Es evidente que cuando una industria reporta caídas superiores al 80%, la noticia de un incremento, por pequeño que sea, resulta todo un bálsamo que alivia sus penas. Esa es la realidad que vive actualmente el sector farmacéutico venezolano que, tras el fuerte descalabro sufrido en tiempos recientes, finalizará el 2022 como su segundo año consecutivo al alza, lo que bien habla de que empieza a recuperarse de los males que le aquejaron.
Sin la publicidad ni visibilidad de otras ramas de la economía como el comercio minorista, la restauración o la venta de autos importados, la industria farmacéutica viene presentando un desempeño nada despreciable, y tras haber cerrado el 2021 con un 19% de incremento se estima que para diciembre de este año sus operaciones se hayan elevado otro 15%.
“En los ocho primeros meses del año hemos tenido un crecimiento alrededor de 14,53%. En este lapso, en comparación con 2021, el crecimiento ha sido más moderado porque el año pasado teníamos los efectos del COVID-19”, señala Tito López, presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica (CIFAR), optimista ante las perspectivas de recuperación de uno de los sectores más golpeados por la crisis económica en Venezuela.
Y pese a que la buena noticia de la remisión del virus de la COVID-19 es una buena noticia para toda la humanidad, para este sector no lo es tanto, pues ante la evidente disminución de los contagios y la menor agresividad de las nuevas cepas, la solicitud de medicamentos para aliviar males provocados por el virus ha caído drásticamente. No obstante, la moderación en el flujo del sector habla de un crecimiento sustentado en bases sólidas y no en una coyuntura, lo que significa que el incremento es saludable y natural.
Superando la anemia
Con ventas récord incluso a escala regional y caídas abruptas, la última década ha tendido sus blancos y sus negros para la industria farmacéutica venezolana. Durante el período de vacas gordas, en el país se llegaron a comercializar más de 6.000 ítems distintos, de acuerdo con las estadísticas de la Cámara Venezolana de Droguerías (Cavedro), lo que contribuyó a hacer de Venezuela uno de los países de mayor venta per cápita de medicamentos del Continente: cerca de 25 unidades año por persona.
Como es lógico, ello significó muchas divisas para todos los actores del sector y en particular para los foráneos, pero también marcó la llegada de las vacas flacas para todos, pues una vez que comenzaron a sentirse los primeros efectos de la crisis económica, los desembolsos a la industria mermaron abruptamente. Fue así como la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) dejó de entregar más de 4.000 millones adeudados a los laboratorios por operaciones cambiarias no liquidadas hasta 2014.
“Venezuela está en clara desventaja ante cualquier nación capaz de exportar y más ante su principal socio comercial, que cuenta con una cartera de crédito que supera los 145.000 millones de dólares, 270 veces más que la de Venezuela (500 millones de dólares)”
Cual pandemia, se produjo una verdadera estampida de las firmas extranjeras y no pocas muertes entre las locales, de modo que el universo hoy está conformado por una treintena de laboratorios y un número no determinado de casas de representación (importadores). Cerca de 20 de estas firmas fabrican en el país, de acuerdo con CIFAR. El conjunto satisface la demanda básica de fármacos, aunque dejan baches en productos para atender patologías muy específicas, en particular fármacos de alto costo, que hoy solo son importados por las autoridades sanitarias nacionales y distribuidos a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).
Ahora bien, restablecida cierta calma tras la remisión de la COVID-19 a un segundo plano, las positivas cifras del sector permiten rememorar aquellos buenos tiempos cuando Venezuela se ubicaba a la cabeza del consumo per cápita de medicamentos en la región. Por ello se estima que para el cierre del año se hayan colocado entre 180 y 190 millones de unidades, cifra que estará aún bastante lejos de los 714 millones de unidades que se vendieron en 2014, pero que innegablemente denota mejoría de la reciente convalecencia.
Las aspiraciones de crecer más son muchas, pero las posibilidades pocas: con una realidad nacional muy distinta a la de ocho años atrás, por mucho medicamento que se produzca o importe el mercado no podrá absorber las mismas dosis de aquellos tiempos, máxime cuando se trató de números inflados artificialmente gracias a compras no del todo justificadas. De hecho, en su momento, voceros del sector farmacéutico advirtieron de los riesgos de esta sobreventa dado la segura automedicación que se estaba dando.
En cuanto a costos y ganancias, queda claro que buena parte de la recuperación se sustenta en la importación libre de impuestos de la que gozan los medicamentos desde 2018, permitiendo además mantener el precio promedio de venta por unidad entre los más bajos de la región: 3,57 centavos de dólares; cifra que guarda total relación con el bajo poder adquisitivo de los venezolanos, cuyo salario promedio en septiembre pasado era de solo 126 dólares para los empleados del sector privado, y unos 50 dólares entre los trabajadores de la administración pública, según cálculos del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) y otros analistas privados.
A falta de estadísticas oficiales, un informe publicado en 2021 por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Caracas (ICEX), señala que el valor promedio del mercado farmacéutico venezolano para el período 2008-2017 fue de unos 10.120 millones de dólares, siendo hasta entonces estimado que 80% de ese mercado correspondía a producción nacional y 20% a importación, una realidad que cambió significativamente desde entonces.
Virus importado
Como en muchos otros sectores de la economía nacional, las importaciones dejaron de ser un complemento y se convirtieron en un verdadero dolor de cabeza para la industria farmacéutica por la desleal competencia que representan, una realidad que se hizo más fuerte cuando en 2019 el Ministerio para la Salud promulgó la Resolución 075, como medida para enfrentar la grave escasez de medicinas que en 2018 osciló entre 85% y 90%.
Esta resolución estableció un régimen especial para la importación y comercialización de productos farmacéuticos no registrados en el país, dando origen a un permiso sanitario especial para el arribo de medicinas terminadas y materias primas exentas de pagar arancel e impuestos, lo que provocó la llegada masiva de fármacos provocadores de no pocas distorsiones.
Aunque las cifras concretas sobre importación no se conocen, y pese a que Nicolás Maduro asegura que en el país se elabora 65% de los medicamentos que satisfacen la demanda local, Tito López estima que al menos 50% de los fármacos que se comercializan internamente provienen del exterior. Es de notar que el Gobierno se ha convertido en un gran importador de fármacos elaborados en India, China, Irán y hasta Nicaragua (que llegó a tener en Venezuela mercado para sus productos), cuyos bajos controles de calidad ponen en duda su efectividad.
Al respecto, representantes del sector industrial y comercial han señalado que el problema mayor es el escaso o nulo control sanitario a ese producto importado, por lo que pudiera estar llegando legalmente una cantidad importante de fármacos que no cumplen con las normas sanitarias que sí rigen a la industria nacional. Del mismo modo, señalan que las medidas tomadas para la transportación y el almacenamiento pudieran no ser las adecuadas, implicando la alteración de los compuestos y por ende su eficacia para prevenir o sanar. De hecho, no son pocas las denuncias que circulan en redes sociales al respecto, incluso de médicos que llaman a no ingerirlos.
Gripa al ritmo de vallenato
La apertura comercial formal con Colombia sigue siendo terreno delicado para los industriales farmacéuticos locales. Tito López resume muy bien ese sentir al expresar que pese al “cierre fronterizo”, las relaciones comerciales se han mantenido prácticamente iguales; es decir, nunca dejó de fluir la venta de medicamentos, solo que se hacía por los caminos verdes y con la balanza a favor de los vecinos. “Lamentablemente ese intercambio es muy favorable a Colombia. Pensamos que 90% de los productos que se comercializan a través de la frontera son insumos colombianos que vienen a Venezuela, y solo 10% de productos venezolanos que van para Colombia”, señala el vocero.
Una de las razones para esa desigualdad: con una economía apenas comenzando a desprenderse del lastre de la hiperinflación y cargando el peso de las sanciones impuestas por Estados Unidos, Venezuela está en clara desventaja ante cualquier nación capaz de exportar y más ante su principal socio comercial, que cuenta con una cartera de crédito que supera los 145.000 millones de dólares, 270 veces más que la de Venezuela (500 millones de dólares). Eso significa que la industria local no cuenta con respaldo financiero para hacerse de capital de trabajo necesario para aumentar producción, y por tanto solo depende de sus escasos recursos propios.
Es oportuno señalar que en Venezuela hacen vida varias farmacéuticas neogranadinas, algunas de ellas de vieja data y tamaño considerable, al menos tres de las cuales con plantas en el país que comercializan sus productos a ambos lados de la frontera. También en tierras neogranadinas han encontrado cobijo empresas del ramo -en especial cadenas de farmacias- que mantienen el dinamismo de ese comercio farmacológico binacional.
No obstante, esa relación no ha estado exenta de dificultades y fallas. Tanto CIFAR como la Federación Farmacéutica Venezolana (Fefarven, gremio que agrupa a las farmacias), han denunciado en repetidas ocasiones no solo la entrada ilegal al país de medicamentos colombianos sino -y es lo realmente grave- de productos adulterados y falsificados, lo que puede repercutir gravemente en la salud de los consumidores nacionales.
“Hemos denunciado esa entrada ilegal de medicamentos que afecta el pago de impuestos, afecta la seguridad y la reciprocidad, y es lo que queremos que se normalice. Ha entrado medicinas que van en detrimento de la producción nacional. La queja la hemos presentado ante los Ministerios de Comercio, de Industria y los organismos encargados de contraloría sanitaria y, sobre todo, con el Viceministerio de Comercio Exterior y Promoción. Tenemos entendido que se están tomando los correctivos adecuados para subsanar esta situación, para que impacte lo menos posible a nuestros industriales”, acora López.
Por su parte, William Velasco, presidente de Fefarven -quien no estuvo disponible para este reportaje por encontrarse delicado de salud- ha señalado a medios fronterizos que muchos de los medicamentos que ingresan a Venezuela desde Colombia son ilegales no solo en lo que se refiere a su entrada fuera de aduana, sino por adulterados. Aunque ni CIFAR ni Fevarven tienen estadísticas sobre el porcentaje de medicamentes adulterados, falsificados o ilegales que circula en el país, Velasco ha señalado que es una importante cantidad.
El presidente de Fefarven ha señalado con especial cuido en compuestos como los benzodiacepinas (entre otros alfratoblal, clonazepam y bromazepam, que son prescritos como antidepresivos, ansiolíticos y anticonvulsivos); fármacos de uso delicado que solo deben administrase bajo estricta vigilancia médica y cuya elaboración debe tener el respaldo de una casa fabricante reconocida que garantice haber cumplido todos los protocolos de fabricación y efectividad.
En este mismo orden, y pese a que en el sector existe cierto temor ante una posible entrada masiva de productos colombianos por la formalización de tráfico limítrofe, López insiste en decir que ese tráfico ya se viene dando desde hace muchos años y que, por el contrario, la apertura legal de la frontera podría poner coto al contrabando y otras irregularidades. “Lo que buscamos es reciprocidad, que se revise el Acuerdo 28, específicamente el artículo 9 del Convenio, que tiene que ver con los productos que se pueden comercializar”, dice López.
El Convenio 28 fue firmado por Colombia y Venezuela en 2011 tras la salida de nuestro país de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), por medio del cual se establece qué tipo de productos pueden entrar a cada país sin pagar aranceles. La solicitud de los industriales es revisar ese listado, así como el proceso de homologación de los registros, pues aseguran que se han aceptado productos colombianos con la mínima documentación. La meta es establecer reglas claras y unificadas en ambas naciones, para evitar el ventajismo.
En definitiva, por todas estas razones, CIFAR pide que la reapertura fronteriza venga acompañada de una política real de complementariedad, reciprocidad, equidad y, sobre todo, institucionalidad.
“Que las autoridades de Colombia acepten los productos venezolanos como nosotros aceptamos los colombianos, que exista acuerdo en cuanto a la normativa sanitaria, que el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), autoridad sanitaria de Colombia, venga a revisar las plantas farmacéuticas nuestras para poder proceder a exportar hacia ese país productos terminados”, dice López, recordando que además de los fármacos que no se producen localmente, desde Colombia deben importarse insumos básicos como materia prima, envases, tapas, y empaques.
Acorde con lo dicho por Tito López, y en virtud de la mejoría que experimenta la industria farmacéutica nacional, es menester una revisión general de las estrategias de importación del Gobierno a fin de dar prioridad a la producción local, así como reforzar los mecanismos de control de calidad de esas importaciones. La salud de millones de venezolanos pende de ese hilo.