Porque hay violencias de mucho tipo presentes. Para mí la presencia del hombre que no estaba nunca en la casa, como es el hombre venezolano, que no está en casa sino trabajando afuera o con amigos, de repente está en casa y eso genera conflictos en espacios pequeños. La mayoría de las viviendas pobres del país tiene dos ambientes y eso genera conflictividad. Pero es confinado, no puede ser abierto. Demasiada convivencia forzada, obligada, eso genera roces y agresiones sexuales también. Ahora, en un segundo momento vemos una variable, que las bandas empiezas a ubicar territorios, a las personas y el funcionamiento de los cuerpos policiales y militares. Pero hay una alta rotación de estos cuerpos. Y por eso les cuesta actuar. Requieren connivencia, entendimientos y negocios. El problema es que estos acuerdos en las ciudades no son en conjunto con los cuerpos policiales, sino con individuos asignados a trabajar en áreas determinadas. Mientras eso no esté claro, se les dificultará. Entonces, esto puede generar enfrentamientos y violencia más general.

-¿Cómo interpretar la actitud de los cuerpos policiales y de la Guardia Nacional en el caso de Petare, que hasta el momento han sido meros espectadores?

-De dos formas: Una, tienen miedo de entrar a un territorio que no conocen. Otra, que ellos quieren que eso ocurra y que agredan y le quiten el control a Wilexis. ¿De dónde sacan tantas municiones? Pudiera uno pensar que hay un interés en que logren la quiebra de Wilexis, y que eso tenga una motivación más allá de simplemente lograr un orden y entrar. Que ellos quieran impulsar lo que sería “un cambio de gobierno”, como dicen en el medio penitenciario.

-Diera la impresión de que se trata esencialmente de un acto de ostentación…

-Puede ser una defensa de terreno lejano. Pero si vamos a otra hipótesis, eso también es un elemento importante de distracción. Hablamos más de Wilexis que de Guanare.

-Porque los tiroteos de Wilexis han sido durante cinco días consecutivos, muy cerca de zonas generadoras de opinión, como son La Urbina y Terrazas del Ávila. Y eso no había sucedido antes. Lo de Guanare, con todo lo trágico que es, no ha sido la primera vez que ocurre en el país, y se trata de espacios confinados. La gente lo ve como algo lejano. ¿No cree?

-Ciertamente hemos tenido en el pasado eventos carcelarios. Pero hace un tiempo que no los teníamos en esta magnitud, y no teníamos una comisión de la Bachelet en el país ni el Gobierno en foco de atención de los Derechos Humanos. Los eventos de Guanare apuntan a que el problema es que los custodios robaban la comida a los presos. Hablamos de una situación llamativa, lo más cercano que recuerdo fue lo del retén en Valencia. Ahora, en lo de Petare, si hay un impacto es que la gente se asustará más y verá que está por un lado con el virus y por el otro amenazada por los bandidos. Genera más parálisis. ¿Qué quiere el Gobierno?Seguir sosteniendo el miedo, que le es funcional porque paraliza lo que puede venir que es la protesta por la gasolina y porque no hay comida. Si hay miedo, la gente se inhibe. Si hay ese tableteo, la gente pensará mejor si saldrá a protestar. Eso se repite en Mérida. ¿Cuál es el mensaje con el caso de Rafael Hernández? Que eso le puede pasar a los que protesten en un contexto de creciente descontento.

-¿En esta nueva fase de la “alarma nacional”, cómo será la correlación entre la violencia selectiva y la que es más generalizada?

-Esa violencia confinada puede transformarse en algo más generalizado y abierto. Puede generalizarse por el hambre de la población, la escasez de alimentos y de oferta de bienes. Habrá una acción más abierta de los grupos delictivos, porque les costará cobrar vacuna con negocios cerrados, y le dirán al comerciante que pague aún así. Y por el otro lado, habrá una violencia generalizada por parte del Gobierno. Esa represión el Gobierno la adelantó, con la excusa del coronavirus. No sé si tiene capacidad de respuesta, pero se está adelantando.

-Hasta ahora, diera la impresión de que ha sido bastante efectivo…

-Sin lugar a dudas. El Gobierno ha aprendido de otros regímenes en cuanto a la administración del miedo, y la forma sutil de mantener la amenaza más que la aplicación efectiva de la violencia. Se trabaja más con el miedo que con la ejecución, pero también lo hacen en casos puntuales. El joven de Mérida es una víctima puntual que forma parte de una expansión del miedo. Y donde no están los policías en la calle, están los colectivos. Tenemos una militarización ostensiva del paíspara controlar la protesta social. Quieren además que la gente se acostumbre a esta anormalidad precaria que tenemos hoy en día.

-¿Es previsible entonces una baja en la tasa de homicidios?

-Pudiera suceder bajo un control férreo por el Gobierno y los grupos delincuenciales. De alguna manera la primera década del siglo tuvo una paradoja en la que un presidente militar no actuaba militarmente, y en la segunda década hay un “presidente obrero” que ha militarizado todo el país.

Menores en riesgo

En todo el país, los menores de edad se han convertido en la cara y cruz de la violencia. Unas veces la ejercen, y en otras son el objetivo de la acción destructiva.

Un informe presentado en forma conjunta por el Observatorio Venezolano de  Violencia (OVV) y Cecodap indica que durante todos los días del año 2019 murieron de forma violenta por lo menos tres personas con edades inferiores a los 18 años. Para el 31 de diciembre, sumaban 1.120 víctimas.

Las cifras aportadas por el director del OVV revelan que ocurrieron en ese período por lo menos 425 homicidios de menores, e igualmente 539 casos de “averiguaciones-muerte”, en los que no se pudo establecer con precisión la causa del fallecimiento.

También fueron reportadas las muertes de 68 menores de edad como consecuencia de haberse opuesto a la acción de funcionarios policiales o militares, en lo que se conoce como “resistencia a la autoridad”. En otros 88 casos, se determinó que hubo suicidio.

Briceño-León observó que en los casos de “resistencia a la autoridad”, el 98% de los fallecidos eran adolescentes. En cambio, en las “averiguaciones-muerte”, el 84% de los fallecidos tuvo edades inferiores a los doce años.

Indicó que Miranda y Zulia son los estados con las tasas más elevadas de muertes violentas con víctimas menores a los 18 años de edad.

Según el coordinador general de Cecodap, Carlos Trapani, la normalización de la violencia ha sentado las condiciones para que se vean escenas como la patrulla de jóvenes fusileros en el barrio José Félix Ribas. “Hechos como el de Petare dan cuenta de una violencia normalizada, y de que las armas ya forman parte de la vida cotidiana de las comunidades”, afirmó.