En la aldea
19 julio 2024

Crisis y femicidio

El efecto psicológico de ser pobre a pesar de madrugar cada día para ir a trabajar puede ser incluso más devastador que el de desempleo de larga duración. La violencia femicida seguirá presente en Venezuela en la medida en que no haya cambios significativos frente a la pobreza y la crisis institucional. Castigar los hechos no es suficiente, las políticas públicas deben ir dirigidas mayoritariamente hacia la prevención, cuando solo se castiga, ya el mal está hecho.

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Zair Mundaray | 11 marzo 2021

La crisis parece haberse convertido en una constante para nosotros los venezolanos desde hace mucho. Incluso antes del advenimiento de la barbarie revolucionaria, ya estaba incorporado en nuestro quehacer diario vivir en crisis, muchas veces sin que identificáramos con certeza cuáles eran sus expresiones perceptibles. Sólo sabíamos que vivíamos en crisis.

Sin embargo, hay una variable en la que todos coincidimos, y es que indudablemente cada vez somos un país más pobre y desigual que hace dos décadas. La pobreza entonces, pasa a ser esa expresión de la crisis que nos persigue, y que unánimemente podemos percibir como real. Amnistía Internacional en 2017, sostenía que la pobreza es la peor crisis de derechos humanos: exige dignidad y, dignidad es cambiar las condiciones que llevan a la pobreza y no a las personas para que acepten sus condiciones de vida injustas. De hecho, la dictadura venezolana hace inmensos esfuerzos para que las personas acepten la precariedad de sus condiciones de vida, llegando incluso al despropósito de venderlo como parte de una épica revolucionaria, sino recordemos las infortunadas consignas “con hambre y sin empleo con Maduro me resteo”, “ser rico es malo”, entre otras menudencias.

Un estudio de la Universidad Complutense de Madrid citando a los investigadores Wilkinson y Pickett, sostiene que el porcentaje de enfermedades mentales en los países desiguales es mucho más alto; los desórdenes de ansiedad de control de impulsos y de otras patologías están altamente relacionados con la desigualdad. La tasa de enfermedades mentales del conjunto de la población es cinco veces mayor en los países más desiguales que en los menos desiguales, las personas tienen cinco veces más probabilidades de ir a la cárcel, seis más de ser obesos y también más riesgos de verse envueltos en un homicidio. El efecto psicológico de ser pobre a pesar de madrugar cada día para ir a trabajar puede ser incluso más devastador que el de desempleo de larga duración. Este último tiene, al menos, la esperanza de encontrar un empleo. El trabajador pobre, en cambio ya tiene una nómina y no ve qué otra cosa puede hacer para escapar de la miseria.

No es mi propósito justificar crímenes en la enfermedad mental, pero sin duda la ausencia de control de los impulsos, junto a otra serie de factores internos y externos son capaces de desatar comportamiento femicida en ciertos individuos. El punto es, que en contextos de crisis profundas de la sociedad como la que atravesamos, los más indefensos, niños, mujeres, ancianos, ven incrementar esa vulnerabilidad frente a la posibilidad de ser víctimas del delito, por una parte; y al mismo tiempo, muchos sujetos que han vivido al borde, en los que ha estado latente la posibilidad de una conducta socialmente desviada, pueden dar el paso hacia la comisión de un delito. Esta concurrencia de factores es la tormenta perfecta para que estemos viendo terribles transgresiones contra mujeres en una Venezuela depauperada.

“En esos hogares liderados por mujeres, la insatisfacción de las necesidades del grupo familiar puede volcarse contra ellas”

Los femicidas muestran una respuesta agresiva a la convivencia diaria. Algunos estudios refieren que, en ocasiones, el sujeto tiene una personalidad insegura, con baja autoestima que lo hace sentir vulnerable frente a la pareja. Por ello, compensa ese sentimiento con el uso de la violencia tratando de afirmar su valor dentro de la relación. A estas dinámicas hay que agregarle la existencia de factores que pueden desencadenar una crueldad impulsiva, como el abuso de alcohol, de drogas, discusiones producto de la misma situación de carencia, presencia de armas, entre otros.

A todo este contexto criminológico, hay que agregar la inexistencia de políticas públicas tendientes a disminuir la violencia en todas sus expresiones. Por el contrario, nos enfrentamos a un modelo de Estado promotor de la violencia, que se percibe desde el verbo oficial, hasta los operativos policiales que imponen el terror en sectores populares, o en cualquier lugar donde surja un reclamo frente a las múltiples vulneraciones de los Derechos Humanos.

Pero hay expresiones de violencia contra las mujeres que estamos normalizando y que son particularmente perversas. La mayoría de los hogares venezolanos están liderados por mujeres. Según datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) para el 2020, 60% de los núcleos familiares son llevados por féminas, mientras solo el 40% es liderado por hombres, esto implica que la supervivencia familiar está en manos mayoritariamente de mujeres, quienes tienen que posponer su proyecto de vida para llevar a cabo diversas tareas. Las colas para comprar alimentos, esperar una caja CLAP, recargar bombonas de gas o conseguir agua, las hacen predominantemente las mujeres; y constituyen formas de violencia constante, casi imperceptible, que sigue acrecentando la discriminación hacia la mujer. Vale decir que esto ocurre bajo el poder de un régimen que ha utilizado la causa de la igualdad sólo como mecanismo de propaganda, pero que en la realidad nada ha hecho a favor de cerrar las brechas.

Ahora bien, en esos hogares liderados por mujeres, la insatisfacción de las necesidades del grupo familiar puede volcarse contra ellas, pues son quienes han asumido la tarea de sacar adelante a sus miembros. De ahí que son la figura que asume los logros, pero también los fracasos del grupo frente a las inevitables carencias.

La violencia femicida seguirá presente en Venezuela en la medida en que no haya cambios significativos frente a la pobreza y la crisis institucional. Castigar los hechos no es suficiente, las políticas públicas deben ir dirigidas mayoritariamente hacia la prevención, cuando solo se castiga, ya el mal está hecho. A manera ilustrativa, vale destacar que el presunto autor de los femicidios en el estado Portuguesa, ya era procesado por abuso sexual y tenía en su haber varias denuncias por violencia de género. Su perfil debía llamar la atención a las autoridades, no se explica cómo estaba en libertad, y mucho menos cómo no estaba sometido a reeducación o seguimiento. Así debe haber muchos acechando ante un Estado incapaz de proteger a sus ciudadanas. Sólo una sociedad más igualitaria en todos los ámbitos, permitirá erradicar progresivamente este mal.

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La opinión emitida en este espacio refleja únicamente la de su autor y no compromete la línea editorial de La Gran Aldea.
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