En la aldea
02 diciembre 2024

Según Informe de Provea:

En los hogares en pobreza extrema se redujo el gasto en alimentos en 13,3% durante 2021

A pesar de los signos de recuperación en algunos sectores económicos, las desigualdades sociales en Venezuela se amplían por la persistencia de bajos salarios, bajas pensiones y políticas sociales insuficientes. Para la mayoría de los venezolanos sigue habiendo una Emergencia Humanitaria Compleja, con aumento del hambre, la desnutrición crónica en niños y deterioro de los servicios de salud. Las organizaciones sociales, humanitarias y de derechos humanos como Provea, “son la voz que recuerda a los poderosos la magnitud de la deuda acumulada con el derecho de los venezolanos a una vida digna”.

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Este 11 de mayo Provea presenta su Informe Anual. Este informe es el producto de una investigación y monitoreo sistemáticos de la situación de múltiples derechos de los venezolanos; tanto los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; como los derechos civiles y políticos. Para la publicación de esta amplísima investigación, el trabajo es constante a lo largo del año. El monitoreo de medios de comunicación social nacionales y regionales permite sistematizar las denuncias de vulneraciones del derecho a la salud, la educación, a la libertad personal, a la vida, entre muchos otros.

Usualmente esta información debería ser contrastada con la información oficial de presupuesto público, estadísticas de programas sociales y de las políticas de seguridad, memorias y cuentas que permitan sistematizar los resultados de la gestión pública. Sin embargo, la política del gobierno nacional que se centra en la opacidad informativa y niega el derecho a la información pública tiene un impacto en las capacidades de la sociedad civil venezolana para realizar un diagnóstico certero de la situación de derechos humanos.

Sin embargo, la sociedad se resiste a mantenerse en la oscuridad y se multiplican las iniciativas que, con sus limitaciones, buscan recoger información sobre la situación del país en múltiples aspectos. Organizaciones humanitarias como Caritas Venezuela así como gremios, sociedades científicas, universidades y múltiples organizaciones civiles de distinta naturaleza se han sumado a la tarea de sistematizar información sobre sus áreas de trabajo o la población a la que atienden. Estas iniciativas no pueden sustituir la obligación del Estado venezolano de rendir cuentas sobre su acción. Sin embargo, al consolidar la información proveniente de diversas fuentes se puede constatar cómo continúan las violaciones de los derechos más básicos de los venezolanos. 

“En materia de derechos económicos y sociales se mantiene el deterioro persistente observado desde 2014”

En materia de derechos económicos y sociales se mantiene el deterioro persistente observado desde 2014. A pesar de los signos de recuperación en algunos sectores económicos, las desigualdades sociales se amplían por la persistencia de bajos salarios, bajas pensiones y políticas sociales insuficientes. Para la mayoría de los venezolanos sigue habiendo una Emergencia Humanitaria Compleja, con aumento del hambre, la desnutrición crónica en niños y deterioro de los servicios de salud. El panorama se agrava en las comunidades rurales e indígenas, para las cuales no solo no se han diseñado políticas específicas, sino que además se han irrespetado sus derechos establecidos en la Constitución.

En materia de derechos civiles y políticos se registró disminución de denuncias de ejecuciones extrajudiciales o detenciones arbitrarias, probablemente como consecuencia de la mayor observación internacional que implica la apertura de investigación de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, estos cambios no parecen representar genuinos avances en materia de derechos humanos, puesto que continúan existiendo denuncias de tortura, que han aumentado el último año. Este informe sobre 2021 incluye una investigación especial sobre los derechos de las mujeres que muestra las crecientes vulneraciones en derechos laborales, derechos sexuales y reproductivos, así como en el acceso a la justicia en los casos de violencia basada en género.

Resulta especialmente preocupante en el panorama nacional de derechos humanos el aumento de las amenazas a las organizaciones de la sociedad civil, con el diseño de mecanismos de seguimiento y control como las Providencias Administrativas 001 y 002 publicadas en 2021. Esta obligación de registrar a todas las organizaciones de la sociedad civil en la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo constituye el intento del Estado venezolano de limitar la acción de las organizaciones, que siguen documentado la gravedad de la situación que viven los venezolanos y exigiendo la restitución de los derechos.

En un contexto en el que las organizaciones políticas han sido debilitadas o cooptadas, las organizaciones sociales, humanitarias y de derechos humanos van quedando como la última voz crítica que necesita ser silenciada. Pese a las amenazas permanentes, dichas organizaciones siguen haciendo su trabajo. Y en el actual contexto, son la voz que recuerda a los poderosos la magnitud de la deuda acumulada con el derecho de los venezolanos a una vida digna.

En el canal de youtube de Provea se emitirá en vivo la presentación del Informe Anual 2021 a las 10:00am. En nuestra página web se puede consultar los informes completos. Visítanos en este enlace y ayuda a difundir cuál es la situación de los Derechos Humanos en el país.

*Socióloga, coordinadora de Monitoreo, Investigación y Medios de Provea.

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La opinión emitida en este espacio refleja únicamente la de su autor y no compromete la línea editorial de La Gran Aldea.
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