El pasado 30 de junio, varios niños, niñas y adolescentes, pacientes del Hospital de Niños J.M. de Los Ríos, tuvieron la oportunidad de explicar y denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la precaria y terrible situación que viven, pues el Estado los abandonó y, además de no contar con la certeza de poder recibir los trasplantes que necesitan, tampoco cuentan con los insumos médicos necesarios para que su calidad de vida se vea lo menos afectada posible.
Estos menores de edad, unos más pequeños que otros y con enfermedades diferentes, contaron, en resumidas cuentas y de manera virtual ante los miembros de la CIDH, la forma en la que son violados flagrantemente sus derechos humanos.
En el portal de noticias Monitoreamos pude escuchar el testimonio de varios de ellos, donde contaban que tienen años esperando por trasplantes, que la alimentación en el Hospital no es la adecuada, que muchas veces no hay personal para que procesen la sangre y puedan hacer transfusiones, y muchas otras situaciones lamentables.
El caso que más me impactó fue el de Niurka Camacho, que para el momento de estas presentaciones ante la CIDH tenía apenas 14 años. El testimonio de Niurka, que hoy retumba en mi cabeza, fue de principio a fin doloroso: “En el Hospital ha sido muy difícil porque he visto muchos compañeros falleciendo esperando un trasplante. Es difícil para mí porque yo no quiero que me pase lo mismo por espera de un trasplante, y por eso pido que reactiven los trasplantes. Que por favor se haga algo, quiero una mejor calidad de vida”.
Niurka, que hace apenas una semana había cumplido los 15 años, murió el martes 3 de agosto, de acuerdo a lo informado por la ONG Prepara Familia. Ella solo quería vivir, quería una mejor calidad de vida, quería que sus derechos fundamentales fuesen respetados. No ocurrió, y fue así por una decisión política.
Quienes hoy ejercen el poder en el país decidieron en el 2017, específicamente el 1o de junio de ese año, que suspenderían los programas de trasplantes. Eso, en medio de una de las peores situaciones sanitarias del país, pues es conocido por todos lo que, al menos desde el 2014, teníamos que hacer los venezolanos para conseguir medicamentos de cualquier tipo.
Fue una decisión, sí. No existían motivos para ello (nunca pueden existir motivos para dejar morir a alguien), sino la voluntad de un gobierno antidemocrático y, a todas luces, que detesta a los venezolanos, incluyendo a los niños que necesitan el apoyo del Estado.
No fueron las sanciones, tampoco, pues las mismas fueron decretadas casi tres meses después de esta patibularia decisión gubernamental que, incluso habiendo sido anunciada después de la implementación de las sanciones (que no comenzaron de inmediato), no hubiese tenido ningún sentido en un país que regala “ayuda humanitaria” y petróleo a Cuba, y gasta millones de dólares en la defensa de un testaferro, como es el caso de Alex Saab.
La Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela (ONTV) indicó el pasado 1o de junio que desde el 2017 en Venezuela se han dejado de hacer unos 960 trasplantes de riñón de donantes fallecidos, de los cuales 150 niños, niñas y adolescentes se hubiesen podido beneficiar de estos trasplantes. Niurka era una de ellas. Lo merecía, era su derecho.
Niurka murió por una enfermedad, pero también por una decisión política. No la olvidemos, ni a ella ni a tantos que hoy podrían estar junto a nosotros si el poder sirviera a los ciudadanos y no a su proyecto hegemónico, eterno y profundamente destructivo para los venezolanos.
No olvidemos, nunca.
*La fotografía y el video fueron facilitados por el autor, Walter Molina Galdi, al editor de La Gran Aldea.
*Politólogo de la Universidad Central de Venezuela.
@WalterVMG