Nueva vida para un viejo matrimonio

Es que se nos olvida. Si hay algo extraño en la historia social es que los fenómenos del pasado, aunque se olviden (esto es: aunque desaparezcan como enunciados en el discurso público), siguen causando efectos que se manifiestan en el tiempo presente. Los historiadores, de hecho, se ocupan precisamente de esa “pesca milagrosa” que consiste en hacer visible el tejido presente de aquellos olvidos. Esto viene a cuento porque la ruptura decretada en 1998 con nuestro (desde entonces) pasado democrático demolió nuestra percepción de cómo se edificó y cómo se debilitó la experiencia democrática.

La aguda conciencia de crisis que colonizó el debate público, la prensa, la conversación cotidiana y el diagnóstico académico se hizo tan dominante que borró la percepción histórica de los esfuerzos que se hicieron por atajar esa crisis reformando lo que exigía cambios. Se nos olvida el trabajo de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, cuyos tantos tomos de análisis y propuestas en todos los ámbitos de las políticas públicas podrían, solo para efectos argumentativos, resumirse a una idea: Desarmar el corporativismo del sistema político. Abrirlo al pluralismo y la controversia institucionalizada, multiplicar los planos de decisión y modernizar las relaciones entre el Estado y la sociedad.

Primer divorcio

Los años ‘90 fueron testigos de que esas ideas que no llegaron a convertirse en las reformas necesarias, pero sí se expresaron en esa llamada genéricamente “crisis del sistema” y, en particular, en la forma en que en la sociedad aparecieron esas demandas: como desafección ante los partidos políticos, percibidos como los engranajes omnímodos de la vida pública, y con el creciente mar de fondo de la antipolítica, esa marea que se lleva al bebé con el agua sucia. En verdad, la edificación de la democracia se hizo con una arquitectura peculiar en la que muchos factores sociales institucionales como gremios y sindicatos estaban conectados con los grandes partidos y respiraban a su mismo ritmo, constituían su base social.

Con la crisis, nace una llamada “sociedad civil organizada” o más bien, nace el concepto para designar la autonomía de las iniciativas que aparecen para suplir déficits en ciertas funciones del Estado y para establecer nuevas mediaciones entre este y los ciudadanos, en vista de la debilidad de la representatividad de los partidos. La falta de reformas en estas organizaciones para adaptarse a los cambios contribuyó también a crear un espíritu contencioso, una atmósfera de desconfianza en los sectores políticos que veían un riesgo de suplantación de su actividad sociopolítica, mientras la sociedad civil se veía a sí misma como la fuente de renovación del proyecto social en contra o al margen de la política de los partidos. Un testimonio de ello son los dos volúmenes de ponencias y propuestas del Encuentro Nacional de la Sociedad Civil patrocinado por la Universidad Católica Andrés Bello en 1993: allí está contenido un rediseño institucional del país, entendido como un camino de modernización -que ciertamente tomaba para sí mucho de lo propuesto por la Copre.

Reconciliación obligada

Con la ruptura de ese camino de modernización en 1998 y la neutralización de los partidos con la hegemonía chavista se abre un abismo para la representación democrática. Se desplaza el eje de la contestación y de la reacción democrática hacia gremios y sindicatos en medio de una movilización espontánea, desde aquella voz de “con mis hijos no te metas” en torno al Decreto 1.011, la conmoción del sector petrolero y los eventos de abril de 2002 y 2003. Los partidos se reacomodan, nacen y mueren algunos, pero el discurso público está dominado por la antipolítica. No será hasta que predomine una voluntad unitaria dentro de la oposición, empezando por la candidatura presidencial de Rosales en 2006, que el sector político retome el liderazgo que le corresponde. Ahí va a comenzar una paradoja que sigue dominando: Los partidos políticos necesitan la unidad para crecer, pero la unidad marca también un límite a sus propias capacidades de crecimiento puesto que supone alianzas, sobre todo electorales, que implican espacios para todos.

Otra configuración

El efecto paralizante de la autocracia se manifiesta sobre todo en una incapacidad perceptiva. Ha habido una destrucción de lo público (de las instituciones, que son las reglas para el orden social, y de las comunicaciones, que son la fuente de representación de lo que ocurre) de tal magnitud que ya no hay en verdad un ámbito que podemos llamar compartido en nuestra experiencia. Las organizaciones políticas han sido diezmadas con diversas tácticas, desde la represión y persecución hasta el desgaste estratégico, si podemos llamarlo así. Y realmente no sabemos qué pasa. Ninguna versión de lo que pasa alcanza ningún test de universalidad mínima: siempre serán relatos parciales y clandestinos. Así, tampoco aparece el discurso político que configuraría el horizonte posible para el futuro. Lo que aparece en cambio son los relatos de experiencias y de acciones que las iniciativas particulares de la sociedad pueden ofrecer como motor para el cambio político e institucional. La capacidad de organización, de movilización para la defensa de los derechos, de contacto y observación de la situación cotidiana de los venezolanos, de intermediación social y política que conserva la sociedad civil hoy son activos invaluables para la recuperación democrática.

Y es sobre todo invaluable el dinamismo, que está hoy fuera del campo de los liderazgos políticos. Aunque esta microhistoria del difícil matrimonio entre la sociedad civil y las fuerzas políticas no parece halagadora, es un testimonio no solo de que es una relación imposible de romper, sino de que es el gozne sobre el que puede girar la reconstrucción democrática. Las autocracias destruyen lo político, que es por definición el ámbito de la disputa por el poder. Para reconstruir la democracia hay que reestructurar el registro de lo político. No es tanto, como se ha hablado, de reconfigurar una amplia coalición político-social, algo que es fundamental desde luego, sino de redefinir lo político como un campo con múltiples actores que ocupan espacios discursivos y prácticos distintos. De cierta manera, el punto de vista estratégico debe enfocarse menos en el fin y más en los medios, y en el fortalecimiento de capacidades duraderas.