¿Tuvieron impacto las sanciones económicas sobre los venezolanos?

El tema de las sanciones económicas impuestas sobre individuos e instituciones venezolanas ha sido uno de los temas de más amplio debate en la Venezuela contemporánea debido a sus ramificaciones económicas, sociales, políticas e incluso ideológicas. Hasta el año 2020, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos había aplicado sanciones a un total aproximado de 159 individuos, a varias instituciones públicas, incluyendo las de índole financiera sobre Petróleos de Venezuela, Banco Central de Venezuela, el Bandes, y otros entes del Gobierno [1]. Las primeras sanciones datan de 2006, pero son las aplicadas en agosto de 2017, que prohibieron al Gobierno, incluida PDVSA, el acceso a los mercados financieros de EE.UU., las que pueden considerarse un hito, pues fueron las primeras sanciones no individuales.

Existe relativo consenso sobre el hecho de que la economía venezolana atravesaba una crisis de inmensas proporciones mucho antes de agosto 2017. De hecho, ha sido reportado para mediados de 2017 la economía venezolana tenía 14 trimestres consecutivos de contracción económica [2]; se encontraba ad portas del inicio de la hiperinflación [3]; había perdido acceso efectivo a todos los mercados financieros internacionales [4]; su producción petrolera experimentaba una prolongada tendencia declinante de más de 2 años de duración; y las importaciones de bienes humanitarios esenciales (alimentos y medicinas) habían colapsado en aproximadamente 70% desde 2013 [5]. En este contexto, colapsaron sus principales indicadores socioeconómicos, incluyendo niveles record de pobreza territorial [6], aumento de la desnutrición [7] y mortalidad infantil [8]; graves restricciones de acceso a la alimentación y salud [9]; y migración forzada de millones de habitantes [10]. De hecho, para la fecha ya la situación del país era considerada una Emergencia Humanitaria Compleja [11].

Es por lo anterior, porque Venezuela se encontraba en caída libreantes de las sanciones, que es difícil distinguir cuál pudo haber sido el efecto “adicional”, si es que lo hubo. Esa es la raíz de un debate abundante donde ha habido contribuciones de detractores y defensores. Desde los que “culpan” a las sanciones de todo lo ocurrido desde 2017, hasta los que las exculpan completamente. En todo caso, es un tema contencioso, que como mencioné, en algunos casos puede estar contaminado por posiciones políticas e ideológicas. En un reporte reciente, revisamos la evidencia existente para tratar de evaluar el impacto de las sanciones sobre la producción petrolera venezolana y sobre las condiciones de base de la crisis humanitaria; es decir, sobre la capacidad del país para importar alimentos y medicinas. El reporte utiliza una técnica estadística llamada Diseño de Regresión Discontinua (RDD) [12], que permite la comparación sistemática de las observaciones que se encuentran a ambos lados del umbral identificado. Partiendo del hito de agosto 2017, se analizan datos mensuales de producción petrolera e importaciones básicas de medicinas y alimentos en una ventana de 28 meses antes y después de ese punto de corte.

El primer resultado interesante se muestra en la Figura 1. En efecto, existe evidencia de que el evento de agosto 2017 coincide con una discontinuidad en la trayectoria de la producción petrolera mensual de Venezuela. El estudio estima que a partir de agosto de 2017 cayó la producción mensual de petróleo de 131 mil b/d al momento del corte, y que se observó un incremento en la velocidad de caída de la producción mensual petrolera de unos 20 mil b/d por mes. Es decir, la producción petrolera que venía colapsando, empezó a declinar un poco más rápido. Este quiebre sería responsable de 45,2% de la caída acumulada en la producción petrolera venezolana entre agosto 2017 y diciembre 2019. Es difícil en un contexto como el venezolano atribuir con total certeza el cambio observado solo a las sanciones, pues muchas otras cosas sucedieron en esa época; por ejemplo, el default de la deuda venezolana, el inicio de la hiperinflación, la militarización de PDVSA, la crisis de los apagones. En todo caso, la coincidencia temporal se mantiene y resulta razonable pensar que las sanciones financieras internacionales cumplieron, al menos parcialmente, con el objetivo para el cual fueron diseñadas.

Fig. 1

Quizá más interesante es observar lo ocurrido con las importaciones de alimentos y medicinas en las Figuras 2 y 3. Aquí también se observa evidencia de una discontinuidad en la trayectoria de las variables que coincide con las sanciones de agosto de 2017. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido con la producción petrolera, el efecto observado es en la dirección opuesta a lo esperado. De hecho, el resultado del análisis indica que a partir de agosto de 2017, se observa un aumento en las importaciones mensuales de alimentos en el orden de 44 millones de dólares; de la misma manera, las sanciones coinciden con el aumento de las importaciones mensuales de medicamentos de 21 millones de dólares. Adicionalmente, a partir del punto de corte se observó una disminución en la velocidad mensual de caída en las importaciones de alimentos en el orden de 6,5 millones de dólares por mes, y de las importaciones de medicinas en 5,8 millones de dólares por mes. Así, a partir de las sanciones se observa una especie de “estabilización” en el consumo externo de bienes humanitarios esenciales. Este resultado es robusto, por cierto, a una especificación no lineal y diferentes ventanas temporales.

Fig. 2

Fig.3

Más allá de los tecnicismos, es importante señalar que el resultado central de este análisis, que admite que aunque pudiera haber un efecto de las sanciones sobre la producción petrolera mensual, el evento estudiado no está asociado con un empeoramiento en la trayectoria observada en las importaciones mensuales de alimentos y medicinas, merece la interpretación correcta. En primer lugar, la mayor disponibilidad de insumos humanitarios básicos, que produjo la reportada “estabilización” en las importaciones de alimentos y medicinas, puede ser consecuencia de que el inicio del evento estudiado (sanciones) coincide con otro evento que ha sido omitido del análisis: La liberalización de la economía venezolana. Es sabido, que a partir del segundo semestre de 2017, el gobierno venezolano abandonó de facto sus políticas de controles de precios y de cambio, dejó de aplicar el hostigamiento de su aparato regulatorio sobre el sector privado, y permitió la libre y gratuita importación de bienes y servicios a través de sus aduanas, cambios que dieron origen al florecimiento de la llamada economía de bodegón. En todo caso, si el Gobierno se vio obligado por las circunstancias a liberar la economía como respuesta a la presión ejercida por las sanciones, estaríamos en presencia de una consecuencia indirecta (y tal vez no prevista) de la política de sanciones.

Por otro lado la mayor disponibilidad relativa de alimentos y medicinas no significa, bajo ningún respecto, que la porción más vulnerable de la población haya visto mejorar sus condiciones de vida. En primer lugar, la “estabilización” ocurrida se dio a unos niveles críticamente bajos, que ya habían ocasionado una crisis humanitaria a partir de 2015. En segundo lugar, las mejoras evidentes en el abastecimiento de bienes de consumo con respecto a 2016-2017, no han venido de la mano de mayor acceso a esos productos. Al contrario, una gran porción de la población, aquella que vive fuera de la burbuja dolarizada, está excluida del acceso a esos alimentos y medicinas que hoy son más abundantes.

Por último, vale la pena advertir que es evidente, que de acuerdo a sus propios impulsores, la estrategia de imponer sanciones contra instituciones públicas de Venezuela tuvo y tiene, desde sus inicios, claros objetivos políticos. Por supuesto, opinar sobre la efectividad o no de esa estrategia trasciende el alcance del reporte y de estas líneas.