Si la noticia se hubiese publicado el 28 de diciembre, el ingenio de Nicolás Maduro nos habría hecho caer por inocentes a todos los receptores de la misma: “Maduro encargó a Diosdado Cabello reformar el sistema judicial en 60 días”. Pero ocurrió en Consejo de Estado el 21 de junio último. La responsabilidad que ahora recae sobre los hombros del teniente Cabello, secundado por la eminente jurista Cilia Flores, y por la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Lourdes Suárez Anderson, que debe tener credenciales tan brillantes e impolutas como las del presidente de ese organismo, Maikel Moreno; es un plazo de 60 días para solucionar “de manera profunda, de raíz, con justicia y sin impunidad, cualquier condición de hacinamiento en los centros de detención preventiva del país y regularizar el paso a centros penitenciarios de todo el personal y detenidos que estén en juicio en los tribunales. 60 días estamos dando, cayendo y corriendo. Por eso hablo de una revolución profunda y acelerada”.
En ese mismo Consejo de Estado, el ungido Diosdado Cabello dijo estas conmovedoras palabras: “Colocaré a todos en las tareas de cumplir con los lapsos establecidos, que tienen que servir para cambiarle el rostro a la situación de hacinamiento y retardo de las causas en los centros de detención preventiva”. Así mismo resaltó que han establecido un lapso de un mes para visitar todos los centros penitenciarios del país, revisar todas las causas pendientes y tomar las decisiones necesarias, para que 30 días después se puedan tener todos los centros de reclusión preventivos desocupados”.
Es una incógnita la designación de un teniente expulsado del ejército por golpista y luego graduado de ingeniero, para desatar el nudo gordiano de la justicia penal y carcelaria en el país. Quizá entre mazazo y mazazo el ahora reformador carcelario haya leído y se haya dejado cautivar por las tres máximas del jurisconsulto romano, Ulpiano: “Vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada uno lo que es suyo. Quien hace lo que las leyes mandan cumple con dar a cada uno lo suyo”. (Se ruega no confundir con lo que le prometió Hugo Chávez a Marisabel un Día de los Enamorados).
En la difícil tarea que le ha sido encomendada, el reformador del desastre penitenciario debería comenzar quizá por el caso del joven rapero Steven Ricardo García Sanz (Mc Rockola) quien lleva cinco años preso y sin juicio desde que Cabello lo acusara de asesino en su programa. Steven se declara “preso político olvidado”. Steven es su preso particular Diosdado, empiece por él.
Otro caso digno del interés del Ulpiano monaguense, es el del general Raúl Isaías Baduel quien lleva doce años preso. Baduel no ha tenido acceso al debido proceso en estos últimos cuatro años porque nunca se ha dado el juicio que justifique su detención. Con la acusación de supuesta conspiración, los cuerpos de seguridad lo han mantenido en dos prisiones catalogadas por la propia Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como centros de tortura. El apellido Baduel es para el régimen como un estigma, varios hijos y familiares del general han sido también llevados a prisión. La familia ha denunciado que el general ha sido víctima de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Baduel ha sido sometido a largos periodos de aislamiento y la llamada “tortura blanca” en la sede del Sebin ubicada en Plaza Venezuela, y conocida como “La Tumba”.
El caso del general Raúl Isaías Baduel me recuerda la anécdota de un amigo de la familia vecino de Los Teques, a quien el Prefecto de esa ciudad detestaba. Eran los tiempos de Marcos Pérez Jiménez y un día nuestro amigo fue arrestado. El Prefecto lo acusó de decir groserías en una cancha de bolas criollas. Cuando salió libre el amigo decía: “No sé porqué ese tipo me odia tanto si nunca le hice un favor”. Esa sola frase permite entender el odio de Chávez a Baduel, heredado por Maduro. Le hizo el favor de devolverlo a la presidencia en abril de 2002.
El otro hueso duro de roer son los presos políticos que el régimen pretende saltarse a la torera con el juego de palabras de políticos presos. El director de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, declaró a la DW en abril de este año, “mantenemos el registro de 320 presos políticos en Venezuela”. En un gráfico que acompaña el mensaje, Himiob destacó que 296 de estos detenidos son hombres y 24 mujeres. Precisó que 197 son civiles y 123 militares. Entre esos militares se encuentra el capitán Luis De La Sotta, enfermo de hipertensión y de los riñones hasta el punto de orinar sangre. Nunca ha sido trasladado a un centro hospitalario para su debida atención.
La pregunta al nuevo hacedor de la justicia carcelaria, a la reencarnación de Ulpiano, al que secundado por dos brillantes abogadas ha prometido resolver en apenas 30 días el hacinamiento en los centros de reclusión preventivos, la pregunta es si también estos 320 presos, la mayoría víctimas de retardo procesal, van a tener la suerte de que Cabello cumpla su promesa de “cambiarle el rostro a la situación de hacinamiento y retardo de las causas en los centros de detención preventiva”.