Será el próximo 22 de junio cuando en tribunales ingleses se inicie el proceso para dirimir el destino de 31 toneladas de oro venezolano, que permanecen congeladas en el Banco de Inglaterra, de las que quiere disponer la administración de Nicolás Maduro y que el gobierno interino de Juan Guaidó intenta mantener en resguardo. Esta fecha en el proceso se estableció luego de una sesión preliminar celebrada este jueves 28 de mayo y que marcó el inicio en la contienda legal entre las partes.
“El 14 de mayo, frente a múltiples peticiones, después de varios meses ordenándole al Banco de Inglaterra el retorno de estos recursos a Venezuela, decidimos demandar al banco ante tribunales ingleses por la situación violatoria de banco internacional público”, señaló Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Nicolás Maduro, al dar detalles de lo que sería el proceso legal que el régimen venezolano emprendió para tomar el control del oro depositado en el Banco de Inglaterra.
Vanessa Neumann, embajadora del gobierno interino de Juan Guaidó ante el Reino Unido e Irlanda, comentó que fue precisamente esta acción del régimen de Maduro ante la Corte Comercial de la Alta Corte de Justicia la que llevó el caso a un nivel donde se debe determinar cuál es la parte que puede exigir el manejo de esos activos de Venezuela en el Banco de Inglaterra. Existe una directiva del Banco Central de Venezuela (BCV) que preside Calixto Ortega, designado por Maduro, y una que preside Ricardo Villasmil, designado por Guaidó.
Si bien es cierto que el Banco de Inglaterra es un ente técnicamente independiente del Gobierno de ese país, no está aislado de las políticas de Estado ni puede ir en contravía de algunos principios fundamentales para su nación. Además, según explicó Neumann, el tribunal estableció parámetros muy específicos para poder dirimir este primer punto para determinar cuál de las partes es la que en efecto representa a Venezuela.
Esto, a su juicio, es positivo, pues el proceso conducirá a la demostración de la legitimidad del Gobierno de Venezuela.
Verdades y mentiras
Frente a estos primeros pasos Neumann se manifiesta optimista. Inglaterra ha tenido una postura de reconocimiento al gobierno interno de Guaidó y, además, el proceso va haciendo posible que otros aspectos de interés queden a la vista de todos.
Uno de esos puntos es el uso de los recursos. Calixto Ortega le dijo a la agencia Reuters que el oro que está en el Banco de Inglaterra será manejado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para la compra directa de medicinas, alimentos y equipos médicos para enfrentar la pandemia del Covid-19. “Acordamos con el Programa de Naciones Unidas que recibieran ellos los fondos directamente”, garantizó Ortega.
Neumann sostiene que el proceso legal que se está desarrollando en Inglaterra sirve para poner en evidencia que no existe tal acuerdo, tampoco existe un plan para el manejo de los recursos ni hay una intención humanitaria en esto.
El manejo legal de parte del Gobierno interno lo lidera la Oficina del Procurador Especial, José Ignacio Hernández. Según esta instancia, el propio Banco de Inglaterra aclaró que el PNUD no tiene ningún acuerdo específico con el régimen de Maduro ni, además, tiene capacidad para administrar los recursos solicitados.
Además, señala la Oficina que ante la misma Corte se abrió espacio para resolver otro caso, pues el régimen de Maduro pretende apropiarse de unos 120 millones de dólares derivados de la terminación de un contrato de swap de oro.
Usos y alianzas
Otro aspecto llamativo que el proceso legal ha puesto en evidencia es el equipo legal que asiste al régimen de Maduro. Se trata de la oficina de abogados Zaiwalla & Co., que se especializa “en desafiar con éxito las sanciones internacionales impuestas a otros países”, tal como ellos mismos lo señalan en su página web. Rosneft, la petrolera rusa, es uno de sus clientes. También lo son empresas iraníes de varios sectores.
Sarosh Zaiwalla, socio principal de la firma, lidera el equipo de abogados que asiste a la administración de Maduro. En el sitio web de su bufete se refiere al caso e indica que el retraso del Banco de Inglaterra para atender las peticiones relacionadas con el manejo del oro ha obstaculizado los esfuerzos de Venezuela para combatir el brote viral. “El Banco de Inglaterra tiene un imperativo moral para permitir que Venezuela venda el oro del país para permitir que el PNUD ayude efectivamente a la población venezolana en la lucha contra Covid-19″, afirma el abogado en esa reseña.
El oro congelado en el Banco de Inglaterra equivale a unos1.000 millones de dólares, un monto clave para Venezuela, cuyos ingresos por exportaciones petroleras en todo 2020 se estiman en alrededor de 5.000 millones de dólares debido a la desinversión del sector, la merma productiva, el desplome de los precios del crudo y las sanciones internacionales.
Sin embargo, no pueden quedar de lado los manejos poco transparentes del oro por parte del régimen de Maduro, de los que no rinde cuentas de ningún tipo. A fines de abril la propia agencia Reuters reseñaba que al menos unas ocho toneladas de oro habían salido del BCV durante la cuarentena. “No está claro cuántas operaciones se efectuaron para trasladar las toneladas de oro en medio de la crisis del coronavirus, ni el destino que tuvieron los lingotes”.
Incluso Estados Unidos advirtió en el pasado sobre esto, pues existen indicios de que parte de los flujos de oro que salen del país se canalizan a países aliados como Turquía, pero otros se desvían hacia Irán como una forma de evadir sanciones y disponer de recursos de forma soterrada.
Este tipo de manejos es un factor alterno que posiblemente también se ventile en la continuación del caso en la Corte inglesa, pues la entrega del oro al régimen de Maduro puede interpretarse como una forma de financiar sus acciones, cuestionadas a nivel internacional.
El propio Juan Guaidó se pronunció al respecto para señalar que “ese oro protegido por Inglaterra será destinado a atender a los venezolanos. No será para traficantes de gasolina ni de oro de sangre”.