El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, al no más obtener su partido Nuevas Ideas, una notoria mayoría que le da control sobre la Asamblea Legislativa de su país, ha optado un sábado y Día del Trabajador, por destituir a todos los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Las tensiones de Bukele con el Parlamento anterior eran notarias. Apenas en febrero de 2020 les presionó para obtener un crédito cercano a los 100 millones de dólares e invocando una conversación directa con “Dios” señaló que en oración el Señor le había pedido paciencia, pero todos sabían, incluyendo la Fuerza Armada y los Cuerpos Policiales, que él tenía el poder para “bajar el botón”, en clara referencia a la posibilidad material de arremeter contra esa Asamblea Legislativa.
En esa ocasión Bukele se presentó en el Parlamento acompañado de un contingente militar generando una imagen repudiable para los demócratas civiles, pero al mismo tiempo alegó con cinismo que la violencia no era el mejor camino. Estos hechos produjeron una decisión de la Corte Suprema de Justicia mediante la cual se anularon los acuerdos producidos en esa atípica y hostil sesión de emergencia de la Asamblea Legislativa advirtiéndose que estas actitudes intimidatorias atentan contra el gobierno republicano, representativo y democrático de el Salvador.
Pero esta vez, con 64 votos a favor, 19 en contra y 1 ausencia, Bukele sí presionó el botón al destituir a todos los magistrados de la Sala Constitucional con lo cual ha dado al traste con el sistema de control y contrapesos de poderes, previsto en la Constitución de su país.
“Se trata de asegurar el libre ejercicio de la función pública, sin amenazas de destitución ni hostigamientos”
No se trata de juzgar a Bukele por su juventud, gestión, popularidad, ideología e incluso por su legitimidad de título u origen. Es decir, no se trata de evaluar lo que Pierre Rosanvallón denomina la legitimidad de gestión o de administración. El tema grueso en este caso es el respeto a los límites que la democracia constitucional impone al ejercicio del poder político. El líder mesiánico, caudillo populista jurásico o actual, civil o militar, joven o en la tercera edad, de derecha o izquierda que es lo más usual, siempre buscará liberarse de las amarras que impone la Constitución para ejercer el poder a sus anchas. Se siente obligado a responder a un llamado superior que lo convierte en ungido, para salvar a su pueblo de las garras de las instituciones corruptas que impiden su misión. El caudillo populista encarna al pueblo y por ello debe atender a lo que Ernesto Laclau llamó las demandas sociales insatisfechas, así tenga que cargarse el orden constitucional (importante la “r”).
Pero la legitimidad de origen, la ideología, la invocación de la voluntad del pueblo ni los llamados de Dios, son excusas válidas para atentar contra la división y autonomía funcional de los poderes públicos, como garantía del respeto a la supremacía constitucional. La mayoría parlamentaria no puede ser la horca de la Constitución, precisamente por ello se han creado sistemas de elección como la representación proporcional de minorías y las mayorías calificadas para tomar decisiones en las materias más delicadas que son de alto interés nacional. La destitución de titulares del poder público requiere un entendimiento entre los otros poderes; se trata de asegurar el libre ejercicio de la función pública, sin amenazas de destitución ni hostigamientos. No podemos juzgar a los magistrados destituidos sin conocimiento de causa, pero aún en el peor de los casos y teniendo motivos Bukele para ello, lo mínimo que podría esperarse era el cumplimiento de las formalidades constitucionales y legales, especialmente el debido proceso que garantizara el derecho a la defensa.
Con este proceder la Asamblea Legislativa de Bukele ha tenido una muy mala “nueva idea”, se ha soplado la nariz con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), y la Carta Democrática Interamericana. Ya las reacciones internacionales han comenzado a ocurrir. Bukele debió actuar como líder político y no como caudillo populista del Siglo XXI, pero desde la otra acera ideológica. En Venezuela, Bolivia y Nicaragua tenemos un rollo de ese mecate, es un fenómeno que tiene sus orígenes en el caudillismo independentista y la lucha contra el Imperialismo colonial ibérico. Concretamente en Venezuela hemos visto los estragos que causó en 2005 dejar el Parlamento nacional en manos de la revolución exclusivamente; y peor, como en 2016 ocurrió aquí lo contrario a lo que ha pasado en El Salvador, pero con similar nefasto efecto constitucional y político al destituirse de facto la Asamblea Nacional al sustraerse sus competencias constitucionales por vía de decisiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Dos caras de la misma moneda con la imagen del caudillo populista en el anverso y en el reverso.
Bukele simplemente debió aprovechar su liderazgo para hacer política, ejercer su poder con razonabilidad para encausar las diferencias y si al final ello no era posible, actuar drásticamente, pero con apego a las normas que rigen la democracia constitucional y los valores republicanos de El Salvador. Bukele, quien dice poder hablar directamente con Dios, debe hacerlo con urgencia a ver cómo regresa a su país al orden que impone la democracia constitucional, de lo contrario lo va a lamentar y el pueblo salvadoreño también.
*Profesor de Derecho Constitucional.