En la aldea
18 mayo 2024

🎥Ante una flexibilización de sanciones se requiere contraloría social para que recursos lleguen a la gente

Marianella Herrera, Luis A. Pacheco, Francisco Rodríguez y José Ignacio Hernández, panelistas convocados por La Gran Aldea, disertaron sobre el impacto de la inminente flexibilización de las sanciones a PDVSA; y coincidieron en que a la par de emisión de las licencias, deben crearse mecanismos de contraloría social para que los recursos lleguen a la gente y no se desvíen a intereses particulares.

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Maru Morales P. | 19 mayo 2022

A horas de haberse confirmado los acercamientos entre la Casa Blanca y Miraflores para acordar los términos para el otorgamiento de una licencia que permita a la empresa Chevron restituir sus operaciones petroleras en Venezuela, La Gran Aldea realizó un foro con panelistas de reconocida trayectoria para analizar las posibles implicaciones económicas, políticas y sociales de la medida.

Los académicos venezolanos Marianella Herrera, Luis A. Pacheco, Francisco Rodríguez y José Ignacio Hernández intercambiaron sus opiniones sobre este álgido tema a través del canal de Youtube de este portal informativo, y finalizadas las exposiciones respondieron agudas preguntas formuladas por periodistas y usuarios del canal. El periodista Alonso Moleiro sirvió de moderador del encuentro titulado Venezuela se pregunta: ¿Hay que levantar las sanciones?, que sirvió al mismo tiempo como pregunta generadora del debate virtual, como parte de la iniciativa La Gran Aldea Voz y Pensamiento, creada para el debate de los grandes temas de interés colectivo.

Los panelistas ofrecieron puntos de vista desde sus áreas de especialización, que prácticamente abarcan todas las aristas del tema en cuestión: salud y nutrición, producción e inversión petrolera, economía y finanzas estatales, y marco legal y constitucional. Inició el debate la profesora Marianella Herrera, médico, PhD, Profesora Asociado & Investigadora CENDES, integrante del Consejo Directivo de la Fundación Bengoa, y Directora del Observatorio Venezolano de la Salud; quien centró su ponencia en los principales hallazgos de una investigación que ella desarrolla actualmente y que intenta determinar, de manera científica, el impacto de las sanciones económicas en el bienestar de la gente. Explicó que esta investigación inició en 2021 y consistió en recabar la literatura arbitrada disponible a nivel global sobre el impacto de las sanciones en países que han sido objeto de estas medidas, en dos momentos específicos de la historia moderna: antes de 1960 y en el período 2017-2022.

La académica concluye, tras revisar y analizar un total de 45 artículos arbitrados que recogen experiencias de países como Siria, Afganistán, Sudán del Sur y Chad entre otros, que si bien las sanciones no persiguen afectar negativamente la salud o el bienestar de la población, puede haber consecuencias directas o indirectas que deben ser consideradas. “La mayoría de los artículos concluye que hay un empeoramiento en aspectos de salud, seguridad alimentaria, hambre y sistemas de salud”, dijo y agregó que los estudios consultados evidencian que en efecto se registra este empeoramiento, “aún cuando las sanciones no sean la causa que originó el inicio de la crisis de salud en esos países”.

Herrera consideró que para dar un debate sobre la conveniencia de levantar, flexibilizar o mantener las sanciones es necesario “revisar sin sesgo la evidencia científica” que en el caso venezolano señala que tenemos un deterioro de la seguridad alimentaria de la población donde 91% de las personas tiene problemas para comprar alimentos, luego de la aplicación de estas medidas coercitivas. En ese sentido llamó a abrir la discusión sobre este asunto en todos los sectores, tanto de la sociedad civil como entre los tomadores de decisiones públicos y privados, con miras a que si existe la posibilidad de la flexibilización de algunas sanciones esto se haga de acuerdo a una metodología que garantice que la población va a recibir de manera directa un alivio a su situación: “Que haya mecanismos transparentes para que lo que pueda venir de beneficio llegue a la gente, estableciendo contraloría social”.

Las sanciones exponenciaron la crisis de PDVSA

El ingeniero Luis A. Pacheco, expresidente de la junta administradora ad hoc de PDVSA, miembro no residente del Instituto Baker de la Universidad de Rice; partió por aclarar dos puntos: Por una parte, que de momento la administración de Joe Biden no ha hablado de un levantamiento de sanciones sino de la flexibilización; y por la otra que nadie puede negar que en Venezuela la recuperación económica y social solo es posible si está de por medio la recuperación de la industria petrolera.

No obstante, Pacheco enfatizó que el deterioro de la industria y la producción petrolera no puede atribuirse a la imposición de sanciones internacionales: “La mayor sanción contra la industria petrolera, y por tanto económica, ha sido la política petrolera del régimen de Chávez y de Maduro. Una política dijo, basada en cambio arbitrario del marco legal, expropiaciones de compañías nacionales y extranjeras, y un proceso de desinversión que inició entre 2003 y 2004 y cuyos efectos quedaron en evidencia a partir de 2013, coincidiendo con la llegada de Maduro al poder. “Las sanciones fueron como un esguince en una pierna que ya no existe, porque la amputación de las piernas de la industria petrolera había ocurrido en la década previa. El efecto de las sanciones fue exponenciado por el mal estado de la industria petrolera para el momento de su imposición”, aseguró.

A su juicio, si mañana se flexibilizaran las sanciones el impacto sería muy pequeño. Dijo que si todo este proceso, incipiente porque la licencia aún no ha sido emitida, avanza sin tropiezos “podríamos hablar de 200 mil barriles diarios adicionales en año y medio, que es poco en comparación con el potencial de Venezuela pero es técnicamente posible”. Finalmente, Pacheco llamó la atención sobre los intereses que hay en juego y las ganancias que podría sacar cada actor: “A Estados Unidos le interesaría tener acceso a la producción, al régimen de Maduro le interesaría poder vender en Estados Unidos. En mi opinión es un arma de negociación importante porque la ganancia que puede tener el régimen es un incentivo para sacar concesiones importantes”.

Pero en este punto advirtió, que se trata de un proceso “mucho más complejo que dar unas licencias” porque no sería únicamente poner a producir unos pozos sino de engranar todos los demás elementos (legislación, generación eléctrica, seguridad personal para los trabajadores de las empresas, etc.) que son tanto o más importantes, “porque de nada sirve que me den permiso para sembrar si lo que tengo es un desierto para hacerlo”.

Un necesario marco normativo

Francisco Rodríguez, economista, PhD (Harvard, 1998), fundador y director de Oil for Venezuela, fellow en Economía Internacional, council on Foreign Relations, exasesor de la Asamblea Nacional; consideró conservadores los pronósticos de Luis Pacheco sobre los niveles de producción que podrían alcanzarse si se concreta una flexibilización, pero afirmó que aún en ese escenario, con el barril de petróleo en 90 dólares, el gobierno de Nicolás Maduro recibiría 7 millardos de dólares adicionales solo por petróleo. Y comparó esa cifra con los 8 millardos de dólares que reportaron las exportaciones venezolanas en 2021.

Rodríguez compartió una serie de gráficas que muestran una relación directa entre el inicio de las sanciones, la caída de la producción y la caída de los ingresos: “Venezuela era un país que le vendía al resto del mundo 100 mil millones de dólares al año, y que generaba riqueza aunque con muchos problemas. ¿Por qué la economía se contrajo 72%? Porque las exportaciones de petrolero cayeron en 90%”, señaló. Reconoció que si bien a partir de 2017 se registró una recuperación global de los precios del crudo, la economía venezolana no logró remontar como consecuencia de la imposibilidad de vender crudo libremente en mercados internacionales y también por el deterioro que venía arrastrando la industria venezolana.

Rodríguez coincidió con Herrera y Pacheco al señalar que, en todo caso, lo más recomendable en un marco de flexibilización de sanciones sería que esta se “dé dentro de un marco normativo y regulatorio de supervisión en el ingreso y uso de los recursos para asegurar que sean utilizados para atender la crisis social”.

Las verdaderas restricciones

El último en tomar la palabra fue el abogado constitucionalista José Ignacio Hernández, exprocurador especial del gobierno interino de Juan Guaidó, profesor de Derecho Administrativo/Constitucional en la UCV y UCAB, miembro visitante del Centro de Desarrollo Internacional de Harvard. Hernández consideró que si bien las sanciones no pueden ser perpetuas y eventualmente serán levantadas o flexibilizadas, es necesario preguntarse cuáles son las condiciones para que la OFAC dicte determinadas licencias. Instó a los panelistas a considerar que el problema de fondo de la economía venezolana es institucional y estructural y, por tanto, la sola flexibilización de las sanciones no va a generar de inmediato una recuperación de la industria petrolera y en consecuencia de los ingresos.

“¿Cuáles son las restricciones que impiden que en Venezuela haya crecimiento económico? Aquí hay una trampa porque se ha querido hacer ver que otorgando esas licencias se va a recuperar la economía. Las sanciones no son las restricciones más vinculantes al crecimiento de la economía. Las restricciones más vinculantes son la destrucción de los mecanismos de mercado, el déficit de divisas por el colapso de la producción, y que Venezuela es un Estado fallido con instituciones cooptadas por una autocracia, sentenció.

El ponente coincidió también con sus predecesores en la idea de que cualquier iniciativa para emitir licencias y flexibilizar algunas restricciones debe tener en cuenta que las iniciativas de reactivación de la economía van a chocar con esos tres elementos. Puso como ejemplo lo ocurrido con la licencia otorgada en 2021 para permitir operaciones con gas licuado, pensando que ello aliviaría a la población que no tenía acceso a las bombonas de gas y tenía que cocinar con leña: “¿El acceso a la bombona de gas es mejor hoy o la gente sigue cocinando con leña? La evidencia solo dice que el ingreso petrolero va a seguir siendo usado para corrupción, para violar derechos humanos, etcétera. Ahí está el ejemplo de los CLAP”, alertó.

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La opinión emitida en este espacio refleja únicamente la de su autor y no compromete la línea editorial de La Gran Aldea.
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