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24 junio 2024

Sociedad civil: Concentrarse en perseguir el sueño

Si la libertad y la libre asociación que permiten canalizar las demandas sociales dejan de influir en la conducción de las instituciones del Estado, entonces la legitimidad del Estado nación desaparece, y la autonomía de la nación pasa a ser letra muerta, así como sucede con su soberanía. Esto es lo que ha pasado en Venezuela. Sin sociedad civil, con todo su entramado institucional y en ejercicio de sus derechos, no hay Estado legítimo dentro del Estado nación.

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Juan Pablo Olalquiaga | 20 agosto 2020

Lo que conseguimos en la vida, en buena medida, se debe a nuestra capacidad de influencia -a nuestro poder de convencimiento, de conseguir que otras personas piensen y actúen como queremos-. Por otro lado, hay quien dice que lo que conseguimos en la vida es gracias a nuestra capacidad de negociar. Pero, ¿qué es la negociación, sino influencia? Con influencia podemos conseguir no sólo la confianza de nuestro interlocutor, sino también ganarnos su corazón. La influencia se basa en la confianza y la credibilidad, y ambas se ganan con el tiempo.

La influencia en una sociedad entera se traduce en convencer a la gente de la necesidad de un propósito compartido, de una meta común a alcanzar y, como nación, de una forma de ver la vida y, en consecuencia, de cómo comportarnos. Esto es especialmente difícil en nuestra era de digitalización y comunicación, por cuanto las redes sociales nos llevan a intercambios transnacionales en los que podemos terminar creyendo que participamos en conflictos y conceptos que pueden resultar muy ajenos a nosotros, como las rivalidades étnicas o religiosas que en Venezuela no hemos tenido y cuyas complejidades no son propias de como nosotros nos relacionamos.

Tratar de influir en nuestra sociedad, por tanto, requiere de una sensibilidad sobre quiénes somos, sobre qué nos afecta, sobre qué tan facultados estamos para alterar la realidad que vivimos, y sobre qué se requiere para tener una posición que podamos presentar a los demás para convencerlos de la pertinencia de ésta -es decir, tratar de liderar-. He aquí donde la mitología del absurdo lleva a la cultura popular a creencias que son totalmente contrarias a la realidad, como aquella de “zapatero a su zapato”: Si soy plomero, no tengo por qué opinar sobre educación; si soy médico, no me meto con el rol de las fuerzas armadas; si soy empresario, no opino sobre política. Sin embargo, la educación, el rol de las fuerzas armadas y la política afectan todo y a todos, por lo que no sólo tenemos derecho a opinar, sino que también debemos procurar tener posiciones analizadas, y manifestar nuestras opiniones sobre estos asuntos. De lo contrario, ¿cómo podemos construir los consensos sociales? 

“La nuestra es una sociedad con una clase media de concepción moderna y libre de conflictos étnicos, raciales, religiosos o de clases, lo cual nos facilita la construcción de unas instituciones de Estado con visión de democracia liberal”

Los consensos sociales no son otra cosa que el hacer política. Una definición enciclopédica de la política dice que esta es “toda actividad, opinión, cortesía o diplomacia tendiente a la búsqueda, al ejercicio, a la modificación, al mantenimiento, a la preservación o a la desaparición del poder público” -es decir, del Estado-. El Estado no es más que las instituciones públicas que, gozando de legitimidad, instrumentalizan los consensos sociales alcanzados. Aquí, la palabra clave es “legitimidad”: La legitimidad se consigue si existe consenso entre los miembros de la comunidad, o de la sociedad civil.

Un Estado legítimo es uno de los pilares fundamentales del concepto de Estado nación, que le dio vida, hace siglo medio, a eso que llamamos Venezuela. El concepto de Estado nación surgió, históricamente, mediante el Tratado de Westfalia, al final de la Guerra de los Treinta Años en 1648. Mediante este tratado, se terminó con el antiguo orden feudal de la sociedad y se dio paso a organizaciones territoriales definidas en torno a un gobierno que reconoce sus límites y su poder. El Estado nación se fundamenta como el conjunto de los ciudadanos en los que reside la soberanía constituyente. Estos ciudadanos se vinculan mediante su lenguaje, sus raíces, su historia, sus tradiciones, su cultura, su carácter, su cosmovisión -su manera de ver e interpretar el mundo- y una geografía compartida, que los diferencian de los ciudadanos de otros Estados naciones.

El proceso de construcción histórica del Estado nación creó un nuevo orden social, basado en un creciente reconocimiento de la libertad. Bajo esta conceptualización, se dio pie al surgimiento de la burguesía como una ciudadanía con derechos y empoderamiento, de la cual surgió el capitalismo que, a su vez, fue la base de la Revolución Industrial. De este modo, el orden feudal que sostenía lo que se conoce como el “Antiguo Régimen” fue desapareciendo.

La voz de los ciudadanos

El quid de este extraordinario proceso de evolución social radica en el ciudadano mismo, y en su capacidad para alcanzar acuerdos de mutua conveniencia para la convivencia. Sobre esta base, el desarrollo político de un Estado nación se alcanza a través de la construcción de un Estado cuyas instituciones operen en beneficio del interés general. El escenario de la democracia permite que esta operación se construya con la voz mayoritaria de los ciudadanos, y con la opinión que ellos tienen acerca de los problemas y asuntos prioritarios por atender. Esto conduce a la creación, y operación eficaz, de unas instituciones legítimas, dentro de las cuales se garantizan tres principios básicos: La sucesión de gobiernos legítimos, la existencia de instituciones parlamentarias respetables, y la continuidad de una justicia operante. En última instancia, sobre esto reposa la autonomía de una nación moderna, dando paso a su soberanía.

Estas instituciones, que son el Estado mismo, se fundamentan en lo que se conoce como sociedad civil. Para el sociólogo alemán Jürgen Habermas, la sociedad civil tiene dos componentes principales. El primero es “el conjunto de instituciones que definen y defienden los derechos individuales, políticos y sociales de los ciudadanos, y que propician su libre asociación, la posibilidad de defenderse de la acción estratégica del poder y del mercado, y la viabilidad de la intervención ciudadana en la operación misma del sistema”. Por otra parte, el segundo es “el conjunto de movimientos sociales que continuamente plantean nuevos principios y valores, nuevas demandas sociales, así como la vigilancia a la aplicación efectiva de los derechos ya otorgados”. Así, sostiene Habermas, la sociedad civil contiene un elemento institucional definido por la estructura de derechos de los Estados de bienestar contemporáneos, sumado a un elemento activo, transformador, constituido por los nuevos movimientos sociales. 

Cuando las estructuras institucionales del Estado no se acoplan a los cambios de la sociedad civil, dando cabida a nuevas demandas sociales, la política deja de operar. Esto, pues la política, según Bernard Crick, escritor y profesor británico, requiere de la tolerancia a la diversidad. Cuando estas nuevas demandas sociales son lo suficientemente intensas y no son satisfechas, ocurren las revoluciones. Según John Locke, el filósofo inglés conocido como el padre del “liberalismo clásico”, la revolución es la destrucción de un sistema de derechos concretos y su sustitución por otros derechos que satisfagan las nuevas demandas de los ciudadanos. Un ejemplo claro son las demandas de movimientos como Black Lives Matter o el LGBTQ en Estados Unidos, que en su búsqueda de reconocimiento y participación mueven los cimientos políticos de esa nación. Por su parte, la equivocadamente llamada Revolución Bolivariana de Venezuela no es un ejemplo de nuevos movimientos sociales, sino de demandas tradicionales derivadas del deterioro económico que vivíamos, y que no han hecho más que incrementarse.

Sin sociedad civil, con todo su entramado institucional y en ejercicio de sus derechos, no hay Estado legítimo dentro del Estado nación. Sobre este principio se fundamenta el desconocimiento de la legitimidad de Nicolás Maduro, y todo aquello que de él se desprenda, más allá de que éste pretenda simular legitimidad mediante la comedia electoral que hizo en mayo de 2018, o la que pretende hacer en diciembre de este año.

El Estado nación, soportado por la legitimidad que le confiere la sociedad civil, deja de existir cuando las instituciones del Estado mismo dejan de operar en beneficio colectivo y se ponen al servicio de intereses particulares y sectoriales. Cuando esto ocurre, y sobre todo cuando ocurre de manera excesiva, el fundamento del Estado nación se desvirtúa completamente. En estas condiciones, la democracia se transforma en una fachada para legitimar prácticas generalizadas de corrupción. Si las estructuras de la sociedad civil -sobre las que reposan las instituciones del Estado- que deben actuar como contrapesos dejan de serlo y se acoplan a la corrupción, el ciudadano no sólo pierde sus derechos, sino también los mecanismos mediante los cuales los puede recuperar sin recurrir a la fuerza. 

“El Estado nación, soportado por la legitimidad que le confiere la sociedad civil, deja de existir cuando las instituciones del Estado mismo dejan de operar en beneficio colectivo y se ponen al servicio de intereses particulares y sectoriales”

Así, si la libertad y la libre asociación que permiten canalizar las demandas sociales dejan de influir en la conducción de las instituciones del Estado, entonces la legitimidad del Estado nación desaparece, y la autonomía de la nación pasa a ser letra muerta, así como sucede con su soberanía. Esto es lo que ha pasado en Venezuela.

Según Alexis de Tocqueville, pensador y abogado francés que participó activamente en la Segunda República Francesa y se convirtió en un importante ideólogo del liberalismo, la sociedad civil se construye con el conjunto de organizaciones e instituciones cívicas voluntarias y sociales que fungen como mediadores entre los individuos y el Estado. Esto incluye tanto a las organizaciones no lucrativas u organizaciones no gubernamentales, como a las asociaciones y fundaciones. En el concepto holístico de sociedad civil se incluye también a las universidades, colegios profesionales y comunidades religiosas. Para Tocqueville, el primer autor que analizó la relación entre la sociedad civil y la democracia, cualquier tipo de organización social -ya sea política, social, comunitaria, religiosa, e incluso artística o deportiva- resulta favorable para la democracia, en tanto constituye una especie de escuela para la participación, así como un dique que impide que el Estado invada los espacios sociales. En este sentido, los partidos políticos -que no constituyen sino maquinarias electorales– son un integrante más de la sociedad civil, y no su eje-pivote.

Para que esta sociedad civil pueda estructurarse y actuar de forma cohesionada, ganando poder, debe activarse mediante el concepto de “sociedad abierta” de Karl Popper. Popper, un filósofo liberal austro-británico y teórico de la ciencia, sostiene que la madre de los autoritarismos se encuentra en el inconsciente pánico que se tiene ante la responsabilidad que la libertad impone al individuo. Este pánico genera, según Popper, “el nostálgico deseo de retornar a la sociedad inmóvil de la vida tribal, en la cual un caudillo asume la responsabilidad de dar respuesta por los demás”. ¿No es esto lo que pretendemos cuando descargamos sobre Juan Guaidó la responsabilidad de retornarnos la libertad perdida, solo para luego descalificarlo cuando no lo consigue?, ¿o en el presidente norteamericano Donald Trump, en cuyos tuits buscamos con fe casi religiosa la percepción de que nos devolverá aquella institucionalidad que no supimos defender? No es Guaidó detrás de quien nos debemos reunir, sino del concepto de libertad, del cual él no es sino un activista visible, pero momentáneo.

La existencia misma de la sociedad civil se refleja en sus capacidades de alcanzar acuerdos para convivir, e impulsar la instrumentación de éstos a través de la creación y legitimación de instituciones. Tenemos un ejemplo muy real que estamos viviendo: La dolarización. En cierta medida, dejar de utilizar el bolívar como mecanismo de ahorro y transacciones refleja un acuerdo sutil, pero poderoso, del empoderamiento que tiene la sociedad civil venezolana, cuando decide dejar de lado el sistema financiero local y sustituirlo por otro, pues el local ha dejado de servirle. Así, el Banco Central de Venezuela queda como una pintura en una pared.

La articulación indispensable

El que en Venezuela tengamos organizaciones que representan grupos de interés de la sociedad civil, pero que éstas no sean capaces de articularse para alcanzar acuerdos mediante los cuales influir, recuerda un análisis que recientemente hiciera el semanario británico The Economist sobre lo que llamó la “crisis de edad adulta” de la compañía americana Google. Decía el análisis que, ante una crisis de esta naturaleza, la recomendación es “conducirse reduciendo la dispersión, concentrándose en lo que importa, y persiguiendo el sueño”. Esta no es una mala sugerencia para la sociedad civil venezolana, y sus organizaciones desarticuladas.

En Venezuela “perseguir el sueño” no es una revolución en el sentido estricto, y pasa por deslastrarnos de los ladrones que han saqueado el dinero público y destruido nuestro Estado nación. La parte revolucionaria, en todo caso, será construir un Estado nación con una visión liberal, que no podrá derivar sus principales ingresos de la renta petrolera, por imposibilidad, sino del trabajo basado en el emprendimiento y la empresarialidad de los ciudadanos, por necesidad. Si nos ponemos de acuerdo en eso, caerán rápidamente mitos como los de la necesidad y los privilegios de las fuerzas armadas, dado que éstas pasarán a ser un actor de tercer o cuarto nivel de importancia frente a la necesidad de educación para la formación de esos emprendedores. Asimismo, caerán los mitos del Estado productor, dando pie a que los ciudadanos sean propietarios, en forma de accionistas, de empresas de infraestructura -las mal llamadas “empresas básicas”-. También se visibilizará la necesidad de instituciones de justicia, imparcial y oportuna, que nos permitan la resolución de conflictos individuales para el funcionamiento ordinario de la economía.

El que la sociedad civil se reconozca como protagonista con altísimos niveles de influencia nos está muy cerca, pero requiere primero que nos aceptemos a nosotros mismos como “sociedad abierta”, bajo el concepto de Popper. A diferencia de otras sociedades vecinas, y muy fundamentado en la inmigración de la décadas de los ‘50s, ‘60s y ‘70s, la nuestra es una sociedad con una clase media de concepción moderna y libre de conflictos étnicos, raciales, religiosos o de clases, lo cual nos facilita la construcción de unas instituciones de Estado con visión de democracia liberal, así como una economía abierta en la cual puedan participar con iguales derechos todos los ciudadanos. Esto es un piso social, que ahora no vemos, pero que resultará un activo extraordinariamente valioso para ese nuevo Estado nación que nos toca construir.

@jpolalquiaga

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