El año 2022 no termina y sin embargo ya podemos decir que ha sido terrible para la oposición venezolana en términos de sus alianzas internacionales. El golpe más duro, sin duda, fue el ascenso de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia. Petro le dio un giro de 180 grados a la política colombiana hacia Venezuela, con respecto a su predecesor, Iván Duque. Después del gobierno de Estados Unidos, Colombia había sido la principal impulsora de la presión internacional con miras a que el chavismo acepte negociar una transición democrática con sus adversarios. Petro ha dejado más que claro que no tiene interés alguno en ejercer esa presión. Por otro lado, la reanudación de relaciones bilaterales entre Caracas y Bogotá se tradujo en la reapertura del tránsito de personas y mercancías entre ambas naciones que, si bien ha avanzado de forma harto irregular, comprensiblemente ha emocionado a ciudadanos comunes venezolanos hastiados del aislamiento del país. Pero no por ello se puede omitir que la cordialidad entre Petro y Nicolás Maduro no implica ningún beneficio para la causa democrática venezolana.
Es más, el cambio de Duque a Petro es uno más de varios traspasos de poder en América Latina que le restaron apoyos a la presión sobre Miraflores. Ahí están también Alberto Fernández en Argentina y, cruzando los Alpes y los ricos viñedos mendocinos, Gabriel Boric en Chile. Hasta en Centroamérica, la elección de Xiomara Castro como Presidente le valió al chavismo un pequeño alivio extra. En Europa, pese al interés en una Venezuela nuevamente democrática y la buena acogida que ha tenido la oposición, nunca hubo disposición a emular a Estados Unidos en su política de sanciones.
De manera que cada vez más Washington se ha quedado solo en ese plan. Y si bien es por mucho el actor con más capacidad para presionar, también es cierto que la efectividad de esos mecanismos disminuye si no son multilaterales. Hasta en EE.UU. parece haber un agotamiento en el manejo de la cuestión venezolana, por la falta de avances. La guerra en Ucrania no solamente reduce la atención en Venezuela (estemos claros en que nunca fue mucha), sino que además crea la tentación entre las democracias occidentales de entenderse con Maduro a cambio de petróleo criollo para compensar lo que se dejó de comprar a Rusia. Sí, se entiende que, debido al deplorable estado de PDVSA, Venezuela no podría aportar en el corto plazo suficiente crudo como para hacer una diferencia importante. Pero si esas democracias se decidieron a acabar con su dependencia del combustible ruso, sin importar el desenlace en Ucrania, puede ser que le estén apostando a un suministro mayor de hidrocarburo venezolano en el largo plazo.
“¿Qué le queda a la oposición para cumplir su objetivo de precipitar una transición democrática?”
Nada de lo anterior quiere decir que el chavismo ahora esté totalmente airoso en sus relaciones allende nuestras fronteras. De hecho, ha sufrido notables derrotas diplomáticas recientemente. Sobre todo en materia de Derechos Humanos. Naturalmente, en ello incidió con mucho peso el último informe de la Misión de Determinación de Hechos de la Organización de Naciones Unidas. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU votó a favor de renovar el encargo a los autores del informe, en contra por supuesto de la voluntad de los delegados de Miraflores. Luego, esa delegación no consiguió los votos para seguir siendo parte del Consejo. Ingresarán por Latinoamérica Costa Rica y Chile, dos Estados que probablemente serán favorables al escrutinio continuo de la deplorable situación de DD.HH. en Venezuela (aunque adverso a las sanciones, se debe reconocer que Boric ha hecho de la crítica de lo que pasa aquí un raro punto de honor).
Pero a medida que pase el tiempo, el impacto internacional del informe de la ONU disminuirá. En el mejor de los casos para la oposición, solo reducirá temporalmente los incentivos para que gobiernos extranjeros normalicen su trato con el venezolano sin que haya primero pasos hacia la restauración de la democracia. Es decir, la preservación de un statu quo incómodo para el régimen, pero al cual se logró adaptar.
Además, la oposición ha tenido sus propios reveses diplomáticos recientes. La semana pasada hubo un intento de revocar la representación del llamado “gobierno interino” de Juan Guaidó en la Organización de los Estados Americanos (piense lo que se piense sobre la legitimidad del interinato, es un hecho que constituye el mayor vínculo de la oposición con gobiernos extranjeros y entes multilaterales). La iniciativa fracasó pero solo porque no se llegó a la mayoría calificada necesaria. Viendo el conteo de votos, no obstante, el desenlace no es nada halagüeño para el interinato: 19 votos a favor, 9 abstenciones y apenas 4 en contra. Entre los que respaldaron la propuesta estuvieron México, Colombia, Perú, Chile y Argentina. Cuando el interinato emergió, tal votación en la OEA era impensable. Se nota entonces que el buen ojo a su presencia en foros internacionales se está cerrando.
Todo esto ocurre con el trasfondo de rumores según los cuales pronto pudiera reanudarse el diálogo entre chavismo y oposición en México, a un año de su interrupción. Desde hace meses, varios medios internacionales (Bloomberg, Reuters, The Wall Street Journal) reportan que la Casa Blanca evalúa aliviar las sanciones a cambio del reinicio del diálogo. Aunque en Washington lo nieguen, no es un escenario inverosímil. La oposición acudiría entonces a la mesa en una posición de debilidad incluso mayor a la que tenía el año pasado. Por ello, a duras penas se puede esperar que obtenga concesiones significativas del chavismo.
Entonces, si una presión internacional insuficiente seguirá igual o hasta disminuirá, ¿qué le queda a la oposición para cumplir su objetivo de precipitar una transición democrática? Pues presión interna, que consiste esencialmente en movilización ciudadana. Ciertamente, la ciudadanía venezolana lleva tiempo desencantada de la política y en consecuencia desmovilizada. Pero a diferencia de la presión internacional, que depende de gobiernos cuya elección a su vez depende de un electorado en el que la dirigencia opositora venezolana obviamente no influye, siempre existe la posibilidad de que las masas nacionales sí escuchen el mensaje de la dirigencia. La clave está precisamente en el mensaje que se va a transmitir. Al liderazgo opositor le urge un nuevo mensaje que vuelva a entusiasmar a la ciudadanía y que la movilice. Decidieron que la próxima oportunidad para esa reconexión sea la elección presidencial de 2024 (si así puede llamársele, considerando el entorno no democrático). Para lograrlo, no me cansaré de repetirlo, hará falta un planteamiento estratégico que llame a votar pero que también le explique a la población cómo sortear los vicios del sistema.
Como dos años en política son una eternidad, quizá para aquel entonces el entorno internacional se vuelva de nuevo más favorable a la oposición. Lo que sí es seguro es que, mientras sea desfavorable y de paso no haya presión interna, el Gobierno no tendrá razón alguna para pensar siquiera en cambios políticos.