Luego de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2020 y de la instalación de la nueva Asamblea Nacional (AN) para el período 2021-2026 el 5 de enero próximo, y pasada también la consulta popular, vamos a una distinta realidad sociopolítica en Venezuela. La etapa que se abrirá estará enmarcada, por una parte, por procesos de vieja data en el país, que se concretan en las terribles cifras que exhibe la Emergencia Humanitaria Compleja. A esta crisis se añadirán dos procesos nuevos: El entrante gobierno de Joe Biden en EE.UU. y la nueva Asamblea Nacional.
Un gobierno demócrata en la Casa Blanca introducirá, sin duda, cambios en la política de ese país hacia Venezuela. Por declaraciones hechas durante la campaña y posteriormente, no serán en el objetivo principal, democratizar a Venezuela, sino en las formas para hacerlo y los tiempos para alcanzarlo. Debemos entonces esperar el desarrollo de nuevas estrategias y tácticas, que no serán inmediatas dadas las condiciones en que se desarrolla la transición en EE.UU. y las prioridades que tendrá el gobierno entrante, donde Venezuela no ocupa los primeros puestos de la lista. Así mismo, los resultados de las parlamentarias del 6D, terminarán con la hegemonía opositora de los partidos del G4 en la AN, haciendo emerger un parlamento controlado por el oficialismo. Veremos la construcción de un sistema de partidos con organizaciones opositoras de diversas características, cuyo común denominador pudiera ser la aceptación de la hegemonía del oficialismo en el orden político nacional. Aquellos que no reconozcan esa hegemonía pudieran languidecer.
“En 2021 tendremos una AN donde el Gobierno controlará las mayorías absoluta y calificada. El discurso oficial se hará de un relato donde los resultados de dichas elecciones fueron limpias”
La nueva situación, si bien implica el fracaso o la derrota de la lucha por la democracia llevada a cabo en estos dos últimos años por la AN y su presidente Juan Guaidó, proporciona, en mi opinión, una estructura de oportunidades para rediseñar una estrategia política distinta a la sostenida hasta ahora. La estrategia que fracasó estuvo pensada desde la polarización y confrontación con el oficialismo, desde un juego concebido como suma cero, es decir, todo o nada. Al fracasar, las fuerzas que lo propugnaron, se han debilitado y fragmentado. Ante esta dura realidad, el objetivo de la democratización queda postergado, y dichos partidos están obligados a sincerar y afinar sus diagnósticos sobre la nueva realidad para encontrar una estrategia apropiada y más exitosa para el ciclo político que se abre en 2021.
En lo que sigue presento para contribuir en el diagnóstico y las estrategias.
Asamblea Nacional en control del oficialismo
En 2021 tendremos una AN donde el Gobierno controlará las mayorías absoluta y calificada. El discurso oficial se hará de un relato donde los resultados de dichas elecciones fueron limpias, la pasada AN significó una coyuntura desafortunada, altamente nociva para la sociedad, pero ya superada. Se estigmatizará más aún a los partidos que hicieron vida allí y se buscará destruir la popularidad que aún le queda a Juan Guaidó. Según Datanálisis, su apoyo merodea hoy un 25% después de haber tenido hacia marzo de 2019 sobre el 70%. El respaldo que pudiera tener Guaidó y los diputados de la AN que termina sus funciones, por parte de EE.UU. y de otros grupos de la comunidad democrática internacional como la Unión Europea o el Grupo de Lima, poco pueden revertir esta realidad.
Nicolás Maduro y su gobierno, con dominio de todos los poderes del país, impulsará, casi con seguridad, un discurso de diálogo y espacios de entendimiento. Los objetivos serían -según este discurso- estabilizar un nuevo sistema político con los partidos que participaron en las elecciones parlamentarias, y una sociedad nueva y más democrática que la anterior.
La designación del nuevo presidente de la AN dará algunas señales. Entre los candidatos con más chance están Cilia Flores, Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez. Rodríguez y Flores hasta ahora han sido las dos manos de Maduro, le son fieles, de modo que la designación de cualquiera de ellos sería señal clara de la autoridad de este en la coalición gobernante. Si el nombrado es Cabello podría reflejar que la pugna dentro del oficialismo continúa entre las distintas facciones, y podría darse una relativa independencia de la AN a las directrices del Ejecutivo. Hasta ahora, cuando Cabello ha sido presidente de la AN o de la ANC, aprovecha para fortalecerse y contradecir señales de moderación y/o diálogo del régimen. Los espacios de entendimiento en el escenario de Cabello presidiendo, seguramente se iniciarán desde el Ejecutivo y espacios quizás subnacionales.
La Asamblea podría retomar la labor legislativa para aprobar leyes “constitucionales”, es decir, que pasan por encima del ordenamiento jurídico del país. La Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos recientemente aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), es un ejemplo de esto. Sin necesidad de elaborar en lo inmediato una nueva constitución, la dictadura de Maduro podría disolver la ANC y hacer valer su nueva mayoría en la AN para aprobar leyes constitucionales e ir avanzando en ese Estado antiliberal que propugna, el llamado Estado Comunal.
El sistema de partidos
Los partidos políticos opositores que conocimos estarán en riesgo de desaparecer. De hecho, uno de los grandes desafíos que tienen es sobrevivir a la persecución y represión que se avecina, al quedar el gobierno de Maduro más impune que nunca. Por otra parte, estos partidos políticos -el G4– se han fragmentado hasta el punto de no saberse a ciencia cierta quién los representa: Partidos como Primero Justicia (PJ), Acción Democrática (AD), Un Nuevo Tiempo (UNT) y Voluntad Popular (VP) parecen tener al menos dos fracciones en pugna, con diagnósticos y propuestas distintas sobre qué hacer. Una parte de los dirigentes están en el exterior y parecieran tener dinámicas propias, que no coordinan bien con dirigentes en Venezuela. Leopoldo López ha declarado que Juan Guaidó permanecerá en Venezuela. Estas y otras señales, como la encuesta de Datanálisis ya citada, muestran al liderazgo de Guaidó debilitado, no sólo porque su popularidad ha sufrido, sino también por los desacuerdos de su coalición política en torno a la continuación de su liderazgo.
Los recursos que recibe el Gobierno interino, principalmente del gobierno de EE.UU. y otras fuentes externas, tensan aún más la relación entre los partidos y de estos con Guaidó. Dirigentes opositores en el exilio buscan hacerse de parte de esos recursos y/o recibir más apoyos materiales para financiar sus estrategias en el exterior, pero siendo el Gobierno interino quien canaliza el uso de esos recursos, no siempre lo ha hecho con trasparencia, llegando a generar denuncias de corrupción.
Empresarios y sociedad civil en el ojo de la dictadura
La oposición del G4 y Guaidó ya no representará un peligro para Maduro en el corto plazo. Esto va a provocar que el Gobierno preste creciente atención a debilitar, descalificar y estigmatizar a organizaciones económicas y sociales que no controla. La sociedad civil en años recientes ha ido diversificándose, creando articulaciones entre organizaciones de distinta naturaleza, y visibilizándose en el espacio público de interlocución con el Gobierno. Las ONG han sido clave también en la sustanciación de expedientes que respaldan las actuaciones, informes y pronunciamientos de organismos internacionales como la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU y el Informe de la Comisión Independiente de Determinación de los Hechos en Venezuela, nombrada también por ese órgano mundial.
Los informes sobre violación de derechos humanos que han sido publicados por las instancias de la ONU y los más recientes desarrollos en la Corte Penal Internacional han preocupado a la dictadura. Y en este sentido ya está desarrollando estrategias destinadas a revertir sus efectos perniciosos. Está en conversaciones con la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos para alcanzar algunos acuerdos de asesoría técnica y revisión de leyes, y se mueve en la ONU asesorado por el gobierno cubano, buscando neutralizar estas instancias internacionales, como de hecho lo ha logrado hacer Cuba en todas estas décadas.
“Los partidos están obligados a sincerar y afinar sus diagnósticos sobre la nueva realidad, para encontrar una estrategia apropiada y más exitosa para el ciclo político que se abre en 2021”
Cabello en dos oportunidades este año advirtió por medios públicos, que se revisará la normativa que permite a las ONG recibir financiamiento internacional. Sobre todo, de EE.UU. En particular amenazó a una de las de mayor prestigio, Provea, bajo la acusación de que conspiran contra el Gobierno y la “patria”. Le indilga el epíteto de organización terrorista. Este año ha habido allanamientos a oficinas, confiscación de medicinas y otras arbitrariedades a organizaciones de ayuda humanitaria, así como persecuciones a periodistas, médicos, enfermeras y defensores de derechos humanos en el contexto de la pandemia. Más recientemente, las acciones tomadas por el Gobierno contra Caracas Mi Convive y Alimenta La Solidaridad, que alimenta a cerca de 25.000 niños en la ciudad de Caracas, allanando la sede y la casa del director y congelando las cuentas bancarias de la ONG, ilustran algunas medidas que pudieran generalizarse. Si el apoyo financiero internacional recibido por las ONG de derechos humanos, desarrollo comunitario, monitoreo electoral, ayuda humanitaria y otras necesidades dejara de llegar, afectará la sostenibilidad de las mismas y dejará en una situación aún más precaria a los sectores empobrecidos de la población. La última encuesta Encovi señala en condición de pobreza a cerca del 90% de las familias venezolanas.
Comentarios finales, sugerencias
Los resultados de las parlamentarias obligarán a desechar la estrategia diseñada en enero de 2019 desde la AN, bajo la dirección de su presidente Juan Guaidó; vale recordar, llegar a la democratización institucional mediante: a) Cese de la usurpación; b) Gobierno de transición, y c) Elecciones libres. Ya no son objetivos alcanzables en el corto plazo.
Manteniendo el objetivo último de la democratización del orden político venezolano, la estrategia, en mi opinión, debe diseñarse como un plan que busque alcanzar metas graduales y más modestas en el corto plazo, para ir hacia objetivos más ambiciosos en plazos posteriores. Es imperativo enfocarse, en lo inmediato, en el objetivo de atender a la población en tres de las dimensiones más atroces de la Emergencia Humanitaria Compleja: Salud pública, alimentación y migración forzosa. El discurso y las acciones debieran buscar unir fuerzas entre partidos y actores sociales con miras a una agenda que en lo económico privilegie la reactivación del aparato productivo y con él la generación de empleo; en lo social el combate al hambre y la pandemia que, junto a políticas de empleo puedan detener la migración forzosa. En lo político, luchar por mejores condiciones para participar en las venideras elecciones regionales y luego las municipales. También pareciera imprescindible atender el problema de la educación escolar y la conectividad digital, para facilitar la comunicación de la sociedad en general y hacer realidad una muy urgente apertura del proceso educativo.
Se entiende que un plan de estas características es imposible sin acuerdos políticos. Y ahí viene lo más difícil. Es imperioso superar el juego suma cero que la oposición ha seguido durante todos estos años con Maduro, y que ahora no parece viable. Los partidos opositores no tienen fuerza para sostenerlo. Por su parte, los actores sociales y la ciudadanía, como parecen mostrar múltiples declaraciones y encuestas recientes, desean alguna negociación despolarizada que nos saque de la crisis. Alcanzar acuerdos enfocados en detener el sufrimiento de la población sin perder el objetivo de caminar hacia la democratización, en un esfuerzo de acumular fuerza social mediante la inclusión, es el gran desafío en el cual todos debemos aportar para resolver.