Lento, muy lento ha sido el avance del diálogo tripartito que bajo el título de “Foro de Diálogo Social” viene realizándose desde abril pasado con la asistencia técnica de una misión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); conversaciones con las cuales Gobierno, patronos y trabajadores buscan alternativas para solucionar los muchos problemas que vive el país en materia laboral, entre los que sobresale la fijación del salario mínimo.
La segunda ronda que se llevó a cabo la última semana de septiembre, lejos de la profusa publicidad que tuvo la primera jornada en abril pasado, se caracterizó por el hermetismo de todos los involucrados, algunos de los cuales argumentaron que la intensión fue no enturbiar las conversaciones y posibles acuerdos que se esperaban alcanzar, mientras que otros apuntan al interés del Gobierno a pasar ‘por debajo de la mesa’ ante el incumplimiento de lo pactado con anterioridad.
De cualquier manera, el escaso vigor de movimiento marca el balance de la jornada recién culminada, tomando en cuenta que de los cinco puntos principales en discusión solo en dos se lograron pequeños pasos iniciales; lo que contrasta con la premura que demanda la masa trabajadora, que sigue viendo cómo se deterioran sus condiciones de vida tras la caída de más del 50% que ha sufrido el salario en apenas cinco meses, como consecuencia de la devaluación del bolívar.
“De lo que se acordó en abril nada de cumplió porque, aunque se excarceló a algunos dirigentes, sus procesos siguen e incluso hasta se han dictado sentencias”
Marcela Máspero, presidenta de UNETE
Detalle importante de esta nueva cita a la mesa es que tres de las siete centrales sindicales que participaron en la primera no estuvieron presentes, situación que los excluidos argumentan fue por órdenes superiores debido a su férrea oposición al Gobierno; mientras que otros aseguran que se autoexcluyeron por recalcitrantes concepciones ideológicas. Sea cual sean las razones, la división vuelve a imponerse en las filas que deberían estar cohesionadas, con lo que parece dominar la vieja máxima romana de divide et vinces.
De aumento, nada
En el primer ciclo de encuentros se establecieron pautas para revisar seis puntos relacionados con las tres normativas cuya violación sustenta las denuncias contra el Gobierno en la OIT, y que motivaron el diálogo bajo su guía. Uno de esos puntos, el relacionado con el Convenio 144 (diálogo tripartito), se cumplió, y tal como se comprometió, el Gobierno envió a patronales y sindicatos para que hicieran sus observaciones, las memorias (informes) que enviaría a la OIT detallando el cumplimiento o no de los 17 convenios principales de ese organismo, que son de obligatorio cumplimiento en Venezuela como país suscriptor.
De los cinco puntos restantes, esta vez apenas se hicieron promesas para la resolución de dos de ellos, ofrecimientos que dependen más de la buena voluntad del Gobierno que de otra cosa. Sobre el más urgente, fijación del salario mínimo como lo prevé el Convenio 26, solo se pautó llamar a una reunión que debe darse este mes de octubre para discutir los parámetros a tomar en cuenta en la fijación de futuros aumentos. Es decir, no hay compromiso para un ajuste salarial este año, como es el clamor de los trabajadores nacionales en pleno, cuyo salario mínimo está por debajo de los 15 dólares al mes.
“Desde el año 2002, cuando fueron desconocidas las elecciones en la CTV, son cientos los sindicatos que no han podido realizar elecciones”
Al reiterar la postura de que sentar al Gobierno a conversar es ya un avance, Marcela León, presidenta de la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente de Venezuela (ASI Venezuela), cree que la fijación de esa reunión es en sí un adelanto. “Habrá una mesa para fijar la forma y luego se discutirá el fondo”, dice, y agrega que del análisis que se haga allí posiblemente saldrá “una sugerencia” de aumento para este año.
“Queremos que se fije un salario mínimo que vaya indexándose de manera progresiva, que sea el piso para la discusión de las contrataciones colectivas, y que en el momento que se publique el aumento se dé a conocer la tabla de remuneración de los obreros y empleados”, ello con el fin de acabar con la multiplicidad de tabuladores que, como el recién instructivo de la Onapre, distorsionó todos los parámetros de remuneración de la administración pública.
José Elías Torres, secretario general encargado de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), es más directo y dice que el aumento salarial debe ser discutido este mismo mes luego de establecer los mecanismos de cálculo, pues los trabajadores merecen y necesitan un incentivo para tener una verdadera Feliz Navidad.
Lo expuesto por Torres deja al descubierto la dura realidad de la gran mayoría de los trabajadores nacionales que ganan salario mínimo: ese sueldo apenas alcanza para pagar el 3% de la canasta alimentaria familiar de agosto, cuyo costo fue estimado en 459 dólares por el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas). De hecho, lo que cobra cada mes un trabajador con sueldo mínimo es inferior a los 15,30 dólares que debería ganar cada día para poder alimentar a su familia.
“No estamos ganando ni siquiera los 60 dólares al mes que nos ubicaría por debajo de la línea de pobreza según estándares internacionales. Nuestro salario mínimo está hoy por debajo de 15 dólares”, dijo Torres en reciente entrevista a Unión Radio, donde destacó que no basta con establecer el monto, sino que hay que crear una política salarial a largo plazo.
Sobre esta misma materia, la vocera de ASI Venezuela agrega que insistirán en la solicitud de creación de un fondo de protección social y de estabilización salarial con recursos multilaterales que permita, mientras se recupera la economía nacional, que los trabajadores reciban un ingreso complementario que ayude a superar las muchas carencias que padecen hoy.
Humo blanco
Cuando hablamos de libertad sindical (Convenio 87), la balanza no se inclina a favor de las aspiraciones laborales, pues de los cinco puntos sometidos a discusión, solo en uno se logró algún avance, referido al compromiso de las autoridades de agilizar los cientos de procesos electorales que no se han podido realizar debido a las trabas puestas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que es considerado por la dirigencia laboral como una injerencia del Ejecutivo como un bloqueo a la autonomía sindical.
En concreto, se dio una reunión con el presidente del CNE, Pedro Calzadilla, quien se comprometió a llevar el tema al directorio a fin de buscar alternativas a la imposición vigente que permite al órgano comicial autorizar, vigilar y validar toda elección sindical, lo cual contraviene la norma constitucional según la cual es potestad de organizaciones sindicales o políticas solicitar o no la asistencia técnica del CNE para llevar adelante sus procesos electorales. También se logró con Calzadilla la promesa de revisar la normativa que rige los procesos, a fin de minimizar los formalismos que crean una carga financiera casi siempre difícil de cumplir por los sindicatos. La idea es que sean más expeditos.
“Más de 500 nuevas solicitudes de autorización duermen el sueño de los justos en el CNE, al igual que 87 comicios en proceso y 14 concluidos, que no tendrán validez hasta tanto el CNE no los publique en Gaceta Electoral”
“Se habló de ‘quitar piedras a la ruta’ para que estos comicios puedan realizarse. El documento final establece la plena autonomía de los sindicatos y eso se debe respetar”, señaló José Elías Torres, quien defiende como positivo el paso dado en este sentido, afirmando que ve factible que esto se cumpla porque no demanda costo político ni económico, sino de la voluntad del Gobierno.
Desde el año 2002, cuando fueron desconocidas las elecciones en la CTV, son cientos los sindicatos que no han podido realizar elecciones. Aunque la cifra total se desconoce -como también se ignora cuántos sindicatos existen en el país por omisión del Ministerio del Trabajo-, se tiene claro que más de 500 nuevas solicitudes de autorización duermen el sueño de los justos en el CNE, al igual que 87 comicios en proceso y 14 concluidos, que no tendrán validez hasta tanto el CNE no los publique en Gaceta Electoral.
Humo negro
Donde no hubo nada para celebrar es en lo concerniente a la liberación de los dirigentes sindicales presos o sometidos a procesos judiciales, otro aspecto relacionado con el Convenio 87. El mayor logro en este tema es la promesa de convocar a una mesa en la que confluyan representantes de los trabajadores, del Ministerio del Trabajo y la Fiscalía General, a fin de determinar, caso por caso, si la detención procedió en ejercicio de actividad sindical o laboral.
“Sinceramos los listados con la inclusión de las varias detenciones que se han producido desde abril. Pedimos que, con base en los principios de derecho a la defensa y presunción de inocencia, estos dirigentes sean juzgados en libertad”, señala Marcela León.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han documentado desde 2014 unos 85 casos de detención de dirigentes sindicales, acusados de cometer delitos en pleno ejercicio de sus funciones sindicales o del derecho a la protesta. El caso más reciente es de seis dirigentes detenidos en julio pasado sobre quienes pesan acusaciones de asociación para delinquir y conspiración, sin que hasta el momento se hayan presentado pruebas que demuestren su culpabilidad, como aseguran familiares y defensores.
Es en este punto donde Marcela Máspero, presidenta de la Unión Nacional de Trabajadores (UNETE) -una de las centrales que no estuvo presente en la jornada de septiembre-, destaca el fracaso del foro social. “De lo que se acordó en abril nada de cumplió porque, aunque se excarceló a algunos dirigentes, sus procesos siguen e incluso hasta se han dictado sentencias”, señala, recordando que entre los nuevos casos destaca el de Emilio Negrín, quien estuvo en las negociaciones de abril en representación de Codesa (Confederación de Sindicatos Autónomos de Venezuela), otra de las centrales ausentes en la segunda ronda de conversaciones.
“Está por verse cuánto de las promesas se cumplen en los cuatro meses que separan la próxima visita de la misión técnica de la OIT, pautada para febrero de 2023”
Máspero informa además que, al margen de su participación efectiva en las mesas de diálogo, junto a otros dirigentes sindicales, UNETE introdujo en la sede principal de la OIT en Suiza un informe con todos los casos de detenciones, juicios contra dirigentes y otras violaciones a las libertades sindicales; informe que también fue remitido a la oficina de atención a la víctima y la del Fiscal de la Corte Penal Internacional, a fin de que sea sustanciado al caso que se sigue en esa instancia contra el Estado venezolano.
En cuanto a la no presencia de UNETE, Codesa y CUTV (Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela) en la segunda ronda del diálogo tripartito, Máspero señala que se debió a la negativa de estas centrales a firmar el documento resumen tras la reunión de abril, por su desacuerdo en que hubo avances en la solución a las violaciones de los tres convenios de la OIT.
“Compañeros de otras centrales afirman que hubo logros porque ahora sí se van a poder hacer elecciones y se convocará a una mesa para fijar salario, pero eso mismo estamos escuchando desde hace más de 10 años sin que se haya concretado ni en el papel ni en los hechos”, afirma desde Tenerife, donde se encuentra en una especie de exilio obligado en prevención de una posible detención.
Poco, pero sustancioso
Desde la acera de los empresarios, la asesora legal de Fedecámaras, Eloína Pérez, enfatiza que sí ha habido avances en las discusiones, señalando que del lado de los trabajadores se logró el reconocimiento de la autonomía sindical para la realización de elecciones, así como la convocatoria a una reunión lo antes posible para discutir la fijación del salario mínimo; el cual afirma debe ser, en la medida de lo posible, un incremento progresivo para poder paliar la difícil situación económica que padece la masa laboral en general.
En lo que respecta al gremio patronal, Pérez señala que “fueron varios los avances, entre ellos que se les presentará las memorias (informes) que se envían a la OIT para hacer sus observaciones, algo que antes no se hacía”, dice.
También se acordó el compromiso del Gobierno de gestionar ante la Asamblea Nacional la inclusión de empresarios y trabajadores en las discusiones de proyectos de ley con incidencia en el mundo laboral. En este último punto, señaló que ya han sido convocados para la discusión de las leyes de Armonización Tributaria y la de Trabajadores a Domicilio.
Pero el punto más resaltante para los patronos es sin duda haber logrado la promesa de llamar a una mesa bilateral para tratar casos particulares de afectación al derecho a la propiedad, a la producción libre o que de cualquier manera vulneren los derechos económicos de sus dueños.
La idea, según explica Eloína Pérez, es revisar los casos de una lista en la que están los nombres de dirigentes de Fedecámaras y de Fedenaga (Federación Nacional de Ganaderos) cuyos bienes fueron objeto de expropiaciones, invasiones o confiscaciones luego que el gobierno de Hugo Chávez iniciara un proceso de intervención que significó el pase a manos del Estado más de 1.200 inmuebles, empresas y otras propiedades privadas; mientras que contra el sector agrícola se emprendió en 2005 una “cruzada contra el latifundio” que afectó más de 4 millones de hectáreas, muchas de ellas en plena producción, que fueron distribuidas para su supuesto provecho pero que no justamente tengan hoy ese fin.
“Se busca que estas propiedades puedan volver a ser productivas y acabar con la anarquía que se vive en el campo”, dice la abogada, quien acota que, aunque los temas discutidos en el foro social no son de fácil resolución y que tengan incidencia inmediata en el bolsillo de los trabajadores, los pasos dados hasta ahora son significativos. “En una negociación nunca se logra el 100% de lo que se pide, pero no estamos estáticos y seguimos avanzando”.
Está por verse cuánto de las promesas se cumplen en los cuatro meses que separan la próxima visita de la misión técnica de la OIT, pautada para febrero de 2023. Como asegura Marcela León, presidenta de ASI Venezuela, queda ya de parte de trabajadores y empresarios “impulsar que se cumplan los lapsos y se aborden los temas”, y siendo estos sectores los más interesados en que se resuelvan los problemas que les aquejan, el compromiso está de su parte.