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24 mayo 2024

La falta de rendición de cuentas, la norma de los gobiernos en Venezuela

Presentar los datos financieros que incluyan las metas de desempeño de cada programa de gasto y autoridades responsables, para poder después evaluar si los recursos destinados para cada actividad fueron ejecutados correctamente; así como saber el impacto o beneficios que tuvieron para la sociedad venezolana, ¿es mucho pedir? Garantizar transparencia y generar confianza reduce las oportunidades de robo de los recursos públicos. La rendición de cuentas, un asunto pendiente por el gobierno de Maduro y también por el Gobierno interino.

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Eugenio G. Martínez | 27 abril 2021

La rendición de cuentas es esencial. Es bien sabido que durante el mandato de Hugo Chávez el presupuesto subestimaba deliberadamente el tipo de cambio, la inflación, los ingresos y no incluía recursos manejados discrecionalmente a través de los fondos chinos, Fonden y PDVSA.

Con la llegada de Nicolás Maduro al poder se incrementó la opacidad a través de los decretos de Emergencia Económica y las decisiones de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que permitían a Maduro dejar de presentar el presupuesto y la Ley de Endeudamiento ante la Asamblea Nacional electa en el año 2015.

Según la organización Transparencia Venezuela “en los últimos 15 años en Venezuela se ha dado forma a la cultura del secreto dentro de la administración pública, negando el derecho de los ciudadanos de acceso a la información para conocer en detalle el manejo que se le da a los recursos del Estado y la forma en que se toman las decisiones que, de manera directa o indirecta, incidirán en su calidad de vida”.

Transparencia Venezuela recuerda que “los niveles de opacidad en Venezuela, es decir, la falta de transparencia dentro de las acciones de la administración pública en los últimos años, se convirtieron en una especie de norma”. En sus informes relatan que hasta el 2015 (momento en que la oposición tomó el control del Parlamento Nacional) surgió un universo de 217 leyes, de las cuales 42 promueven el secreto de información, junto a 11 decretos (de un total de 251), es decir que de un universo de 475 instrumentos legales 60 contienen disposiciones sobre opacidad.

“No hay datos oficiales”, es la respuesta común en Venezuela al momento de intentar obtener información de carácter público. Esta política oficial de negar información se acentúa desde 2020 con la aprobación de la Ley Antibloqueo, cuyo artículo 18 faculta al Ejecutivo Nacional a registrar de forma separada los ingresos que se generen en el Tesoro Nacional con la intención de sustraer estos ingresos de los controles presupuestarios.

Por otra parte, el artículo 28 faculta al Poder Ejecutivo para modificar el régimen jurídico de selección de contratistas, específicamente en lo relativo a la compra de bienes y servicios. Adicionalmente, la confidencialidad de documentos administrativos y limitaciones del acceso a la información que hacen imposible conocer los expedientes de los actos administrativos, compras y ventas que el Estado realizará amparado en esta Ley. 

Según Transparencia Venezuela, el 15% de los artículos de la Ley Antibloqueo se centran en garantizar la confidencialidad de las operaciones que realiza el Estado.

Las omisiones de la oposición

Aunque sin llegar a la opacidad de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, las críticas en torno a los manejos administrativos del Gobierno interino encabezado por Juan Guaidó comienzan a ser cada vez más constantes.

La aprobación del presupuesto del Gobierno interino para el año 2021 provocó que Transparencia Venezuela recordara a los integrantes de la Comisión Legislativa de la Asamblea Nacional electa en 2015 “su obligatoria transparencia y rendición de cuentas con datos completos para el país”.

Según Transparencia Venezuela “a pesar de que el Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital, aprobado el 4 de marzo de 2020 no tiene el alcance de la Ley de Presupuesto, sí representa la administración financiera del gobierno interino que se nutre con recursos públicos (…) los venezolanos deben tener acceso a la información que permita comprender objetivos, responsables, proyectos, metas esperadas, fuentes de ingresos y saber cómo se va asignar el gasto, contemplando diversos criterios de clasificación”.

“Según Transparencia Venezuela, el 15% de los artículos de la Ley Antibloqueo se centran en garantizar la confidencialidad de las operaciones que realiza el Estado”

Previo a la aprobación del presupuesto 2021, el pasado 22 de abril el diputado Freddy Guevara aseguró que la discusión del presupuesto sería pública, al tiempo que prometió difundir la exposición de motivos y la publicación en Gaceta Oficial, como el resto de los presupuestos que han sido aprobados por el Gobierno interino.

En concreto, el pasado 22 de abril la Comisión Delegada del Parlamento electo en 2015 autorizó al Gobierno interino un presupuesto por 152.330.533 millones de dólares para 2021.

En sentido estricto no se trata de presupuesto, sino de un crédito adicional porque la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no permite que la Comisión Delegada tenga competencias para discutir presupuestos, pero sí créditos adicionales. Sobre este tema los integrantes de la Comisión Delegada no precisaron por qué no se convocó a todos los diputados a discutir oportunamente el presupuesto del año 2021, como se estable en la Ley.

Entonces, el crédito adicional (aprobado como presupuesto) será ejecutado a través del Fondo para la Liberación de Venezuela y registra un incremento de 62,6 millones de dólares para el gasto social, en comparación con los recursos asignados en 2020.

Sobre los recursos asignados el año pasado, a la fecha no se ha entregado la rendición de cuentas respectivas, como tampoco se ha precisado las licencias que fueron aprobadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y si estas licencias se aprobaron en los términos solicitados por la Asamblea Nacional para 2020.

Sobre el presupuesto 2021 la fuente de financiamiento serán los recursos certificados mediante oficio emanado por la junta administradora ad hoc del Banco Central de Venezuela en fecha 8 abril, los cuales están disponibles en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, en EE.UU.

¿Cómo se reparten los 152.330.533 millones de dólares del presupuesto? Unos 100 millones están destinados al reforzamiento de la cadena de frío de las vacunas contra la Covid-19 y del plan de vacunación, adquisición de vacunas vía el sistema Covax; ayuda humanitaria a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Entre los 100 millones de dólares también se incluye la atención de casos de riesgo vital.

Sobre este punto, los integrantes de la Comisión Delegada no han precisado cómo se distribuirán estos recursos si el gobierno de Nicolás Maduro cancela el 100% de lo que Venezuela debe pagar en Covax. Por otra parte, las ONG que monitorean el tema de Salud en Venezuela recuerdan que aún no se ha entregado la rendición de cuenta de programas similares ejecutados en 2020 como Héroes de la Salud.

Otro punto que no ha precisado por los integrantes de la Comisión Legislativa de la Asamblea Nacional electa en 2015, se centra en los recursos aprobados el 19 de marzo por 30.309.040 millones de dólares como parte de los acuerdos alcanzados en la Mesa Técnica para el acceso del país a Covax. ¿El presupuesto aprobado el 22 de marzo de 100 millones de dólares incluye estos 30.309.040 millones de dólares?

Según la información difundida desde la Asamblea Nacional, para el 2021 se utilizarán 23.496.400 millones de dólares para defensa de la democracia. Esto incluye actividades de formación, organización y apoyo al activismo ciudadano para restituir el orden constitucional, la defensa de los Derechos Humanos y la petición de elecciones libres.

En total, en el caso de defensa de la democracia el presupuesto se divide así: Gastos de Personal 515.900 dólares; Materiales y Suministros 363.000 dólares; Servicios No Personales 7.070.250 millones de dólares; Activos Reales 51.000 dólares; y Transferencias y Donaciones 15.496.250 millones de dólares. Total: 23.496.400,00 millones de dólares.

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La mayoría de las asignaciones de 2021 para la defensa de democracia se dividen en 5 zonas. Sin embargo, a la fecha no se ha indicado a qué corresponden estas zonas. ¿Partidos políticos?, ¿embajadas?, ¿zonas geográficas? En 2020 solo se dedicaron solo 8,5 millones de dólares a la defensa de la democracia.

Hasta la fecha, no existe precisión sobre el significado de las zonas y la forma en que se distribuyen los recursos entre ellas.

Lo referente a los magistrados en el exilio, el presupuesto asignado para 2021 es de 1.758.000 millón de dólares dividido de la siguiente manera: Gastos de Personal 1.482.000 millón de dólares, y Transferencias y Donaciones 276.000 dólares.

Magistrados by La Gran Aldea

No obstante, en el caso de las Juntas Directivas ad hoc de CVG el presupuesto es de 198.000 dólares; CVP 232.000 dólares; Bandes 198.000 dólares; Pequiven 198.000 dólares, PDVSA 327.000 dólares, y Banco Central 215.000 dólares.

Por otra parte, destaca que 4.268.675 millones de dólares serán para el Consejo de Administración del Gasto (que se encarga, entre otras funciones, de las gestiones ante la OFAC). En 2020 este consejo recibió 3,7 millones de dólares.

En comparación a 2020, solo el dinero destinado a la Asamblea Nacional y a la Comisión de Asuntos Exteriores disminuyó. El descenso del presupuesto asignado al Parlamento se explica por la reducción en la cantidad de integrantes mensuales que trabajan y que desempeñan funciones en la Asamblea Nacional por la instalación de la Comisión Delegada.

Presupuesto General Aprobación AN – Marzo 31-2021 by La Gran Aldea on Scribd

En el resto de los casos las partidas aumentaron. La mayoría del presupuesto -aprobado como crédito adicional- se centra en el pago de burocracia. ¿Cuántas personas trabajan para el Gobierno interino? Extraoficialmente, se indica que el Gobierno interino tiene una nómina de 2.800 personas (entre todas las áreas que lo componen). No obstante, esta información no ha podido ser confirmada.

Para la comisión presidencial de Asuntos Exteriores se prevé un presupuesto de 5.614.700 millones de dólares, dividido de la siguiente manera: Gastos de Personal 3.810.000,00 millones de dólares; Servicios No Personales 571.170 dólares; Transferencias y Donaciones 1.064.400 millón de dólares; Otros Gastos 169.130,04 dólares.

En el presupuesto no se contempla pago de salarios para el Canciller, ni para el Vicecanciller, no obstante sí se considera el pago de entre 3.500 y 4.000 dólares para los embajadores del Gobierno interino.

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Los problemas desde 2020

Según Transparencia Venezuela para poder analizar el presupuesto se debe tener acceso “a la información que permita comprender objetivos, responsables, proyectos, metas esperadas, fuentes de ingresos y saber cómo se va asignar el gasto, contemplando diversos criterios de clasificación (…) Todo esto no son exigencias exageradas, son procesos formales mínimos para garantizar transparencia y generar confianza. Esto no solo reduce las oportunidades de robo de recursos públicos, sino que sirve como herramientas de gestión”.

La ausencia de esta información también se detectó en 2020. En relación con el anterior presupuesto los técnicos de Transparencia Venezuela advierten que su evaluación resulta negativa porque los datos publicados en la Gaceta Legislativa N°33 del 16 octubre de 2020 “distan considerablemente de cumplir con las buenas prácticas de transparencia fiscal”.

“¿Cuántas personas trabajan para el Gobierno interino? Extraoficialmente, se indica que el Gobierno interino tiene una nómina de 2.800 personas”

Transparencia Venezuela asegura haber recomendado al Gobierno interino presentar una exposición de motivos que justifique en términos generales, cómo la distribución propuesta de los recursos del Fondo permitirá alcanzar los objetivos previstos en el Estatuto que Rige la Transición a la Democracia.

Adicionalmente, han solicitado un breve balance de lo logrado en el ejercicio fiscal previo y lo que se espera lograr con el presupuesto para este año. Aclarar los tiempos que abarca cada ejercicio fiscal.

Sobre los gastos, han sugerido al Gobierno interino presentarlos discriminados atendiendo la clasificación orgánica o administrativa (que responda a la pregunta ¿quién gasta?); la clasificación económica (que muestra la distribución entre gastos corrientes y capital); la clasificación funcional o sectorial (que responda a la pregunta ¿para qué se gasta?); la clasificación por partidas, que permite el registro contable.

También han recomendado presentar datos no financieros que incluyan las metas de desempeño de cada programa de gasto y autoridades responsables, para poder después evaluar si los recursos destinados para cada actividad fueron ejecutados correctamente; así como presentar el “Impacto o resultados esperados para la sociedad venezolana en su conjunto”.

Según Transparencia Venezuela, en marzo de 2021 solicitó a los integrantes del Consejo de Administración del Gasto del Fondo para la Liberación de Venezuela el informe de gestión de 2020, aunque fue prometido para finales de ese mismo mes, aún no ha sido entregado.

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