En la aldea
18 mayo 2024

Reinstitucionalizar en dictadura

Todos aspiramos tener un país con separación y autonomía de los poderes públicos, con respeto por el otro, en donde se promuevan y respeten los Derechos Humanos, la propiedad privada, con educación y salud de calidad para todos. Pero nos encontramos frente a un diseño ex profeso donde ¿sólo un caos de esta magnitud asegura el poder a perpetuidad? Un legítimo proceso de reinstitucionalización pasa por el acatamiento del marco legal, empezando por la Constitución. ¿Podría existir una motivación para despojarse del poder absoluto y generar a sus expensas poderes autónomos?

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Zair Mundaray | 24 noviembre 2021

Artículo 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:

El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines”.

Hugo Chávez juró sobre lo que él consideraba una “moribunda” Constitución, refiriéndose a la de 1961, un texto que por décadas nos permitió convivencia y desarrollo pacífico, a pesar de lo problemas con los que lidia cualquier país latinoamericano. Vale decir que tal juramento, por cierto, constituye una afrenta a cualquier apego por el derecho, de modo que la revolución nace de la ilegalidad y se mantiene y alimenta de ella. 

Sin embargo, la Constitución de 1999 no puede ser catalogada de moribunda, pues es lo que los forenses llamarían un mortinato, nació muerta, nunca vivió, fue sólo un aborto de las ilusiones de muchos que creyeron en un proceso transformador de la sociedad para bien. Sólo basta repasar cada uno de sus artículos para constatar que quienes han conducido los destinos del país, desde su vigencia o derogatoria inicial, han hecho un esfuerzo sostenido por hacer todo lo contrario a sus mandatos. Por ello puse de patada inicial, el contenido del Artículo 3, el Estado ni defiende ni se preocupa por el desarrollo y la dignidad de las personas, por el contrario, ha hecho lo imposible por hacerle la vida miserable, sin esperanzas, no en balde más de 6 millones han tenido que huir, lo que es un verdadero récord Guinness en un país sin guerra ni un desastre natural a gran escala, por cierto. No existe respeto alguno por el ejercicio de la democracia, se ha construido una sociedad cada día más injusta, en permanente conflicto, en la que los ciudadanos carecen de derechos y no tienen garantía alguna para su reclamo, y para rematar, con una precaria educación y en un proceso de liquidación del trabajo como instrumento de movilidad social.

“Esta gente llegó no para gobernar, sino para hacer una revolución que les permita morir detentando el poder sin compartirlo con nadie, salvo con quienes le sean coyunturalmente útiles a sus objetivos”

Y justo en este contexto desolador, surgen voces, algunas de ellas muy calificadas, por cierto, que apuntan a la necesidad de iniciar un proceso de reinstitucionalización del país, esto en conjunto o con el concurso de quienes han dedicado gran parte de su existencia a desmontar desde los poderes públicos, hasta las juntas de condominio, para incluir a todo el espectro de formas de organización o de articulación de la sociedad.

Para comprender un poco más esta trama compleja debemos partir de la idea de que no llegamos a este modelo de Estado por incompetencia, torpeza o desatinos en el ejercicio del poder, quienes así lo crean cometen un estrepitoso error. Nos encontramos frente a un diseño exprofeso, a objetivos cumplidos. Sólo un caos de esta magnitud asegura el poder a perpetuidad, un Estado democrático, de derecho y bienestar, tiene como característica esencial la alternatividad en el ejercicio del poder, y esta gente llegó no para gobernar, sino para hacer una revolución que les permita morir detentando el poder sin compartirlo con nadie, salvo con quienes le sean coyunturalmente útiles a sus objetivos.

No sólo es con quien nos hacemos acompañar en un proceso tan complejo, lo medular es tal vez los objetivos que nos podemos trazar los distintos sectores ciudadanos, que por más dispersos o distintos que parezcan, confluimos en una serie de principios a favor de las libertades. Aspiramos un país con derecho, separación y autonomía de los poderes, con respeto por el otro, en donde se promuevan y respeten los Derechos Humanos, la propiedad privada, la educación y salud de calidad, etc. Por el contrario, los que actualmente usurpan el gobierno nada les interesa, ninguno de estos temas, para ellos lo fundamental es mantener su situación actual de poder, y la impunidad resultante de ello. Saben hacer el mal, y difícilmente cesen en su propósito.

“Entonces, reinstitucionalizar implica en principio renovar la Asamblea Nacional en elecciones transparentes, auditables, con observación internacional, etc. ¿Estará la dictadura dispuesta a eso?”

Sin embargo, si le conviene a la dictadura generar un clima de normalización de la vida, y para ello nada es más conveniente que abonar el discurso de la reinstitucionalización, esto empuja a la eterna esperanza en la que mantienen a la población. Un legítimo proceso de reinstitucionalización pasa por el acatamiento del marco legal, empezando por la Constitución de 1999, que, a pesar de cualquier crítica, es la que tenemos.

Los poderes públicos autónomos dependen de una selección impoluta de sus integrantes, apegada a derecho. Pero resulta, que la designación del Poder Judicial, Ciudadano y Electoral, depende del Poder Legislativo, y ahí nos trancamos. Tenemos un Poder Legislativo legítimo electo en 2015, inhabilitado, atacado y reducido y otro que usurpa funciones, pero ejerce el poder de facto en el territorio, integrado por el PSUV y sus aliados. Esta Asamblea Nacional de una sola tendencia que no refleja la voluntad ciudadana, no tendría por qué despojarse del poder absoluto y generar a sus expensas poderes autónomos.

En este escenario saben que sería el suicidio de la revolución, una revolución que depende del control férreo de las instituciones para sobrevivir. Quien no lo crea, le invito a revisar cuál fue la única decisión trascendente de la Constituyente de 2017, destruir el Ministerio Público y perseguir a los fiscales e investigadores, y no me refiero a la cabeza visible, sino a los que realmente estaban investigando los crímenes de Estado, los fiscales rasos, los investigadores, los forenses, criminalistas, entre otros. De resto, sólo dictó leyes de persecución como la del “odio”. Para eso sirvió la Constituyente, que, según la propaganda oficial, sería la panacea que resolvería todos los problemas. Entonces, reinstitucionalizar implica en principio renovar la Asamblea Nacional en elecciones transparentes, auditables, con observación internacional, manuales, etc. ¿Estará la dictadura dispuesta a eso?, no lo creo. Todo lo demás es retórica, Maduro no puede tener Poderes Públicos autónomos que terminen procesándolo y desmontando su entramado de corrupción, por eso hay que seguir insistiendo en los procesos judiciales internacionales. No nos engañemos.

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La opinión emitida en este espacio refleja únicamente la de su autor y no compromete la línea editorial de La Gran Aldea.
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