El Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información anunció este 30 de julio de 2020 en su cuenta de Twitter, la disposición de 200 estaciones de servicio (privadas) en todo el país, con venta libre de gasolina, sin restricción de consumo y a un “precio internacional” de 0,50 centavos de dólar por litro, que admiten pago en bolívares, petros y divisas, en el denominado Sistema de Protección de la Gasolina que, a decir de los medios oficiales, “garantiza el uso eficiente y razonable de nuestros recursos… la atención que nuestro pueblo merece, bienestar para todos”. A esas 200, se suma el resto de las estaciones de servicio público, cerca de 1.368, en las que se surte la gasolina subsidiada a 5.000 bolívares por litro, donde el expendio de combustible atiende al terminal de placa del vehículo y se exige al usuario estar registrado previamente en la Plataforma Patria, para acceder a una compra mensual de 120 litros en el caso de vehículos y 60 litros para motocicletas.
En medio de un Estado de Alarma que arrancó el 13 de marzo y permanece a la fecha, a raíz del Covid-19, surgió un desabastecimiento generalizado de gasolina que por primera vez en muchos años, alcanzó a afectar la ciudad de Caracas, donde los usuarios permanecían días y noches en largas colas para intentar surtirse de combustible, situación nada nueva en los estados Táchira, Mérida, Zulia, Guárico, Monagas, Sucre, entre otros. Solo una visión holística del tema puede ayudar a intentar identificar las causas y las numerosas afectaciones que esta situación ha generado a los ciudadanos.
“Las perspectivas de movilidad en el mundo están cambiando, en torno a modelos sostenibles y seguros, pero en Venezuela será determinante la regularización del suministro de combustible en muy corto plazo, para la reactivación de la economía y la recuperación de la cotidianidad del venezolano”
Así veamos, Venezuela es un país petrolero que debía estar en capacidad de generar cuando menos el combustible necesario para atender a la demanda interna del mercado, por cierto disminuida este 2020 por un parque automotor envejecido y paralizado debido a fallas mecánicas (entre otras razones), o a las propias restricciones de movilización asociadas a las medidas adoptadas en el marco del Estado de Alarma, que alcanzaría a un consumo de gasolina de unos 60.000 barriles diarios y de 20.000 barriles de diésel, según estimaciones del académico Nelson Hernández. Sin embargo, la operación del parque refinador en servicio aún, no alcanza a satisfacer los requerimientos, por lo que se ha recurrido a la importación de combustible, más recientemente proveniente de Irán, con buques que atracaron en el país entre finales de mayo y el mes de junio, logrando calmar la tensa situación de escasez de combustible, que se reavivó en el mes de julio, al presentarse nuevamente escasez severa hacia el interior del país, particularmente en Sucre, Zulia, Táchira, Bolívar, Carabobo, Aragua, Monagas, Nueva Esparta; ello hace presumir que se está agotando el inventario de combustible importado y la producción nacional no se da abasto.
La cotidianidad de “echar gasolina” ya no es tal, los propietarios de las unidades de transporte público de organizaciones privadas, señalan las severas dificultades que experimentan para tener acceso a combustible subsidiado, un sector cuya actividad es fundamental, pues la prestación del servicio por parte de las empresas públicas del Estado, no tendría capacidad en condiciones normales de movilizar la demanda habitual de usuarios. Señalan los ciudadanos que la atención a sectores prioritarios de salud, alimentación, y funcionarios de instancias gubernamentales en particular, reduce sus posibilidades de acceder al combustible subsidiado.
“Las limitaciones de movilidad si bien se justifican por razones de salubridad y en medio de una pandemia, no pueden estar por encima de las garantías al acceso a bienes y servicios esenciales para la vida de los ciudadanos”
En medio de esta compleja situación, gracias a las comunicaciones a través de las redes sociales, nos enteramos que la necesidad de movilización de algunos venezolanos, que no tienen la opción de permanecer en casa, y la escasez de gasolina ha desatado un mercado negro en el que indican algunos que el litro de gasolina estaría vendiéndose en 2 dólares (recordemos que llegó a 4 dólares/litro en plena crisis de abril y mayo 2020); los agricultores continúan pidiendo ayuda para conseguir el combustible que les permita garantizar la comercialización de sus cosechas, y actualmente para poder hacer labores de fumigación aérea, pues plantaciones están siendo atacadas por una plaga que amenaza con la pérdida total de la siembra; el transporte de carga hace largas colas durante días, a pesar de formar parte de las unidades de sectores prioritarios, como es el de alimentos; se han producido sucesos violentos en las colas de estaciones de servicio, con el resultado lamentable de al menos un usuario fallecido en uno de estos percances; se reportan declaraciones de autoridades en algunas localidades, señalando que la escasez de combustible no es tal, sino que representa una estrategia para propiciar el confinamiento ante el Covid-19 con la intención de evitar la propagación del virus.
Todo el relato de lo que se vive en el país, hace pensar que la regularización del servicio de suministro de combustible es una utopía. Mientras, los ciudadanos y con toda razón se preguntan, ¿cómo es el modelo de negocio entre PDVSA y las estaciones de servicio privadas?, ¿a dónde van las divisas en efectivo de la compra de combustible en estas?, ¿en qué se invierte ese dinero?; cuestionamientos que evidencian la necesidad de transparencia y rendición de cuentas bajo la supervisión ciudadana, otro deseo que parece lejano. En un país donde la totalidad del parque automotor depende de combustible, la escasez puede obstaculizar que un médico llegue a la atención de una emergencia; un bombero a un rescate de personas; un paramédico en ambulancia al traslado de un enfermo grave; un medicamento a una persona en riesgo de muerte; el alimento a una familia en situación de pobreza extrema. Las limitaciones de movilidad si bien se justifican por razones de salubridad y en medio de una pandemia, no pueden estar por encima de las garantías al acceso a bienes y servicios esenciales para la vida de los ciudadanos.
“Venezuela es un país petrolero que debía estar en capacidad de generar cuando menos el combustible necesario para atender a la demanda interna del mercado”
A pesar de las limitaciones de internet en Venezuela, pues según el Speedtest Global Index, el ancho de banda fija en la nación de 3,5 Mbps, nos ubica en la posición 173 de 174 países para junio de 2020, es interesante la data que arroja la herramienta Google mobility acerca de los cambios en la movilización en el país, en relación con los patrones de los meses de enero y febrero. Si bien la información se limita a una muestra de la población que aporta datos al estar conectada, los reportes alcanzan a ilustrar un panorama general de las variaciones en la movilidad, así como de los motivos de los traslados que predominan. Para el corte del 27 de julio del año en curso, el informe de movilidad local para Venezuela, indica que se redujo en un 33% la movilidad en restaurantes, cafeterías, centros comerciales, parques temáticos, museos, bibliotecas y cines, y en un 30% en parques, playas, plazas y demás espacios públicos recreativos, lo cual era de esperarse, dado que son actividades de sectores no considerados como prioritarios; disminución en un 19%, en mercados y farmacias, previsible pues corresponde a la movilidad para el acceso a alimentos y medicinas, de significación, específicamente considerando que según la más reciente entrega de Encovi, un 96,2% de venezolanos están en condición de pobreza, buena parte de la población además en el sector de trabajo informal, lo que obliga a traslados diarios para poder subsistir; reducción de la movilidad en un 29% en lugares de trabajo, que puede atribuirse al cese de la actividad económica en buena parte del país y a las medidas de confinamiento, así como al volcamiento al teletrabajo, pero sin duda a las restricciones de movilidad impuestas por las autoridades y la crisis en el suministro de la gasolina, que han devenido en la pérdida de empleos, aumentando la tasa de desempleo en 6,9% a nivel nacional, según la ya referida encuesta. Especial mención merece la disminución de la movilidad en 45% asociada a centros de transporte público (estaciones de Metro y ferrocarril, terminales de unidades de transporte público, entre otros), reveladora considerando que la mayor parte de la población depende de este modo de transporte para poder efectuar sus actividades diarias, en medio de un descenso de actividades con el esquema de confinamiento y flexibilización impuesto por el Estado, bajo el denominado 7×7; de igual forma, el aumento en 16% de la movilización en zonas residenciales, que puede presumirse involucre la vuelta a lo local, dadas las limitaciones de interconexión con otros municipios, y la visita a familiares, amigos, vecinos, lo que sería preocupante de contribuir con ello a la propagación del virus, en medio de un proceso de crecimiento exponencial de contagios, como revelan cifras oficiales.
Dada la incertidumbre que todavía persiste en torno a la pandemia, avizorando que el confinamiento y el distanciamiento físico se mantendrán por un buen tiempo, ante la difícil situación económica de buena parte de la población, que ejercerá presión sobre la flexibilización que le permita tener ingresos y acceder a insumos básicos y servicios, es oportuno insistir en la oportunidad de resignificar la planificación y la ordenación territorial, con miras a lo local, ciudades policéntricas, mezcla de usos, así como diversificar la oferta de modos de transporte, particularmente en el caso de las bicicletas, pues la presión sobre estos grupos lejos de facilitar la circulación y brindar las facilidades para una demanda que estaría dispuesta a movilizarse como ciclista, desincentiva y aleja a los ciudadanos de lo que se vislumbra como el transporte del futuro en buena parte del mundo. A falta de gasolina, para un sector aunque por ahora minoritario, rodar en bicicleta es una opción. Las perspectivas de movilidad en el mundo están cambiando, en torno a modelos sostenibles y seguros, pero en Venezuela será determinante la regularización del suministro de combustible en muy corto plazo, para la reactivación de la economía y la recuperación de la cotidianidad del venezolano, sin perder de vista el modelo que nos pueda llevar a que trasladarse en el país, sea parte de una rutina fácil, cómoda y segura.