El proceso electoral convocado para el 6 de diciembre de 2020 puede afianzar el escenario de la autocratización en Venezuela, lo que implicaría que existirá mayor concentración de poder en unas élites muy reducidas, eliminación absoluta de los contrapesos políticos e institucionales, y una menor dependencia de la legitimidad electoral.
A esta conclusión llega Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, quien sostiene que para que un proceso electoral pueda conducir a la democratización del país es indispensable que los comicios sirvan “para que la represión sea costosa y contraproducente para el régimen, logrando que la oposición se unifique, movilice y gane legitimidad”.
En el caso del proceso convocado para diciembre, Alarcón considera que las elecciones parlamentarias pueden hacer la represión menos costosa o incluso innecesaria en contra de líderes y seguidores de la oposición. “También si los comicios permiten que el régimen pueda controlar el costo de tolerar a la oposición manteniéndola dividida, usando las elecciones como medio para generar clientelismo competitivo”.
Según el análisis presentado por el director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB “un escenario hacia la transición solo sería posible si la oposición logra ponerse de acuerdo en una estrategia unificada que brinde confianza a actores democráticos internacionales para que continúen en la promoción de una salida democrática, al tiempo que logre acciones de movilización ciudadana que obliguen al Gobierno a asumir elevados costos de represión”.
Esto parece posible si la oposición “logra sumar a la lucha a casi las dos terceras partes del país que se siente esperanzada ante el futuro del país y que sigue dispuesta a continuar luchando por recuperar la democracia y la libertad”.
Aún existen deseos de pelear
A pesar de la precarización del país, la consolidación del statu quo, la Emergencia Humanitaria Compleja y la división de la oposición los venezolanos aún son optimistas.
Según el más reciente sondeo de opinión pública sobre perspectivas políticas y electorales encargado por el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB a la encuestadora Delphos, el 57% de los venezolanos están esperanzados sobre el futuro, mientras 22,5% son pesimistas y 14,6% dicen estar indiferentes sobre lo que pase en el país.
En el análisis que realizan los especialistas del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB destaca que “aún en el caso de que a partir de enero de 2021 no se muestre un camino claro ni con resultados palpables hacia la transición democrática, una porción muy importante, alrededor de un 35% de la población, lejos de rendirse, tendería a radicalizarse aún más en su lucha. Aunque la mayoría aún está lejos de rendirse, debe alertarse que una cuarta parte de la población ya ha perdido sus expectativas sobre la posibilidad de tener algo mejor y ve cómo Maduro avanza hacia una mayor autocratización, mientras retroceden todos los indicadores de desarrollo social, económico y político”.
Los resultados de la encuesta muestran que 35% de los venezolanos están dispuestos a protestar, mientras 64,6% sostiene que no protestaría en contra del gobierno de Nicolás Maduro. En el caso exclusivo de quienes se dicen opositores, la disposición a protestar para intentar generar cambios en el país se mantiene casi intacta. En este segmento 6 de cada 10 venezolanos dicen estar dispuestos a salir a protestar contra el Gobierno. No obstante, este es un sentimiento que solo comparten 3 de cada 10 venezolanos que se definen como independientes.
En este análisis de perspectivas políticas y electorales se concluye que “más allá de la reciente manifestación unitaria de no participar en las parlamentarias, los partidos de la oposición democrática seguirán presentando dificultades para mantener la cohesión y coordinación, fracturada por acciones judiciales, medidas administrativas y por posibles rupturas locales de quienes prefieren involucrarse en las elecciones, como han manifestado algunos gobernadores y alcaldes (…). En esto último incide una estrategia de clientelismo competitivo cuya manifestación más elocuente fue el aumento inconstitucional en el número de diputados de la Asamblea Nacional, que persigue redistribuir cuotas internamente entre el mismo Polo Patriótico y partidos minoritarios”.
Por otra parte, alertan que luego de la inhabilitación de dirigentes políticos y la confiscación y entrega a aliados del régimen de los símbolos de los principales partidos para la elección de la nueva Asamblea Nacional, así como la inminencia de un siguiente proceso electoral para elegir gobernaciones y alcaldías en 2021; “la oposición democrática está obligada a rescatar los niveles de confianza en el liderazgo de Juan Guaidó y en general en el resto de los actores democráticos, para capitalizar los importantes niveles de expectativas y esperanza por un cambio político”.