La reciente votación de la Asamblea Nacional, electa en 2015, para dar fin a la presidencia interina de Juan Guaidó, luego de 4 años de iniciada, hay que analizarla en cuatro dimensiones distintas, para entender mejor de por qué se votó lo que se votó.
1. La realidad política
El argumento de muchos para votar en contra de la renovación del presidente interino se basó en la realidad política de hoy. Visto de esta forma, el fin de Guaidó como presidente interino parece muy lógico. Su liderazgo nada tiene que ver con el de 2019: su popularidad se ha desplomado, y no genera mayor confianza entre los distintos sectores políticos que inicialmente lo colocaron en este cargo. Su figura no representa mayor amenaza para la continuidad de Nicolás Maduro, y ha perdido numerosos aliados internacionales. Esta es la situación política desde por lo menos finales de 2021, pero seguir insistiendo en la prominencia política de Guaidó en 2023 parecía inviable.
2. El hilo constitucional
Abogados y otros expertos se basaron en este punto antes y durante los debates parlamentarios para defender la continuidad de Guaidó: la presidencia interina existe por una interpretación constitucional, apoyada por la Asamblea Nacional desde 2019, y su eliminación en favor de una especie de gobierno colegiado desde el Parlamento no tiene ningún basamento constitucional. Este argumento legal tiene fuerza, pero parece insuficiente para seguir extendiendo la presidencia interina, y especialmente con la misma persona al frente de tal institución.
“En el entorno de Guaidó no parecen estar del todo opuestos a la misión 2024, pero son los que más objeciones parecen mantener”
3. Los activos en el exterior
Para muchos el punto más importante de lo que es hoy el gobierno interino: no permitir que recursos congelados en otros países lleguen a las arcas manejadas por Maduro. Tan importante que defensores y críticos de Guaidó estaban de acuerdo en que los recursos seguirán protegidos. Para los defensores de Guaidó, la votación y subsecuente creación de comisiones dirigidas desde el Parlamento para la defensa de estos activos, los pondrá en riesgo, ya que los tribunales del exterior han reconocido a la presidencia interina y Guaidó como la autoridad a cargo de estos. Pero quienes se oponen a la continuidad de Guaidó dicen que los activos seguirán protegidos por las nuevas instancias que se crearán desde la Asamblea de 2015 (La reciente declaración del gobierno de Estados Unidos sobre seguir considerando ilegítimo a Maduro da fuerza a esta tesis). En todo caso, cabe preguntarse si toda la existencia del interinato debe girar en torno a la defensa (¿indefinida?) de estos activos.
4. Las Primarias y 2024
Este es probablemente el punto que tuvo más fuerza, y donde veo las mayores diferencias entre Voluntad Popular y los demás partidos. La mayor parte de la dirigencia opositora ha puesto su enfoque en las presidenciales de 2024, dejando de lado la estrategia que reinó entre aproximadamente 2017 y 2021. La mirada está puesta una vez más en “la ruta electoral”, y el gobierno interino, 2019 y todo lo que esto significa luce como un estorbo en este nuevo camino. El diálogo para buscar alguna mejoría en las condiciones electorales, y recuperar la confianza de la población en el voto, privan ahora por encima del discurso sobre dictadura, abusos, y la aparente imposibilidad de que Maduro permita un proceso medianamente limpio y, sobre todo, acepte una derrota en las urnas.
En el entorno de Guaidó no parecen estar del todo opuestos a la misión 2024, pero son los que más objeciones parecen mantener, y por ello son los mayores defensores del gobierno interino y lo que este representa (además del detalle no menor de que fueron ellos quienes lideraron el interinato).
El problema de fondo lo veo en que si la estrategia vuelve a ser netamente electoral, y ya nos encaminamos a ella desde las regionales de 2021, no es solo el presidente interino el que incomoda, sino que la propia Asamblea Nacional de 2015 tiene poca razón de existir. Si la ruta es electoral, aun cuando no ha habido ningún cambio significativo en las condiciones electorales o en el respeto a la democracia de parte de Maduro y su entorno, pierde fuerza el argumento de que Maduro es ilegítimo, de que la Asamblea Nacional electa en 2020 es ilegítima, y por ende es obligación de los diputados electos en 2015 llenar ese vacío constitucional colocando a su presidente como presidente interino, y de mantenerse los diputados en sus cargos más allá del final de su mandato.
El argumento que llevó a la creación de la presidencia interina, y la interpretación constitucional que ganó el respaldo de más de 60 países del mundo, siguen ahí. Lo que ha cambiado es el contexto, de una manera tal que la fuerza que tuvo esos argumentos en 2019 no existe hoy, y se han convertido en una molestia más grande para la oposición, que para la continuidad de Maduro.
@JDeBastosH