El diputado Luis Eduardo Martínez ha hecho lo imposible para divorciarse del escándalo protagonizado por la empresa Saint Michael Investment y que ha envuelto a buena parte de su familia, todos pertenecientes a la directiva de esta empresa de inversión, hoy liquidada y demandada por las 600 víctimas que se consideran estafadas por ella. Pero le va a resultar difícil desentenderse de semejante enredo.
En el caso, develado por el portal Armando.info con la rigurosidad habitual, “la firma financiera presentaba como golosina la recuperación de inversiones en corto plazo, con el basamento de un riguroso conocimiento de la economía estadounidense”, escribieron en el reportaje titulado “Una Pirámide con Ambiente Familiar y Buzón Político”. Pero el asombro del asunto -además de la indignación y la rabia de los estafados por el clásico esquema Ponzi que les aplicaron y dejó a decenas de clientes en bancarrota-, provino de la revelación de que el diputado Martínez y sus parientes cercanos estaban a la cabeza de Saint Michael Investment -su hijo, un yerno y dos sobrinos-, lo que llevó a desempolvar el particular currículum del parlamentario: militante de Acción Democrática (AD) desde los 18 años, se mudó a la fracción del llamado “alacrán”, Bernabé Gutiérrez, convirtiéndose en otro más de los que aprobó el robo de las insignias a los partidos democráticos para ponerlos a operar a favor del gobierno de Nicolás Maduro, dividir el voto opositor y legitimar a la nueva Asamblea Nacional (AN).
Y fue ante esa AN roja-rojita que el ex adeco y hoy Vicepresidente de la Comisión por la Justicia y la Paz, se bautizó protagonizando un lamentable episodio cuando desde el podio le pidió perdón a los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez por el asesinato de su padre durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, crimen atroz pero donde sus responsables fueron enjuiciados y condenados por la justicia de entonces. Nada parecido a lo que ocurre con los más de 200 presos políticos que padecen en las cárceles venezolanas de hoy día, sin que “El Burro” Martínez los mencionara en ese discurso y mucho menos se haya padecido de su destino en ningún foro público ni privado.
“¿Quiénes tienen juicios por estafa en tribunales pueden contratar con el Estado?”
Un gesto tan extraño, por calificarlo de algo, como aquel cuando siendo gobernador del estado Monagas por AD, huyó del país en el año 2000 por el temor de enfrentarse al gobierno que recién iniciaba Hugo Chávez, quizás porque creyó al pie de la letra que el militar “le iba a freír la cabeza a los adecos”, como amenazó más de una vez. O porque quizás temía que el nuevo gobierno descubriera algo inconveniente llevado a cabo durante su gobernación, luego de cinco años de ejercicio continuo.
Pero como se rumora hoy en los pasillos de AD (o lo que queda de ellos ante la apropiación ilegítima que ha llevado a cabo el Gobierno), a casi nadie le resulta extraño que el nombre de Luis Eduardo Martínez aparezca entre los señalados por este caso. Y aunque él se defienda diciendo que participó muy poco tiempo en la empresa y es ajeno al daño causado a los 600 inversionistas que confiaron su dinero a Saint Michael Investment con miras a obtener jugosas ganancias mensuales, hay algunos datos confidenciales que desmontan esa versión, como el hecho de que en 2017, Martínez le pagó una especialización en Operaciones Bursátiles en España a su yerno, Elías Navarro, valorada en 10 mil dólares; con el fin de que se preparara profesionalmente para estar a cargo de las operaciones de la empresa. “Elías Navarro fue siempre su mano derecha en los negocios”, dice una fuente confidencial.
Al año siguiente, en 2018, la empresa comenzó a incumplir los pagos hacia algunos clientes, pero aun así el diputado Martínez se dejaba ver en los eventos donde Saint Michael participaba como patrocinador. Solo que a medida que aumentaron los descontentos de los clientes, porque el dinero mensual que debían recibir como ganancia por su inversión no llegaba, el nombre de Luis Eduardo Martínez fue eliminado de los documentos legales e incluso se cambió la dirección fiscal.
Pero cuando el disgusto tomó proporciones mayores y la denuncia del periodista Luis Olavarrieta y Josemith Bermúdez tomaron las redes sociales, Martínez dio instrucciones de eliminar todas las cuentas de sus redes porque comenzaron a inundarse de denuncias y exigencias de los clientes.
Y si bien el diputado insiste en que lleva mucho tiempo alejado de la empresa ni mantiene contacto alguno con su yerno Elías Navarro, esposo de su hija Melina, lo cierto es que existe una solicitud de Seguro de Vida por parte de Navarro, fechada a finales de 2021, y aunque se fue a vivir a Miami definitivamente, a la hora de solicitar el seguro este lo ubicó en su dirección particular mostrada en la planilla del Seguro, la misma del apartamento cuyo propietario es el diputado Martínez, ubicado en la lujosa zona de Biscayne Boulevard.
Y si bien algunos de los inversionistas no llegarán a ver el resultado de la denuncia por estafa que cursa ante la Fiscalía 6ta. con competencia nacional, bajo el No. MP-158852-2021 -entre ellos la ex Miss Josemith Bermúdez quien entregó todos sus ahorros para con las ganancias seguir luchando contra el cáncer, batalla que finalmente perdió-, no deja de generar cierta suspicacia ver en un tuit de otro de los afectados, Richard Alfonzo, una foto publicada donde se observa a David Enrique Arostegui, sobrino del diputado Martínez y directivo de la empresa Saint Michael Investment, trabajando hombro a hombro con la alcaldesa chavista Ana Fuentes; porque a Arostegui le acaban de encomendar la remodelación del Mercado de Maturín, trabajo que parece gustarle mucho por la cara de alegría con la que aparece junto a la alcaldesa Fuentes.
Y aquí cabe la pregunta obvia: ¿Quiénes tienen juicios por estafa en tribunales pueden contratar con el Estado? Y otra, por supuesto, más complicada: ¿Adónde fue a parar ese dineral que miles de inocentes han perdido?, ¿convertidos en yates, en penthouses frente al mar, en carteras Louis Vuitton?