En la aldea
18 mayo 2024

La revolución en el espejo de Dominic Ongwen

Durante años el jefe del LRA no creía que la justicia internacional podría alcanzarle, incluso junto a sus cómplices se burlaba de aquellos que se encargaban de recopilar pruebas, testimonios de las víctimas, de los innumerables crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos en Uganda, por este grupo criminal comandado por Dominic Ongwen. Condenado a 25 años, está tras las rejas desde 2015. Si somos atentos, ya son palpables algunos signos de terror a la justicia internacional en el seno del régimen venezolano. El cúmulo de pruebas es tan abrumador, por lo que todo indica que es factible que se inicie formal investigación en la CPI. “Quien todo lo puede ha de temerlo todo”, dijo el dramaturgo francés Pierre Corneille.

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Zair Mundaray | 31 mayo 2021

Este nombre seguramente está generando mucha inquietud a más de un miembro de la cúpula de revolución. Hasta hace unos años, Dominic Ongwen era uno de los todopoderosos miembros de la organización terrorista LRA (Lord’s Resistance Army) conocido como el Ejército de Resistencia del Señor, un grupo criminal que desde 1987 ha asolado a Uganda sin control alguno. Esta “organización”, una suerte de colectivos armados que pretenden tomar el poder en ese país, han perpetrado innumerables crímenes de lesa humanidad y de guerra, como asesinatos, violaciones, reclutamiento de niños, torturas, y miles de desplazados.

Ongwen quien hoy tiene 45 años, ha sido recientemente declarado culpable de un total de 61 crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos entre el 1o de julio de 2002 y el 31 de diciembre de 2005. El gran debate de los jueces luego de la condena, fue la pena a imponer, pues la naturaleza de los delitos permitía entre 30 años y cadena perpetua. Finalmente, este 6 de mayo con votos salvados fue condenado a 25 años, pues se tuvo cierta consideración, al demostrarse durante el juicio que el ahora condenado, fue víctima de secuestro por parte de la misma organización que posteriormente dirigió. Vale decir que este criminal se encuentra detenido desde 2015.

Al igual que los violadores de derechos humanos en Venezuela, durante años este jefe del LRA no creía que la justicia internacional podría alcanzarle, incluso junto a sus cómplices, se burlaba de aquellos que se encargaban de recopilar pruebas, testimonios de las víctimas, identificar a los perpetradores, hacer informes que sistemáticamente llevaban a la Corte Penal Internacional (CPI). No caben dudas que el proceso fue lento, fueron muchos años de acopio de pruebas, sólo la fase de juicio oral y público se inició en diciembre de 2016 y terminó en febrero de 2021. Sin embargo, hoy esos esfuerzos tienen resultados tangibles.

“La cantidad y variedad de crímenes que la revolución ha cometido, sobrepasan cualquier situación previa que haya ocurrido en Latinoamérica y sería un horror histórico que queden impunes”

Si somos atentos, ya son palpables algunos signos de terror a la justicia internacional en el seno de la dictadura venezolana. Esto es natural, pues los crímenes se han producido de forma pública, sin ningún intento serio de los autores de ocultarlos. Los asesinatos en las protestas se cometieron a la luz del día, a la vista de todos e incluso algunos captados por las cámaras de medios de comunicación independientes y de ciudadanos que grabaron los hechos que ahora forman parte del expediente. Los torturados, perseguidos, encarcelados y agredidos sexualmente, ya han rendido sus testimonios ante distintos organismos que las han remitido formalmente a la CPI. Las Faes han dejado un reguero de ejecuciones extrajudiciales por todo el país, de nada sirvió la instrucción que les dieron en la academia de “El Junquito” a los futuros agentes, relativos a cómo matar eficazmente y además agregaban que nada les pasaría ya que tenían al aval del Alto Gobierno. Gran parte de las investigaciones que fiscales venezolanos hicimos en su oportunidad, con fundamento criminalístico y forense, también están en manos de la Fiscalía ante la CPI. En fin, el cúmulo de pruebas es tan abrumador, por lo que todo indica que es factible que se inicie formal investigación, lo que daría pie a acciones contundentes que la mayoría anhela.

El 14 de diciembre de 2020, la oficina de la Fiscal ante la CPI señaló respecto del caso Venezuela que “existe fundamento razonable para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad”, esa declaración cayó con un balde de agua fría a muchos revolucionarios que como Ongwen, se engañaban a sí mismos repitiéndose una y otra vez que esa Corte no podría perseguirlos y que nada ni nadie podría hacer justicia frente a sus desmanes. 

Increíblemente, los venezolanos contamos con grandes aliados dentro del régimen que lejos de lograr descalificar el proceso ante la Corte Penal Internacional, logran ratificar lo que todos sabemos: Que en Venezuela se cometieron y se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad, que todo esto es parte de un ataque sistemático y generalizado contra la población, y que además quienes detentan el poder, ni quieren ni pueden perseguir a los responsables, por cuanto se trata de una política de Estado y los entes encargados de investigar y procesar los delitos, forman parte del entramado de persecución.

“Gran parte de las investigaciones que fiscales venezolanos hicimos en su oportunidad, con fundamento criminalístico y forense, también están en manos de la Fiscalía ante la CPI”

El fiscal de la dictadura intenta maquillar la realidad de tres crímenes emblemáticos de la revolución, esa que sin duda será recordada mucho más por sus delitos que por sus logros. “Quien todo lo puede ha de temerlo todo” dijo el dramaturgo francés Pierre Corneille, y pocas veces esa expresión tuvo tanto sentido. Estas personas que hoy se consideran poderosos, han sometido, asesinado, desaparecido, robado propiedades, torturado y desplazado a millones de venezolanos, hoy saben que el mundo es pequeño y que la justicia llega y es real.

Los ciudadanos sabemos cómo y quiénes asesinaron al concejal Fernando Albán, al capitán Rafael Acosta Arévalo y a Juan Pablo Pernalete. Son crímenes de Estado en los que hay una cadena de mando responsable, que llega hasta lo más alto del poder. Hoy se hacen malabares parajurídicos para intentar dar una imagen de falsa justicia y responsabilizar de tantas atrocidades a los autores materiales, como si no hubiese órdenes superiores y conocimiento de los desmanes, todo ello para intentar detener lo que pareciera inevitable. Pero esto que es del conocimiento público, fingen que acaba de ser descubierto por las “instituciones” chavistas, pero como siempre a medias, ya que sólo incluyen a los perpetradores materiales.

En otro intento de engañar a la comunidad internacional, anuncian la transformación de las Faes, el Sebin y la Dgcim, cuando por más de 20 años han aceitado esa maquinaria de represión y muerte compuesta por miles de ejecutores, supervisores, divisiones e instancias superiores, que actúan por órdenes que se imparten desde la cúpula que gobierna ilegalmente. La cantidad y variedad de crímenes que la revolución ha cometido, sobrepasan cualquier situación previa que haya ocurrido en Latinoamérica y sería un horror histórico que queden impunes.

Quienes investigan con seriedad crímenes de lesa humanidad, no se confunden con burdas maniobras de remiendo. Véanse en ese espejo, la revolución ya no engaña a nadie.

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La opinión emitida en este espacio refleja únicamente la de su autor y no compromete la línea editorial de La Gran Aldea.
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