“Muchos miembros de las FAES son funcionarios y a la vez pertenecen a un colectivo”

“En estos 20 años de revolución quienes nos ofrecieron vida, nos trajeron muerte”. Ésta fue la frase que usó el abogado criminalista Fermín Mármol García, para definir la gestión del chavismo en materia de seguridad ciudadana y criminalidad. También fue contundente al afirmar que en estas dos décadas de revolución “se premió la ideología y la lealtad; mientras que se desechó el mérito y la efectividad”.

Asegura que el Estado se equivoca al considerar como una amenaza a estudiantes, académicos, empresarios y organizaciones no gubernamentales, cuando los enemigos reales son los colectivos armados, el ELN, la disidencia FARC, el pranato y las bandas delincuenciales. Asimismo, explica que hoy es prácticamente imposible hacer una perfecta evaluación de los organismos de seguridad en Venezuela, porque son entes de muchísima opacidad, que no rinden cuentas de forma pública, tampoco dan información de su gestión y mucho menos permiten el acceso a sus instalaciones.

Mármol García, junto al abogado penalista Luis Izquiel, publicó recientemente el libro “Revolución de la muerte”, y sostiene que está dirigido a desmontar “el engaño, la opacidad y las mentiras con relación a la violencia y la criminalidad en el país”. La publicación también contiene parte de las medidas que se deben tomar para revertir “el daño hecho por el período chavista cuando se rescate la República”.

-¿Cuáles fueron los pasos clave que dio el chavismo para el desmontaje del sistema policial y de las instituciones judiciales del país?

-Un primer punto muy importante es que en los años de revolución se revirtió el proceso de descentralización que se había desarrollado, y retrocedimos a la centralización completa. El Ministerio del Interior se convirtió en un órgano rector de la seguridad, en lugar de ser un organismo coordinador; y eso causó un gran daño. Otro aspecto de suma relevancia es que se estableció como política, el debilitamiento de las fuerzas policiales, así como el desarme y la disolución de sus unidades élite. Mientras el oficialismo estaba en este proceso, las bandas delincuenciales aprovecharon para armarse, controlar territorio y desarrollar una economía basada en el crimen, en las llamadas zonas de paz, donde la autoridad no podía entrar. En el área judicial el Estado fue, ex profeso, aumentado la cantidad de fiscales y jueces provisorios, para mantenerlos chantajeados con la remoción de sus cargos y así garantizarse su lealtad. En este sentido, la detención ilegal de la jueza María Lourdes Afiuni fue una señal para indicarle a sus compañeros que quien no hiciera caso a las llamadas telefónicas ni a las órdenes de la revolución, podía sufrir el mismo destino: Destitución, cárcel con presos comunes y abusos físicos.

-¿Cómo fue el proceso de politización y adoctrinamiento de los cuerpos de seguridad?

-La politización del sistema integrado de seguridad ciudadana y administración justicia penal en Venezuela empezó, al menos, en 2003. Decidieron premiar la ideología y la lealtad y se desechó el mérito y la efectividad. Luego, Tareck El Aissami, como ministro de Relaciones Interiores, impulsó la reforma policial que inyectó el tema ideológico en todas las instituciones que dependían de su despacho. Esto fue muy dañino, porque ese adoctrinamiento se transformó, tiempo después, en represión contra la sociedad y la dirigencia opositora. Situación similar se vio en el ámbito judicial, donde cualquier persona, sin preparación previa, llegaba a magistrado, juez superior o fiscal superior; sin haber pasado por un concurso de credenciales o de oposición de manera transparente.

-¿Cuáles fueron las entidades que más rápido se politizaron y corrompieron?

-Hay instituciones donde la carrera policial es menos rigurosa que en otras, por ejemplo, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) sigue siendo un ente donde los funcionarios sólo pueden entrar después de que egresan de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, además tienen un conjunto de jerarquías que deben ir cumpliendo en el devenir de los años, que no pueden obviar o saltar. Eso no ocurre así en el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), ni en la División General de Contrainteligencia Militar (Digcim); donde es mucho más fácil remover o destituir funcionarios, o ingresar personal con jerarquías muy altas sin que hayan agotado las anteriores. En estas dos entidades la vinculación política está mucho más presente.

-¿Cuál es su valoración de la actuación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y las denuncias que existen sobre ejecuciones extrajudiciales?

-El Observatorio Venezolano de Violencia hizo un extraordinario trabajo que titularon “Análisis de la Letalidad Policial en Venezuela”, es una investigación que abarca desde el año 2016 hasta el 2019; y ahí queda evidenciado que las FAES son el cuerpo de seguridad más letal que existe en el país. Este documento desarrolla una comparación que desmonta la tesis del enfrentamiento entre policías y criminales, porque a través del estudio de las cifras concluyeron que por cada nueve policías que mueren, caen mil presuntos delincuentes; y esa proporción no tiene una explicación matemática, ni lógica. Quedando demostrado que son ajusticiamientos, más que enfrentamientos. El oficialismo debilitó al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y convirtió a las FAES en una unidad de choque, que desplazó a los demás organismos en letalidad.

-¿Cómo es la operatividad de las FAES y qué relación guardan con los colectivos armados?

-En efecto se les vincula a los paramilitares urbanos; y se sabe que se retroalimentan de ellos de dos maneras, la primera es con inteligencia social, ya que los colectivos les provee información sobre la ubicación de bandas criminales que están en zonas populares, para que luego las neutralicen. La segunda forma es que muchos miembros de las FAES tienen la dualidad de ser funcionarios, pero a la vez pertenecer a un colectivo, situación que les da un rol político e ideológico y claramente eso es incompatible con la función policial. Lamentablemente el nivel de fallecidos bajo el paraguas de “resistencia a la autoridad” es muy grande y por eso la cantidad de denuncias. En Venezuela hay una máquina de crimen y violación de Derechos Humanos, tal como lo dijo la alta comisionada Michelle Bachelet.

-¿Cómo es la relación hoy entre el Sebin, la Dgcim y el Cicpc?

-Yo creo que en este momento el Sebin y la Dgcim tienen buena coordinación, porque el mando de ambas instituciones es militar y eso genera una afinidad automática entre sus cuadros superiores e intermedios. No así con el Cicpc, que es civil y las relaciones entre el mundo civil y militar es más distante. Por supuesto que existe comunicación y coordinación entre las directivas, pero no hay mayor cercanía. Creo que es importante destacar que Venezuela no es monolítica en el ejercicio del poder público, somos un país de múltiples parcelas de poder, que por un objetivo común llegan a acuerdos.

-¿Por qué fracasaron las llamadas Zonas de Paz en el país?

-Las Zonas de Paz están vigentes, producto de un plan de pacificación que importaron de Centroamérica y que nunca debió aplicarse en Venezuela. La razón del fracaso es muy simple, la delincuencia estaba profundamente estructurada, se había construido con una economía criminal frondosa y obviamente no iba a deponer sus armas ni abandonar su control sectorial, por unos créditos agrarios que les estaba ofreciendo el Gobierno. Era muy evidente que no iba a resultar; y es una de las estrategias más perniciosas en materia de seguridad ciudadana que instrumentó el chavismo en estos 20 años de errores.

-¿Ha ocurrido algún cambio en el manejo de las cárceles venezolanas por todos los incidentes violentos y denuncias de irregularidades que han salido a la luz?

-Las cárceles son un centro de crimen y el pranato sigue mandando en ellas. En Venezuela hay doce centros penitenciarios principales, que concentran más del 70% de la población reclusa y están manejados por pranes, que, desde ahí, mantienen una economía muy poderosa basada en el delito. Este círculo perverso no va a ser desmontado por políticas tibias y erráticas, como las que el Estado ha propuesto. Lo más grave es que esa cultura parece haber invadido parte de nuestra sociedad, creo que es parte de del caos inducido que nos está devorando. En nuestro libro “Revolución de la muerte”, abordamos de forma muy completa el tema carcelario y también el de las Zonas de Paz que tocamos antes.

-¿A qué atribuye la disminución del secuestro en Venezuela?

-En efecto el secuestro sí disminuyó, tanto prolongado como exprés; pero no es porque desde el régimen se haya hecho algo positivo en cuanto a prevención o protección de la ciudadanía, sino porque la delincuencia ahora tiene más control territorial que nunca y ha desarrollado una economía criminal tan potente, que ya no le hace falta secuestrar a venezolanos. Es decir, me temo que las bandas organizadas son tan poderosas hoy, que han encontrado “negocios” que les dan muchos más dividendos que el secuestro.

-¿Qué información maneja sobre lo que está ocurriendo en el Arco Minero, en el estado Bolívar?

-El ELN está en la zona, sobran documentos de prestigiosas organizaciones no gubernamentales que así lo demuestran, más las denuncias de dirigentes locales de renombre y las investigaciones de los medios de comunicación que también lo documentan. En el Arco Minero existe hoy una concentración criminal muy primitiva, ahí hay trata de personas, esclavitud moderna, hay economía ilegal, grupos extranjeros con control territorial y abierta coexistencia entre la delincuencia organizada y el poder público nacional, estadal y municipal. Es ese lugar, al sur del estado Bolívar, el mejor ejemplo de cómo un país se puede fragmentar, parcelar y perder su función monolítica. Ese espacio es controlado en conjunto por las autoridades y los criminales o cedidos a grupos extranjeros solo para evitar perder el poder político nacional o en el afán de mantenerse en el poder.

-¿Cómo se define el paso de Tarek William Saab por el Ministerio Público?

-Diría que no sé qué pasó con esa persona que escribía poesía y se interesaba por los Derechos Humanos. Que lamentable papel decidió asumir, en Venezuela no se respetan las boletas de excarcelación, la posibilidad de tener derechos procesales no existe, hay civiles juzgados en jurisdicción militar violando las propias sentencias de la Sala Constitucional, y tantas desviaciones más. Debe ser difícil para comparar el Tarek de hace 30 años con el que es hoy; no quisiera estar en su ser ni en psiquis, porque su camino está lleno de sinsabores.