Nicolás Maduro está en el timeline de Jorge Rodríguez, en su cuenta de Twitter. Ha posteado el discurso de su jefe de este domingo 25, cuando celebró los 22 años de la convocatoria a referendo consultivo para abrirle camino a una asamblea constituyente que se desarrollaría a la medida del comandante Hugo Chávez. Maduro, derrochando, como de costumbre, hermosa labia gramatical, dice que en ese año hubo «connn-trución» de verdadera democracia participativa. Que a partir de entonces fue posible el modelo de la prosperidad recuperada, el modelo de la igualdad y de la justicia; agrega que, hace 22 años, cuando se hablaba de educación pública gratuita parecía algo imposible pues en aquel tiempo eso se había acabado: «El neoliberalismo impuso una ideología inhumana que rechazaba la educación pública gratuita, así como la salud pública de calidad… Para ellos [es decir, para quienes no eran chavistas], la idea era que nadie tuviera derecho [a una educación y a una salud pública gratuita y de calidad]».
Por cierto: Hasta 2017 se supo que 11 mil 466 niños, niñas y adolescentes habían fallecido el año anterior en todo el país por diferentes problemas relacionados con salud y desnutrición. Entre los males que causaron esa mortandad se contaban difteria, malaria, brotes de sarampión, tuberculosis, virus H1N1. Había, igualmente, unas cifras alarmantes de madres adolescentes que sucumbían al embarazo. Varias de esas enfermedades o pandemias habían sido desterradas o minimizadas en democracia pero volvieron con el chavismo. A partir de 2017, no más cifras, entonces, mutis total, la ministra que había dejado colar esa muestra de preocupación socialista por la salud de los menores fue desalojada del cargo. Más nunca. Una ONG que quiso obtener las cifras de sarampión tuvo que averiguarlas en la Organización Panamericana de la Salud porque el gobierno madurista las escamoteó, se las birló al pueblo por el que tanto se sofoca.
Esa misma ONG, hace un par de semanas, tuvo que pagar 160 dólares para traerse a una madre con su hija que padece cáncer desde Cumaná a Caracas: 80 dólares por la madre, 80 dólares por la hija, en un carro de alquiler. No había otra forma de traerse a esa niña para que recibiera el tratamiento debido y urgente que necesitaba.
“El chavismo pretende controlar movimientos financieros, la lista de todos los beneficiarios de una ONG y de otras organizaciones con las que trabaje bajo la presunción de incurrir en delitos como el terrorismo”
Con la providencia que acaba de sacarse de la manga el Ejecutivo madurista, esa operación para salvar a una niña será analizada y examinada por quienes, dentro del Gobierno, se dedican a determinar qué es terrorismo y qué no. Eso es, a fin de cuentas, esa providencia administrativa número 001-2021, una declaración de guerra a las organizaciones humanitarias y de asistencia a los venezolanos más vulnerables. Todo bajo el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, adscrita al Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Providencia a todas luces sub-legal, como la llaman los expertos en Derecho, publicada en Gaceta Oficial tal y tal.
Más de 700 organizaciones no gubernamentales, que disponen de recursos logrados a través de entes privados o públicos de dentro y de fuera del país, han puesto el grito en el cielo ante este panorama: De ahora en adelante las ONG deberán revelar su listado de donantes y montos de donaciones, con facturas y demás detalles. Sin embargo, hay acuerdos de confidencialidad a nivel internacional que hasta ahora han respetados en la Ley Orgánica para la Protección del Niño Niña y Adolescente (Lopnna) y otras leyes venezolanas que están por encima de una providencia. De allí lo de sub-legal. El chavismo pretende controlar movimientos financieros, la lista de todos los beneficiarios de una ONG y de otras organizaciones con las que trabaje bajo la presunción de incurrir en delitos como el terrorismo. O sea, que el chavismo en el poder, que sabe mucho de terrorismo porque es su especialidad, no quiere que -por ejemplo- la plata que se necesita para pagar un viaje de una niña que sufre de cáncer con su madre, entre Cumaná y Caracas, sea desviada para atentar en su contra.
-En general, las organizaciones nos negamos a entregar nuestra data -dice una activista de los Derecho Humanos que prefirió reservar su nombre-, tenemos que proteger a los beneficiarios. Uno en este país no sale de su asombro. No vamos a parar hasta que esa providencia sea derogada. Si ya se meten con nosotros de todas las maneras, ¿cómo será ahora?
Se refiere a los allanamientos de asociaciones como Convite, Acción Solidaria, Prepara Familia (en Caracas) y Azul Positivo (en Maracaibo, estado Zulia). De esta última aparece un titular en el portal de Amnistía Internacional con una clave: «Los miembros del personal de una ONG humanitaria detenidos son presos de conciencia».
La confidencialidad cuida de las víctimas. Por ejemplo, en instancias panamericanas de Derechos Humanos se evita que los nombres de los declarantes, en calidad de testigos o víctimas, salgan a la luz. Se les pide a los organismos guardar estos nombres para evitar la represalia interna. Es un régimen que tortura, reprime y asesina: no debe olvidarse eso.
Igual los informes que se hacen llegar a las Naciones Unidas. No hay nombres porque sería como sentenciar a los dueños de tales nombres a ser más víctimas de lo que ya lo han sido. Los benefactores también podrían ser perseguidos, estigmatizados, chantajeados.
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Como Human Rights Watch (HRW) muchas otras instituciones de prestigio lo tienen claro desde hace tiempo: el gobierno de Nicolás Maduro es un contumaz violador de los Derechos Humanos. Entre otras tropelías, ha encarcelado a opositores políticos y los ha inhabilitado para postularse a cargos públicos. A los reos de la oposición los utilizan como comodines en caso de necesidad. HRW y otras organizaciones que siguen el pulso de la situación en el país, saben que los medios venezolanos, que operan dentro o afuera, dan visibilidad a las violaciones y eso va en sentido contrario a la política de la hegemonía comunicacional. Pero los hostigamientos y agresiones a los medios son parte de una campaña más amplia contra la sociedad civil en Venezuela, advierte Human Rights Watch en su más reciente informe. Más allá de los medios, el madurismo apunta hacia todo aquel que defienda los Derechos Humanos.
El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana acaba de hacer público un extenso y pormenorizado informe. Una de sus conclusiones: «El gobierno de Maduro ha aprovechado la emergencia sanitaria y el estado de alarma con el que se le han otorgado poderes ilimitados al presidente de la República para incrementar las violaciones graves y generalizadas de Derechos Humanos». Ese es el Gobierno que celebra los 22 años que marcaron el comienzo de la era de la educación y sanidad gratuitas y de calidad para todos.
En los hospitales donde hay niños que necesitan permanecer allí, el generoso Estado sanitario de Nicolás Maduro les da en la mañana una arepa sin relleno, al mediodía granos sin condimento alguno y granos en la noche, igual. Eso, independientemente de la patología que tengan. Si tiene cáncer necesita una dieta balanceada, pero no: el generoso Estado sanitario socialista le da siempre lo mismo, cada día, arepa sin nada y granos desabridos. O si el joven es nefrótico, que también tiene necesidades alimenticias especiales… no, tampoco hay suplementos nutricionales para los niños con desnutrición.
El Estado debería apoyarse en esas organizaciones que se la pasan buscando alimentos, recursos, medicinas y material quirúrgico para asistir a la gente que no puede atender o de la cual se ha olvidado. Pero más bien se les declara como enemigo. Las organizaciones internacionales se apoyan en estas ONG locales. Por ejemplo, ¿cómo podría llegar el Programa Mundial de Alimentos a todos los que debe llegar si no fuese por la organización de Fe y Alegría?
En el país donde, relativamente, han fallecido más individuos del sector sanitario por causa de la Covid-19, 30% apenas del personal sanitario ha sido vacunado hasta ahora. Médicos Unidos calcula entre 400 y 500 mil profesionales los que actúan en este sector, sean médicos, enfermeras, ayudantes, etc. Eso sí, todos los asambleístas salidos de las elecciones del pasado diciembre fueron debidamente vacunados. Las personas que deben ser trasladadas periódicamente a las unidades de hemodiálisis, en cambio, no.
Nicolás Maduro y su celebración de aquel domingo de 1999 en que el chavismo triunfó con la promesa del castigo a los adecos y la esperanza de una sanidad gratuita y de calidad para todos, ¿dónde ha quedado, Nicolás?, ¿dónde, Jorgito de las loas a tu jefe?, ¿dónde, Diosdado de los mazazos?
«Con esta providencia, el espacio cívico y la libertad de asociación se ven restringidos», apunta otro activista de los Derechos Humanos que también resguardó su nombre. Debería haber un pronunciamiento próximo por parte de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
@sdelanuez
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