La crisis socioeconómica y las sanciones internacionales han llevado al Gobierno de Venezuela a una aproximación más pragmática a la economía: de una política que intervenía con rasgos arbitrarios en prácticamente todos los sectores, desde hace unos años el Gobierno se aproxima a la realidad económica con menos ideología y más pragmatismo, como veremos con algunos ejemplos. Esta aproximación más pragmática ha sido protagonizada por el Poder Ejecutivo, pero no tanto por el Poder Legislativo. En ese sentido, ha sido curioso para el observador cómo pareciera que el Poder Ejecutivo y la Asamblea Nacional se mueven a ritmos diferentes en esta etapa en Venezuela.
La agenda legislativa de la Asamblea Nacional en el contexto de esa aproximación más pragmática
En efecto, este pragmatismo no se ha expresado hasta ahora en una reforma expresa y global del entorno legal venezolano. La Asamblea Nacional electa en 2020, que inició actividades en enero de 2021, anunció al comienzo de su período una reforma de la legislación económica. Sin embargo, la realidad ha sido que en materia económica como tal, más allá de las de contenido tributario, solo ha sancionado la Ley para el Fomento y Desarrollo de Nuevos Emprendimientos, el año pasado; y justo la semana pasada la Ley de Zonas Económicas Especiales, cuyo análisis podrá ser realizado luego de su publicación en la Gaceta Oficial. De hecho, la agenda legislativa de este 2022 incluye menos leyes en materia económica que las previstas en el 2021, y no se incluyeron leyes claves como la relativa a la inversión extranjera, o la de hidrocarburos.
“La reforma por la Asamblea Nacional electa en 2020 a la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, desincentiva la inversión y pone una sombra en las expectativas favorables que se habían creado por algunas acciones del Gobierno nacional”
A pesar de ello, es una realidad que el ambiente para hacer negocios en Venezuela ha mejorado con respecto a los últimos años, o al menos ha dejado de empeorar. Aun cuando esa mejora no provenga de una reforma legislativa que derogue o modifique la legislación contraria al derecho de propiedad y a la libertad económica, diversas firmas de economía y análisis de riesgo muestran cómo la inversión privada está creciendo en Venezuela.
Algunas maneras como estaría cambiando el entorno legal en Venezuela
Más allá de ello, como decíamos, lo cierto es que el Gobierno de Venezuela ha tomado recientemente algunas medidas que suponen virajes puntuales en lo que había sido el modelo económico imperante. Algunos de esas medidas son las siguientes:
Simplificación del régimen cambiario. Desde 2003 ha estado vigente en Venezuela un régimen cambiario que ha limitado la contratación en moneda extranjera y la libertad de cambio. Ese régimen cambiario tuvo múltiples consecuencias negativas para la economía venezolana. Si bien hoy permanece vigente el régimen cambiario establecido en el Convenio Cambiario N°1 de 2018, también en ese año se derogó la Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos. A través del Convenio Cambiario N°1 se simplificó significativamente el complejo régimen cambiario anterior, disperso en diversos Convenios Cambiarios. A través de la derogación de la Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos se despenalizaron operaciones que eran básicas en una economía del siglo XXI. A partir de esas reformas, que se han mantenido inalteradas, hoy por ejemplo es legal contratar en moneda extranjera, lo que ha facilitado en parte la actividad económica.
Fin de la política fiscalizadora. Una de las características del “Socialismo del Siglo XXI” fue la política fiscalizadora sobre distintos sectores de la economía. En esa política fiscalizadora se colocó el énfasis en la fiscalización de los precios de los productos de consumo masivo; por ejemplo, a través de fiscalizaciones a cadenas de retail, como lo relatamos en este libro. En los últimos años las fiscalizaciones han disminuido sensiblemente, si bien se mantienen formalmente vigentes la Ley Orgánica de Precios Justos y las regulaciones administrativas que la desarrollan.
Fin de la política expropiatoria. Otra característica del “Socialismo del Siglo XXI” fue la intensa política expropiatoria, que dio lugar a más de 150 Decretos de Expropiación entre 2005 y 2013, como lo analizamos en su momento en este otro libro. Muchas de esas expropiaciones u otras medidas confiscatorias de la propiedad se dictaron sobre activos de inversores extranjeros, lo que dio lugar a un conjunto muy importante de procedimientos de arbitraje de inversión. Tal política masiva de expropiaciones se detuvo hace varios años. En los últimos tres años el Presidente de la República prácticamente no ha dictado Decretos de Expropiación.
Restitución de activos expropiados. Es más, en los últimos meses desde la Asamblea Nacional electa en 2020 y desde el Ejecutivo Nacional se ha promovido la restitución de activos que habían sido expropiados a inversores extranjeros y nacionales, en la política expropiatoria referida anteriormente. Caso emblemático fue la reciente restitución del Centro Comercial Sambil La Candelaria, a sus propietarios.
Venta de acciones de empresas públicas en el mercado de valores. En las últimas semanas, incluso, se ha anunciado la intención de ofrecer en bolsa porcentajes de hasta el 10% del capital de empresas públicas. El Banco de Venezuela, banco emblemático en la historia del país desde finales del siglo XIX, adquirido por el Estado venezolano en 2009, ya ha anunciado formalmente su intención de ofrecer hasta el 10% de sus acciones. Hace algunos años, esta decisión no hubiera sido pronosticada por ningún analista.
Fin de los Decretos de Estado de Excepción. Desde 2016 y desde 2020 el Presidente de la República dictó Decretos de Estado de Excepción en materia económica y sanitaria, por los cuales tomó medidas extraordinarias en esas materias. Desde 2021 no se han vuelto a dictar Decretos de Estado de Excepción.
¿Son suficientes estos cambios?
Son necesarios, pero insuficientes. De hecho, algunas medidas recientes, como la reforma por la Asamblea Nacional electa en 2020 a la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, desincentiva la inversión y pone una sombra en las expectativas favorables que se habían creado por algunas acciones del Gobierno nacional.
Pero el análisis del entorno legal no tiene como objeto señalar cuáles son las condiciones de entorno ideales para la inversión privada, sino uno más sobrio: señalar cuáles son los cambios concretos que se producen en el entorno legal de un país, para bien o para mal.
@cgarciasoto