El año pasado fue sin duda uno muy importante para la dirigencia opositora venezolana, para bien o para mal. Fue el año de su regreso a la “ruta electoral” luego de unos cuatro años de abstención como bandera. Era evidente que la estrategia antisistema, por fuera de las instituciones del Estado sometidas al chavismo, había fracasado. Pero la oposición volvió a ese sistema sin una forma de lidiar con los vicios que la hicieron abandonarlo en primer lugar, incluyendo lo comicial. Fue más un resignado intento de dar a entender que “están haciendo algo” que un planteamiento estratégico novedoso.
Pero claro, la resignación no es precisamente un sentimiento que incite a la participación entusiasta y masiva. Aunque sonara contradictorio con sus posturas de no muy atrás, los partidos de la Plataforma Unitaria (más reciente avatar de la MUD) tenían que convencer a los ciudadanos de que esta vez su voto sí valdría la pena. Para ello, sus comunicaciones de campaña resaltaron dos puntos de cara a los comicios regionales y locales de ese año: uno, la posibilidad de mejores servicios públicos en las comunidades donde ganara la oposición, y dos, la elección de políticos disidentes del chavismo como una forma de hacerle resistencia a Miraflores.
Ese mensaje, no obstante, chocaba con una regla tácita de la política venezolana vigente al menos desde 2014. A saber, los gobernadores y alcaldes ajenos al PSUV no pueden valerse de sus despachos para tolerar, y mucho menos fomentar, manifestaciones opositoras en los territorios bajo su jurisdicción. A cambio, la élite chavista les permite gobernar dichos territorios, pero solo a medias, porque ella se reserva el derecho a intervenir en las competencias regionales y locales cuando sea que lo desee. Las manifestaciones de la norma no tardaron en aparecer.
Vamos por partes, comenzando con el primer aspecto de la regla que nunca se expresa explícitamente para que el chavismo mantenga su simulación de democracia, pero que es de aplicación estricta igual: la proscripción de la oposición activa. Lo vimos primero en Zulia y después en Cojedes, ambos estados cuyas gobernaciones pasaron a manos de militantes de partidos de la Plataforma Unitaria. En los dos, visitas del dirigente Juan Guaidó, cabeza del llamado “gobierno interino”, fueron afectadas por agresiones por parte de seguidores del régimen chavista. Pese a que claramente fueron alteraciones del orden público, no hubo intervención alguna por parte de los cuerpos policiales en teoría bajo órdenes de las gobernaciones. Ni para ponerle fin a los comportamientos violentos ni para castigar posteriormente a los responsables. Esto es, básicamente, una claudicación de la función más elemental del Estado, tal como expuso el filósofo político inglés Thomas Hobbes hace casi 400 años: garantizar la seguridad de los ciudadanos. Pero como lo contrario hubiera interferido con la represión de una manifestación opositora por factores alineados con el chavismo, no hay que pensarlo mucho para entender por qué las autoridades se abstuvieron.
“La probabilidad de que este sistema cambie es mínima, mientras no haya una redistribución real del poder en Venezuela”
Luego le tocó su turno al orden municipal para demostrar que en ella también sigue vigente la regla tácita. Ocurrió cuando un grupo de activistas del partido Voluntad Popular pintó un mural adyacente a una de las principales vías de tránsito en el municipio Chacao, para conmemorar la muerte del joven Neomar Lander en las protestas de 2017. Fueron detenidos en una especie de acción conjunta de la policía municipal y la Policía Nacional Bolivariana. La colaboración de las autoridades municipales supuso que en la acción represiva jugó un papel el alcalde de Chacao, Gustavo Duque, uno de los cabecillas del partido Fuerza Vecinal, el cual no es parte de la Plataforma Unitaria pero se identifica como opositor al chavismo. Pese a que luego, ante críticas airadas en redes sociales, Duque trató de distanciarse de los hechos, su proceder marcó un contraste fuerte con generaciones previas de alcaldes identificados como opositores. El propio municipio Chacao brinda un ejemplo: Ramón Muchacho, cuya gestión permitió que la entidad local fuera uno de los mayores focos de protestas contra el gobierno en 2017. Por ello, el régimen lo criminalizó y tuvo que irse al exilio para evitar la cárcel. Su caso no fue único, y desde entonces ningún alcalde se ha comportado de igual forma. Cabe suponer que Duque y sus pares contemporáneos no quieren correr la misma suerte y, por lo tanto, no pueden permitir ni siquiera un mural que moleste a la élite chavista.
Ahora pasaremos al segundo aspecto de la norma, sobre las competencias mundanas de los gobiernos regionales y municipales. Alguien pudiera pensar que si se anula el componente político de “político-administrativo”, al chavismo no le importará que otros se encarguen de lo administrativo en unos pocos estados y municipios. Pero no es así. Al menos desde 2008, el chavismo ha tenido una tendencia a confiscar las funciones de gobernaciones y alcaldías que caen en manos de la oposición, y a transferirlas a “protectores” designados a dedo por Miraflores. Eso se mantuvo luego de los comicios regionales y municipales de 2017, a pesar de que los ganadores ajenos al PSUV se abstuvieron de hacer oposición activa a partir de entonces. En 2021, un Nicolás Maduro interesado en alentar una alta participación electoral se comprometió a no imponer protectores donde sus partidarios perdieran. Hasta ahora ha mantenido la promesa, pero de todas formas ha intervenido en la administración de al menos tres estados, en detrimento de sus gobernaciones.
En diciembre, apenas semanas después de las elecciones, el gobierno nacional ordenó tomar el control de los principales aeropuertos de Zulia y Cojedes, hasta entonces administrados por sus respectivos gobiernos regionales. Más recientemente, el nuevo gobernador de Barinas, cuyo partido también es parte de la Plataforma Unitaria, denunció que el régimen chavista le arrebató a su despacho un total de 11 empresas públicas, dedicadas a labores agrícolas, de transporte, de infraestructura, etc. El gobernador dijo que no descarta tomar medidas legales al respecto, pero dado que lo haría ante instituciones controladas por el chavismo (Ministerio Público y Contraloría General), sus probabilidades de éxito son bastante bajas.
Todo esto es una muestra elocuente de cómo se ejerce el poder político en Venezuela. Las decisiones son tomadas a título privado por la élite gobernante, con poco o nulo interés en la voluntad de los ciudadanos. Luego, esas decisiones son entregadas a las instituciones formales en teoría democráticas para intentar darles un barniz de legitimidad. En otras palabras, el poder radica en un puñado de individuos, y no en aquellas instituciones, que son cascarones vacíos si no son manejados por alguien de la élite gobernante. Es lo que sucede cuando una gobernación, una alcaldía o hasta la Asamblea Nacional es concedida por los votantes a personas sin carnet del PSUV o uno de sus partidos aliados, y por ello a esos entes les quitan sus competencias sin que los ocupantes puedan hacer algo al respecto.
La probabilidad de que este sistema cambie es mínima, mientras no haya una redistribución real del poder en Venezuela. La oposición tendría que hacer que el chavismo desista de su hegemonía absoluta y permita que las instituciones democráticas cuenten con la autoridad que la ley les confiere. Mientras eso no ocurra, cualquier llamado a votar con mantras como “cuidar los espacios” se estrellará con la dura realidad de que esos mismos “espacios” fueron desprovistos de toda autonomía.