Enrique nunca pensó que las amenazas se concretarían, hasta que encontró una granada sin estallar en el techo de su casa, en el Barrio Guaicaipuro de Maracaibo.
Hasta ese momento, todo se había limitado a una serie de llamadas y mensajes telefónicos desde números registrados en Venezuela, y también en las Antillas Neerlandesas y Francia. Los interlocutores se identificaban como alias Caracas y Adriancito, integrantes de la banda los Meleán que, para la primera mitad de 2020, estaban en proceso de independizarse y formar sus propias agrupaciones.
Al comerciante, de 31 años de edad, le exigían el pago de 100 mil dólares, pues de lo contrario el siguiente explosivo sí detonaría. Finalmente, se transó con los delincuentes por un pago en bolívares.
Durante 2020, esta historia se reprodujo en casi todos los municipios zulianos.
“(La extorsión) ha invadido todo el territorio del estado”, afirmó la directora del Centro de Investigaciones en Trabajo Social de la Universidad del Zulia, Raima Rujano. “En Maracaibo se ve mucho, pero en 2020 la zozobra llegó a todos los municipios. Cualquiera puede ser víctima”, añadió.
Desde 2018, el Zulia ha sido el territorio donde la extorsión es más frecuente. Aunque se trata de un delito rara vez denunciado, es tal la cantidad de acciones que los cuerpos de seguridad se han visto obligados a tomar nota. En el caso ya referido del comerciante en Maracaibo, los contactos con los hampones tenían más de dos meses. Pero la averiguación se inició solo tras el hallazgo de la granada.
Según registros conocidos extraoficialmente, durante 2020 en Zulia se iniciaron 148 averiguaciones por extorsión. Esto representa 37,5% del total nacional. Ningún otro estado del país tiene estas cifras.
Las estadísticas indican que la cuarentena implantada desde marzo del año pasado a propósito de la pandemia por el Covid-19 no detuvo a los delincuentesen el Zulia. Las denuncias de extorsión en el estado occidental se incrementaron en 214% con respecto a 2019.
Un investigador del Observatorio Venezolano de Violencia en Zulia, que pidió la reserva de su nombre por razones de seguridad, indicó que la extorsión pasó del ámbito netamente rural, ejercida por grupos armados de origen colombiano como las FARC y el ELN, a las ciudades, donde las bandas criminales la llevan a cabo, por considerarla “más rentable y menos riesgosa”.
Un listado elaborado para este reporte con base en informes de la Fuerza Armada, la policía regional y el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) indica que en territorio zuliano operan como mínimo 27 grupos, y casi todos intentan obtener ganancias económicas infundiendo miedo en sus víctimas.
La organización más extendida en el Zulia durante 2020 ha sido la encabezada por Erick Alberto Parra Mendoza, mejor conocido como “Yeico Masacre”. Según el rotativo El Tiempo de Bogotá, se trata de un sargento retirado de la Guardia Nacional.
A Parra Mendoza comenzaron a llamarlo así en 2018 tras la matanza del comisario del Cicpc Benito Cobis, jefe de la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas de la policía regional, y dos de sus escoltas. Luego, se desplazó a Colombia, donde tiene operaciones en Bogotá y Bucaramanga. Registros del cuerpo zuliano de seguridad ubicaron a células de su organización en tres municipios durante 2020.
Según fuentes de Cicpc, la banda del “Masacre” ya tiene operadores en Caracas y Miranda. Esto se determinó durante una pesquisa por extorsión a un comerciante de Cabimas, desarrollada en noviembre. Dos de los involucrados en el esquema extorsivo (Yasmari Carolina Rincón, alias “La Gorda”, y Luis Eduardo Rincón) fueron detenidos en el centro de la capital, mientras que el vehículo implicado en la negociación con el empresario fue recuperado en un edificio residencial de Charallave.
La organización de Parra Mendoza sería la que puso de moda la extorsión mediante el estallido de granadas. Con el pasar del tiempo, este procedimiento se ha extendido a otras organizaciones. Según el investigador del OVV, hubo por lo menos 30 casos en 2020 en los que fueron usados estos explosivos, a menudo combinados con disparos.
La extorsión con estos procedimientos llegó a tal nivel en 2020 que ameritó pronunciamientos de la Cámara de Comercio de Maracaibo y de Fedecámaras Zulia. El presidente del gremio empresarial en el estado, Ricardo Acosta, reveló en diciembre que la mitad de los comercios en tres municipios del estado ha recibido amenazas de bandas criminales.
“La situación en el estado se ha salido de control, estos actos ya no pueden ser catalogados como simples delitos comunes, sino como terrorismo en su peor fase; hoy no solo los sectores productivos son víctimas de la extorsión, también nuestra población es víctima directa de estos actos, porque al realizar sus actividades cotidianas son sorprendidos por estos ataques”, alertó la institución en un comunicado difundido el 11 de diciembre.
Pero los extorsionadores se han mostrado refractarios a los comunicados del gremio empresarial. En enero, un video enviado el propietario de una clínica reveló la intención del grupo de Parra por apoderarse de los territorios que antes dominaba la organización de los Meleán, cuyo líder Willy Meleán fue ultimado por la policía colombiana durante una operación en Bucaramanga, dos meses atrás.
“Si le colaborabas a las brujas del Willy, ya Willy no está para defenderte. Tenemos el carro pesado para matarnos con quien sea. ¿Oíste? Por aquí te habla papá la gente de “Yeico Masacre”. Para que estéis claro. Somos culebra de los meleanes y nos matamos con quien sea”.
Más allá de las fronteras
En 2020, las principales bandas criminales del Zulia extendieron sus centros de operaciones hasta distintas ciudades de Colombia. Y con este proceso, llegaron los conflictos.
“La batalla entre los Leales y los Meleán se ha exportado a Colombia, principalmente a Bogotá y Barranquilla”, explicó Jeremy McDermott, director del portal InSight Crime, que analiza el avance del delito organizado en las Américas.
Según El Tiempo, uno de los principales centros de disputa es el sector Ciudad Bolívar, al sur de la capital neogranadina, sede de un intenso mercado de drogas al detal.
“Las estadísticas indican que la cuarentena implantada desde marzo del año pasado a propósito de la pandemia por el Covid-19 no detuvo a los delincuentes en el Zulia”
McDermott cree que estas grandes organizaciones están en proceso de saltar definitivamente al tráfico de estupefacientes. Por eso les interesa tener operadores en ambos lados de la frontera. Lo único que hasta el momento les impediría crecer en este negocio es la pandemia, que ha paralizado las exportaciones del país por vía marítima, donde se ocultan los mayores alijos de cocaína.
Según el investigador del OVV, el creciente aislamiento internacional de Venezuela facilita el asentamiento de criminales en los países vecinos. “Sabemos que entre Venezuela y Colombia hay una diplomacia rota. No hay manera de cooperar, y eso protege a los líderes de estas bandas”, explicó.
Alianzas
Pero el crecimiento de las bandas criminales en el Zulia no puede ser explicado sin atender a los procesos de fusión con otras organizaciones, así como también al respaldo que puedan obtener de factores políticos.
Según McDermott, la banda de los Leal contaría con apoyos de factores del poder regional en el Zulia. Esto explicaría por qué esta organización quedó prácticamente al margen de la acción represiva de los cuerpos de seguridad.
El grupo de “Yeico Masacre” también tendría sus respaldos en los cuerpos policiales. En noviembre, por ejemplo, el director de Cicpc Douglas Rico informó sobre la detención de un detective de ese cuerpo y de un oficial de la policía zuliana por suministrar fusiles y granadas al grupo de Parra Mendoza. Por este caso, quedaron solicitados cinco efectivos del Grupo Antiextorsión y Secuestros de la Guardia Nacional (GAES).
En este contexto, llama la atención que en 2020 las autoridades zulianas mataron a más personas que los demás factores de violencia sumados. El año pasado, las acciones de los uniformados policiales o militares acumularon 732 cadáveres, mientras que hubo 558 homicidios perpetrados por civiles.
Esto pareciera indicar que las policías no están de brazos cruzados. No obstante, según Raima Rujano las operaciones policiales se orientan solo hacia “algunas bandas”, puesto que no existe una real voluntad política de abordar este problema.
“Están atacando a los miembros de algunas organizaciones. Pero solo son los que ejecutan las actividades. Los líderes y sus lugartenientes no se ven afectados. Esto da la sensación de que actúan”, explicó.
@javiermayorca