A propósito del Día del Profesor Universitario

“La mejor conquista democrática -ya se ha repetido demasiado- no sería hacer descender a Platón hasta los apetitos de las masas y de los demagogos, sino elevarlos por la educación hasta el conocimiento platónico. Si la política en Suecia, Dinamarca u Holanda tiene un carácter menos violento y exterminador que en los Balcanes o en la América de las dictaduras, no es por benevolencia o genio natural de los pueblos nórdicos, sino porque entre ellos las gentes se educaron mejor y estaban, por lo mismo, más dispuestas a la solución equilibrada y conciliadora que en el ardiente Chaco o en el territorio de Mosquitos”¹. Mariano Picón Salas

El Plan de Barranquilla, de marzo de 1931, es considerado el primer razonamiento ordenado de la sociedad venezolana. El mismo vinculaba una aspiración política con una estructura de acción, que exponía la disputa contra el régimen de Juan Vicente Gómez como un cambio del sistema político y económico de Venezuela. Entre sus planteamientos se incluía la autonomía universitaria, que no logrará consolidarse hasta diciembre de 1958. Es por ello que cada 5 de diciembre, y desde 1958, se celebra el Día del Profesor Universitario, en aniversario de la aquiescencia de la Ley de Universidades por el democrático gobierno de transición que estuvo a cargo del país al finalizar la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. En la mencionada Ley, se instituía la autonomía como premisa esencial de todas las universidades nacionales.

La proclamación de la Ley de Universidades ocurre durante la corta gestión de Edgar Sanabria como secretario de la Junta de Gobierno que toma el mando del país luego del 23 de enero de 1958. Sanabria releva al contralmirante Wolfgang Larrazábal como principal de la Junta, desde el 14 de noviembre de 1958 hasta el 13 de febrero de 1959, cuando toma el mando el presidente Rómulo Betancourt. Durante este período le correspondió establecer la Ley de Universidades que restablece el estatuto de la autonomía universitaria.

Autonomía, etimológicamente, es la cualidad de regirse por la propia ley; y Autónomo(a), aquel que no depende de una ley que no sea la suya. En el caso de las universidades venezolanas se refiere a ciertos entes que gozan de la facultad de decidir sobre sus asuntos, amparados en el principio fundamental de la gratuidad de la enseñanza pero sometidos a la soberanía estatal.

A partir de 1959, las Escuelas de Historia y Letras de la Universidad Central de Venezuela fueron amparadas por la autonomía universitaria, en medio del resurgir democrático del país. Desde la perspectiva histórica, es relevante destacar que la historiografía venezolana se abre en 1947 con la fundación de la Escuela de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, hoy de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela. Constituida entonces como Departamento, se convirtió en Escuela en 1958. Paralelamente, en 1955 se creó la Escuela de Historia de la Universidad de Los Andes, conformada por dos Secciones: una de Letras y otra de Historia, adscritas a la Facultad de Derecho. En 1958, la Escuela de Humanidades fue elevada a la categoría de Facultad con dos Escuelas: Historia y Letras. 

A mediados del siglo XX, en el período de los ‘60, fue característica la presencia de la violencia política, escenario por el que se originó una atroz conflagración de las fuerzas militares del Gobierno y los múltiples movimientos de guerrilleros urbanos y rurales de adiestramiento comunista, obstinados en deponer al presidente Rómulo Betancourt, entre 1959 y 1964; y a Raúl Leoni, entre 1964 y 1969, para establecer un gobierno socialista, de inspiración marxista leninista al estilo de Cuba a raíz del triunfo de la Revolución Cubana, en 1959. Esa época estuvo definida por la violencia, en la coexistencia política, así como en las prácticas sociales, económicas, y culturales. El sistema educativo se vio reciamente afectado, los escolares liceístas y los estudiantes universitarios involucrados en la lucha armada, establecieron un temple inalterable de disturbio y de agitación en la mayoría de los liceos y universidades del país.

Estos enfrentamientos entre liceístas-universitarios y policías-militares, fueron habituales en todas las ciudades del país, las pugnas violentas, con triste saldo de fallecidos y heridos, en ambas partes, empeoró en algunas ocasiones por la intervención de las universidades por parte del Gobierno, con faltas a la autonomía universitaria establecida en la leyes venezolanas. Todo ello causó el establecimiento por parte del gobierno nacional de las denominadas universidades experimentales, fuera de la autonomía señalada en la Ley de Universidades, como una forma de afianzar un tipo de universidad que estuviese al margen del control directo del Gobierno, ya que la elección de las autoridades de dichas casas de estudios experimentales fue y sigue siendo competencia del Ejecutivo Nacional, tiene mayor poder de decisión sobre las políticas académicas y administrativas que orientan su funcionamiento. En contraposición en las universidades autónomas esa prerrogativa era una franquicia exclusiva del correspondiente claustro universitario, conformado por los profesores de escalafón, una dilatada representación estudiantil, proporcional al 25% del claustro profesoral, y otra, mucho menor, de los egresados.

Hoy en el país las universidades han perdido toda la autonomía alcanzada desde 1958, y durante las violentas décadas de los años ‘60 y ‘70 del siglo pasado, ya no podemos elegir nuestras autoridades y la proliferación de universidades al estilo experimental han incrementado su número, proporcionalmente a la inversa de su calidad en la enseñanza académica. Los presupuestos universitarios son irracionales ante las necesidades del país y el régimen sigue gastando el dinero en compras de armamento militar a China y Rusia en lugar de invertir en la educación superior del país. Desde el exterior nuestros colegas universitarios se preguntan: ¿Cómo hace un profesor universitario en Venezuela para pagar comida, vivienda y servicios?

Ante esta pregunta, recordamos que el denominado Rector Heroico de nuestra Universidad de Los Andes, Caracciolo Parra y Olmedo, fue unos de los precursores de la autonomía universitaria que planteaba para 1893:

… la universidad necesitaba una completa independencia para su mejor gobierno y administración, pues había que acabar con el tutelaje ejercido por años desde Caracas como centro de los poderes nacionales y, por otra parte, que no era correcto que en la designación de los empleos académicos y administrativos privara el criterio político. Más adelante, estampabas estas consideraciones: «… La independencia de las Universidades no sólo consiste en que el Cuerpo Académico sea el que provea todos los destinos del Instituto; sino, lo que es más  esencial, que tengan sus rentas propias, administradas por ellas mismas, sin la intervención de un poder extraño […] La Universidad de Los Andes tenía sus fincas y sus rentas que aunque escasas servían para la marcha del Instituto […] Todos esos capitales se los apropió el Gobierno Nacional, los mandó justipreciar y poner en subasta, rematándose  por menos de su valor […] Luego vino el Decreto Ejecutivo sobre Instrucción Pública […] fijó los sueldos […] y rebajó el total del presupuesto…»².

La instrucción de Parra y Olmedo no la aprendimos en la Venezuela petrolera y la universidad venezolana perdió la oportunidad de tener su autonomía política y económica. Nuestra actual crisis la debemos combatir buscando la manera de reinventar una universidad que solo puede continuar siendo gratuita en pregrado, y debe fortalecer la forma de autofinanciarse con los estudios de postgrado y doctorado.

La imposición del régimen de no permitir las elecciones en el sistema universitario autónomo venezolano, ha conllevado a la perennidad de unas autoridades universitarias (Rector, Vicerrector Académico, Vicerrector Administrativo, Secretario) que tienen más de 14 años en sus funciones, lo que es inconveniente y hasta incoherente. Algunas de estas autoridades creen que son insustituibles por haber sido elegida legítimamente, pero no conciben que la perpetuidad en su mandato haga que el ejercicio del poder se torne autoritario y retrógrado.

La percepción histórica en el mundo nos enseña que la perpetuación de una autoridad  genera cansancio, frustración, en este caso de los universitarios; la alternabilidad en el ejercicio del poder es un principio fundamental de las universidades autónomas y democráticas. Al existir la excusa de no poder hacer elecciones, se elimina la alternabilidad y directamente se mutila la autonomía, con la justificación de una continuidad necesaria para desarrollar políticas académicas que terminan siendo monopolizadoras de los criterios universitarios necesarios para la nueva realidad; obstaculizando los cambios ineludibles para satisfacer las demandas de los profesores y estudiantes, desde el marco laboral hasta la estructura curricular. La continuidad en el ejercicio del poder no está referida solamente a la invariabilidad indefinida de las autoridades, sino a la lucidez y capacidad que tiene la universidad a través de sus diferentes facultades y centro de investigación, para salvaguardar, en las diversas ofertas académicas, de acuerdo a las necesidades de los profesores, empleados, obreros y estudiantes. No alternar las autoridades de una universidad, es afirmar que dicha institución carece de generación de relevo capaz de rescatar el control y mejoramiento de la calidad de sus universitarios.

Los universitarios estamos en la obligación de buscar la forma de poder oxigenar las ideas necesarias para combatir la crisis existente, que nos permita desarrollar la enseñanza necesaria para que la sociedad aprenda de una vez por todas que la educación es el único valor que requieren los venezolanos para alcanzar el desarrollo productivo y el bien común de sus ciudadanos.

Como lo planteaba el insigne universitario Mariano Picón Salas a mediados del siglo XX, ‘con educación las gentes están más preparadas a desenlaces objetivos y pacificadores’.