Según la Real Academia Española (RAE), robar significa: “Quitar o tomar para sí con violencia o con fuerza lo ajeno”, o también “Tomar para sí lo ajeno, o hurtar de cualquier modo que sea”. Esto es lo que ha hecho el régimen de Nicolás Maduro con ese mamarracho llamado Ley de Presupuesto 2023 al quitarle a las regiones lo que por derecho le corresponde por concepto de Situado Constitucional. De acuerdo con el Texto fundamental, el Situado Constitucional se establece de la manera siguiente:
“Artículo 167. Son ingresos de los Estados: 4. Los recursos que les correspondan por concepto de situado constitucional. El situado es una partida equivalente a un máximo del veinte por ciento del total de los ingresos ordinarios estimados anualmente por el Fisco Nacional, la cual se distribuirá entre los Estados y el Distrito Capital en la forma siguiente: un treinta por ciento de dicho porcentaje por partes iguales, y el setenta por ciento restante en proporción a la población de cada una de dichas entidades (…) En caso de variaciones de los ingresos del Fisco Nacional que impongan una modificación del Presupuesto Nacional, se efectuará un reajuste proporcional al situado”.
La Constitución es clara al respecto cuando menciona un máximo de 20% del total de ingresos ordinarios. No hay espacio para dobles interpretaciones. Desde el punto de vista de las finanzas públicas, los ingresos ordinarios son aquellos que se generan de forma recurrente y periódica como resultado de la explotación directa o indirecta de los bienes de una nación. Contrariamente, los ingresos extraordinarios no se obtienen sobre una base continúa ni permanente, como es el caso del endeudamiento público o un impuesto que se instituya por un plazo determinado. Son ingresos que se causan una sola vez.
Sin embargo, en la Ley de Presupuesto 2023 todos los ingresos petroleros, que son los más ordinarios de los ingresos ordinarios corrientes, en virtud de que se recaudan regularmente, son considerados como ingresos extraordinarios con el propósito manifiesto de escamotearle a las gobernaciones y alcaldías el monto justo del Situado Constitucional.
“En lugar de asignar a las regiones 29.292 millones de bolívares, entregarán 8.292 millones de bolívares; es decir, le están robando el 72% del monto legal correspondiente. (…) más de 1.500 millones dólares según la tasa de cambio oficial del BCV al 15 de diciembre de 2023”
Ya esta aberración sucedió en 2022 cuando a las regiones les fue esquilmado más 2.000 millones de dólares y lo mismo vuelve a suceder con lo previsto en 2023. De acuerdo con cálculos del profesor Leonardo Vera, sobre la base de la citada Ley de Presupuesto 2023, el 72% de los ingresos corrientes se consideran extraordinarios y apenas el 28% como ingresos ordinarios. Es decir, excluyen todos los impuestos a la actividad petrolera y la regalía del concepto de ingreso ordinario con el objeto de no generar el Situado Constitucional.
De esta manera, en lugar de estimar el Situado Constitucional con base en 149.823 millones de bolívares lo hicieron con 41.464 millones de bolívares, de forma tal que en lugar de asignar a las regiones 29.292 millones de bolívares, entregarán 8.292 millones de bolívares; es decir, le están robando el 72% del monto legal correspondiente. En divisas se trata de más de 1.500 millones dólares según la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) al 15 de diciembre de 2023.
Tal vez esta cantidad de números haga perder la perspectiva de lo que hay de fondo, lo que desde el día uno se propuso Hugo Chávez: Debilitar las entidades regionales para favorecer el llamado Estado Comunal.