Comenzó como una banda que operaba desde una cárcel. Al fusionarse con otras más, tomó posesión de un pueblo, una zona industrial, un aeropuerto militar y un lago. Ahora es una organización criminal involucrada en más de 20 actividades ilícitas, desde drogas y oro hasta tráfico de personas, que opera desde Costa Rica a Argentina y Brasil.
El Tren de Aragua se ha hecho sinónimo de brutalidad en los noticieros de América del Sur, pero también es un caso de estudio sobre la gobernanza criminal: la estructura económica y política que convirtió bandas venezolanas en ejércitos delictivos transnacionales y en sustitutos violentos del Estado en comunidades que las instituciones legítimas habían abandonado, de un modo similar a como las guerrillas lo habían hecho por décadas en pueblos colombianos.
Años de investigación y numerosas entrevistas respaldan este volumen que explica cómo esta organización criminal, nacida en la cárcel de Tocorón, se convirtió en una de las estructuras delincuenciales más temidas de América Latina. Ronna Rísquez entrevista a víctimas, perpetradores e investigadores dentro y fuera de Venezuela para pintar el retrato de un nuevo tipo de imperio criminal. Hermosas mujeres que encontraron en los jefes mafiosos una aventura de placeres desenfrenados y poder sin límites, en una cárcel llena de lujos en la que hasta el mismo ingreso hay que pagarlo. Profesores de bachillerato que relatan la vida en un pueblo donde hasta el cupo en una escuela o el uniforme de los alumnos dependen de la voluntad de un malandro. Policías que cuentan sin tapujos cómo el Estado casi no puede hacer nada en territorios enteros donde los nuevos caudillos de camioneta blindada sin placas deciden sobre la vida, la muerte, el cielo y el subsuelo. Investigadores en el sur de América que descubrieron que un modesto emprendedor a cargo de un food truck cerca de un palacio presidencial era uno de los tres capos de la banda que aterrorizaba a su país.
La periodista de investigación y consultora en seguridad Ronna Rísquez es una de las mayores expertas sobre megabandas y gobernanza criminal. Mediante su trabajo con organizaciones internacionales, medios de comunicación y think tanks en el norte de Suramérica, ha sido una de las primeras en comprender y documentar el surgimiento de nuevos actores criminales entre las llamadas megabandas de Venezuela, que pasaron de la extorsión, el secuestro y la venta de drogas a la construcción de redes delictivas internacionales con una mezcla de pensamiento estratégico y violencia extrema.
Trilogía sobre la gobernanza criminal
Este libro forma parte de una trilogía sobre la gobernanza criminal en Venezuela. Los otros dos son Oro criminal de Lisseth Boon, sobre la devastación del Amazonas por mafias que trafican con oro; y Ciudadano Wilmito, de Alfredo Meza, sobre el primer pran que gobernó las cárceles en Venezuela. Estos tres libros reúnen, junto a República de paramilitares, historias y perspectivas sorprendentes sobre el problema más grande de América Latina.
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Prólogo
Sergio Dahbar
“Estoy seguro de que a cualquiera le gusta un buen crimen,
siempre que no sea la víctima”.
Alfred Hitchcock
Hay fenómenos que adquieren rápidamente el sentido de una metáfora. Es el caso de El Tren de Aragua. ¿Es este grupo delictivo una bomba de relojería que puede acabar con el Estado venezolano? ¿Algún “emprendimiento’’ ilustra de forma más acabada, en 24 años, la ausencia de institucionalidad, el fracaso del liderazgo, la escasez de transparencia, la falta de rendición de cuentas, el remedo de justicia, el combate ineficaz contra el lavado de dinero? Esta banda puede ser vista como algo inevitable.
Todo venezolano sabe que tarde o temprano se verá tentado a moverse como pez entre diferentes tipos de mareas. El bien y el mal. La serenidad y la desesperación. El mundo de la legalidad generalmente es ineficiente. A veces se paraliza y no avanza. Para poder seguir, hace falta acudir al otro lado de la realidad, más veloz y eficaz, pero abundan los riesgos. Sacar un documento de identidad, arreglar una línea telefónica, desatrancar un trámite fiscal, legalizar una propiedad o un vehículo para venderlo, apostillar un documento, autenticar un poder o solicitar un certificado de antecedentes penales… Cuando más se desciende en el infierno de los trámites cotidianos, más se desdibujan las diferencias entre lo legal y lo ilegal.
Todo este coqueteo con la ilegalidad en el día a día de un venezolano tiene un contexto mayor. Hoy, enero de 2023, la inflación se encuentra en 150 %. Para muchos funcionarios del gobierno y algunos analistas, es un sinónimo de que “Venezuela se arregló’’. Quizás porque la inflación llegó a ser de 8 millones % en años recientes. Aunque el gobierno obliga a usar los bolívares, el país se dolarizó de facto. El Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo 85 %. Lo que quiere decir que tenemos una economía del 15 % de lo que teníamos hace 24 años. Siete millones de personas han salido del país. Ya sea a través de migraciones organizadas en países que reciben profesionales, o a través de trochas y selvas inseguras donde la gente muere o sufre violaciones y robos mientras persigue un lugar en el paraíso.
El venezolano hoy no tiene acceso al crédito. No sólo para comprar una propiedad, sino para financiarse gastos corrientes con tarjeta de crédito. El sistema de justicia solo funciona para favorecer al gobierno. La ong Un Estado de Derecho produjo una investigación y analizó más de 45 mil sentencias, a partir de 2004. Ni una sola de esas sentencias fue para favorecer a un ciudadano común. En ningún caso el Estado perdió un litigio. No hay instituciones. La propiedad privada no se respeta. La corrupción no se detiene. El despotismo avanza, sin aparato de gobierno, sin ley, sin instituciones. Hay quienes han definido este momento como un triunfo del “anarco capitalismo’’.
¿Y cuál es la realidad que rodea a Venezuela? Las capitales latinoamericanas padecen altas tasas de violencia, a través de tripulantes de un crimen cada vez más sofisticado. En la complejidad urbana de un continente inestable, crecen diferentes tipos de delincuentes (carteles de la droga, bandas, comandos, milicias, pandillas, autodefensas, paramilitares, guerrilla, colectivos) que han evolucionado hacia el tráfico de drogas; los robos de carros; asaltos en transporte público; la protección, la extorsión y el secuestro; la piratería y el contrabando; el fraude y el préstamo forzoso; el tráfico de migrantes; la prostitución; el tráfico y la venta de armas.
Estos grupos al margen de la ley operan también negocios privados: el servicio de agua, la distribución de gas, la televisión por cable o la seguridad… En otros casos, controlan servicios de salud y escuelas de barrio. En ciertos países ofrecen protección social para presos y sus familiares. O se especializan en resolución de conflictos ciudadanos, en sitios donde no hay policía confiable o la justicia tarda en llegar.
Esto abre la puerta para que se ejerza una “justicia fuera de la justicia legal’’, como anota Arturo Alvarado en su excelente y bien informado estudio “Organizaciones criminales en América Latina: una discusión conceptual y un marco comparativo para su reinterpretación’’ para la Revista Brasileira de Sociología (2021). Las relaciones que establecen estos grupos con las fuerzas del Estado (policías, militares, ministerios públicos, gobernantes) atraviesan diferentes estadios: “evasión, corrupción, complicidad, intimidación, coexistencia conflictiva, confrontación, o la simbiosis’’.
Ya para centrarnos en Venezuela, el derrumbe del estado de derecho ha llevado a que todos estos factores estallen a la vez y se alimenten entre sí. El Tren de Aragua es una manifestación de una situación que lo trasciende, que le dio origen, y que lo protege. En su escalada internacional, a través de la diversificación del crimen y la expansión por el continente, este fenómeno no ha hecho otra cosa que desparramarse como un crimen portátil.
II.
Este libro de Ronna Rísquez aparece en un momento muy particular. El mundo ha regresado a la normalidad, sin pandemia. Aunque todo se detuvo por dos años, el crimen organizado aprovechó las oportunidades que brindaba el colapso sanitario para escalar. Hay quienes ven oportunidades en la oscuridad. El delito cibernético se disparó con millones de personas que comenzaron a utilizar internet para trabajar, entretenerse o hacer transacciones financieras. Los narcos advirtieron nuevas formas de transportar mercancía, al insertar productos ilícitos junto a suministros para la pandemia que atravesaban puertos sin vigilancia. El precio del petróleo se desmoronó, por la disminución de la demanda, y los barcos quedaron a expensas de la piratería.
El lento regreso a la normalidad encontró al crimen organizado enquistado en todos los desafíos sociales del siglo XXI: desigualdad, inestabilidad política, cambio climático, mercados financieros no regulados, corrupción, migración forzosa… Con capacidad para adaptarse a realidades cambiantes, supo también aprovechar las debilidades institucionales y sociales de cada país para ganar terreno y negocios.
Un punto de inflexión importante lo revela el valioso Índice global del crimen organizado (2021), en uno de sus indicadores: la resiliencia. Se define como “la capacidad de los actores estadales y no estadales para resistir y desmantelar las actividades del crimen organizado, a través de medidas políticas, económicas, legales y sociales’’. Los indicadores que sirven para medir la mayor o menor resiliencia de una sociedad son el liderazgo político, la gobernanza, la transparencia gubernamental, la rendición de cuentas, la cooperación internacional, el sistema judicial, los cuerpos de seguridad, la integridad territorial, la lucha contra el lavado de dinero, el apoyo a víctimas y testigos. Venezuela tiene números negativos en casi todos esos indicadores, básicamente porque los estados autoritarios tienen niveles más bajos de resiliencia a la criminalidad que las democracias.
Hay algo más. Esa resiliencia también ha retrocedido en el continente. “Más de las tres cuartas partes de la población mundial vive en países con altos niveles de criminalidad’’. “La trata de personas es el más omnipresente de todos los crímenes a nivel mundial’’.
En este contexto, las acciones del crimen organizado, advertidas antes como obra de actores independientes que operaban fuera de las instituciones, muestran hoy un golpe de timón. Ha crecido el papel del Estado en la perpetración o en la participación directa de actividades criminales organizadas. Esto ocurre en un grado que va desde la corrupción a baja escala hasta la captura total del Estado. El aparato estadal pasa a ser el principal y a veces único perpetrador de la violencia. O las autoridades permiten poco espacio para que operen otros grupos criminales, o ceden su monopolio sobre recursos o mercados criminales que actúan en su nombre, como es el caso de penales completos o sistemas de salud o educación.
Cuando el propio Estado perpetra actividades ilícitas, el país perdió su resiliencia frente al crimen organizado. Como ocurre en Venezuela. El índice llama la atención sobre aquellas medidas destinadas a combatir el delito, como ejecuciones extrajudiciales, que no cumplen con las normas, estándares y principios de los derechos humanos internacionales. Este tipo de medidas irregulares favorecen la criminalidad.
III.
En Venezuela se ha naturalizado el horror. Numerosas bandas criminales han tomado el control de territorios y trafican con armas, cocaína y recursos no renovables. Entre los grupos más notorios, sobresalen El Juvenal, El Tren del Norte, El Tren del Llano, Los Capracio, El Totó, y El Tren de Aragua. Junto a ellos, coexisten colectivos regulados y financiados por el gobierno. Aunque aparecieron como entidades irregulares que protegían a las comunidades, se han especializado en violencia contra manifestaciones antigubernamentales. Son Los Tupamaros, Alexis vive, La Piedrita, el Colectivo Montaraz y el Colectivo Tres Raíces de Caracas.
Aun en este contexto, sorprende que las páginas escritas por Ronna Rísquez (centradas en El Tren de Aragua) sean el producto de una investigación periodística, confirmada con testigos, fuentes e informes, y no de una novela, fruto de la imaginación de un narrador. Cuesta creer que existan ocho penales bajo el control total de sus pranes. Que una mujer pueda entrar a una discoteca en una prisión y quede presa del pran que la gobierna. Que esa cárcel, autogestionada por criminales, tenga zoológico, piscinas y cajeros automáticos, administrados por presos. Y que, desde uno de esos ocho penales, llamada Tocorón, haya escalado una megabanda que se convirtió en un negocio criminal global, desde Chile hasta México. Y que en Venezuela esto se conozca públicamente y no ocurra absolutamente nada.
Ronna Rísquez ha escrito un libro que no existe en la bibliografía venezolana, ni por asomo, atravesado por historias inéditas sobre la vida cotidiana de ciudadanos venezolanos atrapados en un corredor de desesperación y dolor humano. Es imposible leer este libro sin preguntarse, mientras pasan las páginas, cómo es posible el desenvolvimiento de semejante organización criminal sin anuencia del Estado venezolano; qué tan bajo pueden haber caído los indicadores de la resiliencia venezolana para cederle el control de un país a grupos criminales.
Nadie ha visto aún caminar por el continente latinoamericano al Hombre Nuevo idolatrado por la izquierda. Pero ya hay demasiadas pruebas trágicas de cómo estas bandas venezolanas han aprovechado el dolor y el sufrimiento de mucha gente mientras huye para sobrevivir por el continente. En ese recorrido, sobre el lomo de crímenes diversos, uno de los líderes de esta banda criminal logro colarse desde Venezuela hasta Chile, hasta administrar un food truck en la capital, Santiago de Chile, a pocos pasos del palacio de gobierno.
Este libro debía publicarse por muchas razones. No solo para conocer cómo fue posible el nacimiento y la expansión de El Tren de Aragua, sino también para ver cómo ha desbordado las fronteras de lo que muchos consideran un Estado fallido, y para ganar conciencia sobre la naturaleza de esta nueva amenaza que arrincona sociedades latinoamericanas.
Enero 2023