“Desprotegidos”. No hay una mejor forma de definir la situación de buena parte de los millones de venezolanos que se encuentran fuera del país por la ausencia de servicios consulares, otra más de las carencias de un país que se extienden fuera de sus fronteras, tal como lo ha documentado el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB).
En su más reciente informe, titulado “Desprotegidos. Impacto de la ausencia de servicios consulares en los derechos de la población venezolana en el exterior”, los investigadores compilaron entrevistas realizadas entre diciembre de 2020 y marzo de 2021 en varios países de América y Europa, las que les permitieron constatar la alta deficiencia en la producción de documentos por parte del Estado venezolano, que afecta a todos los ciudadanos, bien sea que estén dentro o fuera del país.
“Estas deficiencias se complican más para quienes han salido de Venezuela y residen en países en los que no hay servicios consulares venezolanos o donde estos tienen una operatividad limitada, repercutiendo en el acceso y disfrute de diferentes derechos”, señala el informe.
En esto ha incidido la declaración del 23 de enero de 2019 de un gobierno de transición en Venezuela, que dio lugar a la ruptura de relaciones de varios Estados con el gobierno representado por Nicolás Maduro. Esta medida en algunos casos trascendió el ámbito diplomático y alcanzó el de las relaciones consulares.
Este hecho dificulta el acceso a ciertos documentos o realizar determinados trámites, principalmente el de obtener un pasaporte nuevo o prorrogar uno ya existente, lo que a su vez no solo afecta el libre tránsito, sino que además limita otras diligencias, como la obtención de una visa que permita la permanencia en condición regular en el país receptor.
Por ejemplo en Colombia, detalla el informe, la ausencia de pasaporte constituye una barrera para el acceso al derecho a la salud, más allá de la atención por urgencias, incluyendo, entre otras situaciones, toda el área de salud sexual y reproductiva.
Para Ligia Bolívar, responsable de la investigación, estamos en “una situación atípica”, pues hay consulados en manos de representantes de Nicolás Maduro y otros en manos de representantes del gobierno de transición. Pero también hay países con servicios consulares duales, donde “conviven consulados con representación de Maduro y representantes del gobierno de transición, lo que incide negativamente en los derechos de los venezolanos en el exterior”.
Radiografía
La investigación arroja que la mayor parte del servicio consular venezolano está administrado por funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, quienes, en teoría, están plenamente facultados para realizar todas las funciones propias del servicio consular. Sin embargo, la asistencia prestada no es uniforme y, desde hace algún tiempo, muchos consulados no emiten pasaportes, sino que funcionan como intermediarios para recolección de datos, recepción y entrega del documento, ya que el Gobierno ha contratado con empresas para esta gestión.
Señala el informe que en cuanto a la asistencia consular para casos de emergencias de salud, robos, detenciones, defunciones y repatriación de fallecidos, entre otros, la mayoría de los entrevistados coincidieron en valorar negativamente el apoyo consular en estas situaciones, salvo algunas excepciones.
“El balance general es el de un servicio deficiente, frente al cual el ciudadano se siente en minusvalía, toda vez que los funcionarios no actúan con la debida diligencia en el desempeño de sus atribuciones”.
Fuera de este ámbito donde el régimen de Maduro tiene el control de la gestión, existen países que no reconocen su gobierno. En esta situación se encuentran, por ejemplo, Colombia y Estados Unidos, donde existe una representación de la Asamblea Nacional electa en 2015, quienes han asumido algunas funciones de carácter consular.
“Se recomienda a los Estados receptores de población venezolana reconocer los pasaportes vencidos por un mínimo de 5 años”
En condiciones normales, un país que no tiene relaciones diplomáticas ni consulares con otro Estado desarrolla acuerdos con un tercer país para que se haga cargo de los servicios consulares a sus ciudadanos. Señala el informe que los venezolanos en Colombia y Estados Unidos no tienen posibilidad de acudir a un tercer país para la realización de gestiones consulares, por lo que los connacionales en estos países se encuentran en una situación de indefensión.
Reportan los investigadores que hay una tercera modalidad, la de aquellos países que, aunque no reconocen a Maduro como presidente, no han roto relaciones diplomáticas, o se ha dado una ruptura de relaciones diplomáticas sin afectar los servicios consulares.
Los consulados bajo el control de representantes de Maduro cobran por sus servicios y estos cobros varían de sede en sede, y las representaciones a cargo del gobierno representado por la Asamblea Nacional electa en el año 2015 no cobran por los servicios ofrecidos.
Otro fenómeno que se observa en algunos de estos países es el decrecimiento de la representación del gobierno de Maduro, como es el caso de Canadá y Francia, lo que implica una pérdida progresiva de opciones para la realización de trámites consulares por parte de la población venezolana residente en estos países.
Por los derechos
Agrega que es importante subrayar que restablecer servicios consulares no implicare conocimiento de la legitimidad de un gobierno. “Son muchos los Estados que tienen diferencias en cuanto a la legitimidad política de un gobernante y, sin embargo, mantienen relaciones consulares -aunque no diplomáticas- a fin de no trasladar a los pueblos las consecuencias de las discrepancias políticas”.
El informe indica que, en el marco de flujos mixtos, donde una gran cantidad de personas requieren protección internacional, es necesario recordar que es posible la adopción de medidas complementarias.
Asimismo, entre otros puntos, se recomienda a los Estados receptores de población venezolana reconocer los pasaportes vencidos por un mínimo de 5 años y asegurarse de trasladar la normativa que den la validez a los diferentes entes del Estado en todos sus niveles y al sector privado, a fin de evitar negativas o demoras en la realización de trámites que requieren pasaporte, a causa de falta de información sobre la normativa.