En algunas casas de Antímano hay avisos que ofrecen servicios de peluquería, manicurista y venta de pan. Es la forma que han encontrado los vecinos de esa parroquia, al oeste de Caracas, para hacerle frente a la crisis económica de Venezuela, que se agudizó a raíz del confinamiento por la pandemia de la Covid-19.
Tras un año y un mes de pandemia, en ciertas comunidades casi no se acata el confinamiento. La semana de cuarentena radical tiene la misma cantidad de gente en las calles de Antímano que la semana de cuarentena flexible, porque los vecinos necesitan producir dinero, contó el líder comunitario José Gregorio Ochoa.
El martes 6 de abril, luego de tres semanas de radicalización de la cuarentena en el Distrito Capital, estados Miranda y Vargas, Nicolás Maduro anunció la vuelta al esquema 7+7 y un conjunto de medidas económicas para hacer frente a las restricciones de las actividades. Horas antes de la alocución del mandatario, que suelen ser los domingos, los usuarios de la Estación Charallave Sur del ferrocarril superaron los controles de ingreso del sistema y entraron a la fuerza, ante la negativa de los cuerpos de seguridad de permitirles el paso.
“El 96% de los hogares venezolanos están en condición de pobreza y 79% en pobreza extrema”
Datos Encovi 2019-2020
Un testigo contó que la estación Charallave Sur es muy concurrida porque convergen usuarios provenientes de Santa Teresa, Ocumare, Cúa y Yare. Esa semana, que la movilización estaba restringida, los funcionarios policiales exigían salvoconductos y este control generó un retraso que alteró a las personas que pretendían llegar a Caracas.
Con la presencia de la cepa brasileña, Venezuela atraviesa el segundo pico de contagios por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, desde que se anunció oficialmente el primer caso el 13 de marzo de 2020. Hasta el 15 de abril de este año la Comisión Presidencial para la Prevención y Control de la Covid-19, del gobierno de Maduro, reconoció 178.094 contagios y 1.834 fallecidos.
Según Maduro los bonos “quédate en casa” serán para 2 millones de trabajadores de la empresa privada, y el “cuarentena radical” para 4 millones de trabajadores informales, que estén registrados en el Sistema Patria.
“El 70% de la población trabaja más de 35 horas a la semana, y 24% labora 46 horas semanales”
Datos Encovi 2019-2020
Para Marco Antonio Ponce, Coordinador General del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), la entrega de estos bonos responde a una política de Estado dirigida a consolidar el control social en los venezolanos, mecanismo que es discriminatorio.
“El régimen utiliza todas las plataformas comunicacionales afines para intentar crear una sensación de estabilidad económica y de respuesta positiva institucional. Este mecanismo además de ser discriminatorio es parcial e insuficiente”.
Solo en el primer trimestre de 2021 el OVCS registró 1.500 protestas en Venezuela, principalmente por reclamos sociales. En 2020 hubo 9.633 manifestaciones en el país: 5.905 que exigían la mejora de servicios básicos y 1.902 por la escasez de gasolina.
“Solo en el primer trimestre de 2021 el OVCS registró 1.500 protestas en Venezuela, principalmente por reclamos sociales”
“Las medidas implementadas por el régimen de Maduro buscan la conducción del gran conflicto que se vive en el país, donde la pobreza sigue aumentando aceleradamente, con el fin de apaciguar a los ciudadanos para que no exijan o reclamen sus derechos”, explicó Ponce.
José Gregorio Ochoa, líder comunitario de la parroquia Antímano, asegura que los bonos anunciados por Maduro son “un paño de agua tibia” que no ayudan realmente a los ciudadanos. Por ello, en su comunidad se han incrementado las ventas informales, como una forma de subsistencia a la crisis.
“En los sectores populares no hay temor, aquí se ve de todo: La inseguridad desbordada, muertes o enfermedades por otras causas y ya no se le presta atención a las medidas de cuarentena porque la gente necesita trabajar. Al principio de la pandemia había más temor y también más campañas educativas”.
Gobierno de Maduro sin estrategia para la Covid-19
Eduardo es mecánico y vive en los Valles del Tuy. Debe viajar de lunes a viernes, al taller en Colinas de Bello Monte, municipio Baruta del estado Miranda. Su trabajo es el único sustento para su familia, por eso con las medidas de bioseguridad que puede cubrir toma el transporte público a diario.
“En casa es muy difícil estar encerrado sin poder producir, tenemos muchas necesidades y hay que buscar hacer algo porque en la casa es demasiado difícil estar sin cobrar. Subimos en semana radical también para producir y no para salir de casa porque estamos aburridos”, contó.
El esquema 7+7 no es una estrategia adecuada para detener los contagios de la Covid-19, pero sí para mantener cierto nivel de tranquilidad en la población y reflejar que se está trabajando para frenar la pandemia, explicó Benigno Alarcón, Director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello.
Agregó que el gobierno de Maduro sabe “desde hace mucho tiempo” que la mayor parte de la población necesita salir a trabajar para ganarse la vida y no podría mantener una cuarentena estricta. Esta medida podría revertirse, generar que las personas salgan a la fuerza y haya algunos enfrentamientos.
“En 2020 hubo 9.633 manifestaciones en el país: 5.905 que exigían la mejora de servicios básicos y 1.902 por la escasez de gasolina”
Datos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) 2019-2020, el 96% de los hogares venezolanos están en condición de pobreza y 79% en pobreza extrema. Esta investigación también revela que un 70% de la población trabaja más de 35 horas a la semana, y 24% labora 46 horas semanales.
“No hay demasiado énfasis en evitar que la gente salga, como el año pasado, porque antes había muchos llamados a protestas y en ese momento al Gobierno le interesaba paralizar todo. Pero ahora las protestas no son políticas, son por las necesidades de la gente por esta debacle económica”, indicó Alarcón.
El 6 de abril Maduro también anunció que las personas naturales que estén registradas en el Sistema Patria, recibirán un descuento de 25% en las tarifas del agua potable y la luz eléctrica en los meses de abril y mayo. Extendió hasta septiembre la prohibición de ejecutar garantías de crédito, dijo que las nuevas microempresas creadas en 2021 no pagarán tasa en el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), o en el registro mercantil, y firmó el Decreto de inamovilidad laboral hasta el 31 de diciembre de 2022.
“El Gobierno tiene mucho más control que el del año pasado, si quisiera ejercer más control lo haría, pero ellos entienden que tienen debilidades para ejercer la represión y tratan de no generar una escalada del conflicto”, añadió el politólogo.
Cuatro días después de los anuncios de Maduro, el sábado 10 de abril la vicepresidenta Delcy Rodríguez informó que consignaron un anticipo de 59,2 millones de francos suizos para garantizar, a través del mecanismo Covax, 11,3 millones de dosis para vacunar a 20% de la población.
Alarcón indicó que la vacunación en Venezuela se había convertido en una forma de chantaje del gobierno de Maduro para pedir que le quitaran las sanciones internacionales. “El Gobierno ya no puede seguir esperando, están jugando en su contra porque no tienen capacidad para afrontar la pandemia y decidieron apelar a la vacunación”.
El politólogo alegó que Venezuela no tiene recursos en los hospitales para afrontar la pandemia y decidió la vacunación. En este sentido, Marco Antonio Ponce, Coordinador General del OVCS, añadió que el colapso en los centros de salud no se relaciona con los datos oficiales.
“Por eso cada vez aumentan los reclamos y exigencias de vacunas, tanto en el sector de los trabajadores de la salud, que son los más expuestos, como en el resto de la ciudadanía”, finalizó Ponce.