En un artículo anterior expliqué por qué hacía falta en Venezuela diseñar e implementar mecanismos de litigio estratégico que permitan avanzar en reparaciones económicas a las víctimas de violaciones de derechos humanos, los grandes olvidados en el tema de la deuda pública. Esta tarea es especialmente imperativa si consideramos que actualmente no existen posibilidades ciertas de avanzar en esa reparación en Venezuela.
Para lograr ese objetivo, es necesario pensar en ideas legales novedosas que creen precedentes que permitan a otras víctimas avanzar en el camino de la justicia restaurativa allende las fronteras venezolanas. Si repasamos la historia de las experiencias de reparación, muy especialmente luego de la Segunda Guerra Mundial, podremos comprobar que ellas fueron resultado de estrategias legales que, según las condiciones imperantes, no podían prosperar. Y, sin embargo, prosperaron.
Situaciones extraordinarias requieren soluciones extraordinarias. Por ello, es importante repasar el caso de Braulio Jatar.
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En 2016 Braulio Jatar, abogado y comunicador social, fue arbitrariamente detenido luego de que el medio que dirige informara sobre la protesta que en contra de Nicolás Maduro se había dado en Margarita. El grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, en 2017, certificó que la detención de Jatar había sido arbitraria, y que él era, por tanto, una víctima de violaciones de derechos humanos.
Este caso pasó a ser, así, uno más en la lista de “presos políticos”, expresión común con la cual se identifica a quienes han sido detenidos y procesados en Venezuela como parte de la persecución y represión en contra de toda disidencia de la sociedad civil. En términos técnicos, se emplea la expresión “prisionero de consciencia” para describir quien ha sido detenido por motivos de persecución. En el caso de Braulio Jatar, se trató de un asunto de persecución política judicial por su labor como periodista, como parte de los ataques sistemáticos en contra de la libertad de expresión.
“Lo importante del caso de Braulio Jatar no es solo el proceso en sí, sino las lecciones que se desprenden del mismo en términos de litigio estratégico para la defensa de las víctimas de violaciones de derechos humanos”
Ante esta situación, los presos políticos tienen dos opciones. La primera es intentar fugarse, con todos los riesgos que ello supone. La segunda es someterse al proceso penal, marcado por incontables retrasos, manipulaciones y, en suma, nuevas violaciones a derechos humanos. Pues para las víctimas de violaciones de derechos humanos, estos procesos resultan en un doloroso proceso de revictimización.
Pero Braulio Jatar decidió intentar una nueva vía, que no fue ni la fuga ni la atención pasiva al fraude procesal. Jatar, acumulando sus conocimientos jurídicos y comunicacionales, optó por usar el proceso penal fraudulento para elevar el costo de una decisión de condena. Es decir, que el proceso no era un fin en sí mismo -como debería ser, de haber habido justicia- sino que fue empleado como un medio para lograr otro fin, cual era hacer más costosa una decisión de condena, o en todo caso, evidenciar más todavía la arbitrariedad de su caso. Para ello, además, fue fundamental el apoyo internacional, especialmente canalizado por su familia.
Cuando menos lo esperas, sucede lo imposible: el 10 de septiembre de 2021 el Tribunal Segundo de Juicio del estado Nueva Esparta absolvió a Jatar y, lo que es incluso más importante, la Fiscalía no apeló de tal decisión. Es decir, que la inocencia de Braulio Jatar -que ha debido presumirse- fue declarada tanto por el tribunal como por la fiscalía. El propio sistema de justicia que detuvo y procesó arbitrariamente a Jatar por razones políticas, se vio forzado a declarar su inocencia.
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La estrategia que empleó Jatar funcionó en su caso, y evidencia la loable labor de los abogados que, como sucede con el Foro Penal, hoy día se mantienen firmes en la defensa de los presos políticos, en un país sin justicia. Junto al caso de Jatar, hay muchísimos otros casos más en los cuales las víctimas, luego de sufrir procesos injustos, son condenadas también injustamente.
Lo importante del caso de Braulio Jatar no es solo el proceso en sí, sino las lecciones que se desprenden del mismo en términos de litigio estratégico para la defensa de las víctimas de violaciones de derechos humanos. Así, el litigio no es solo un medio para la justicia, sino que puede ser también un instrumento que, junto a otras tácticas, pueden ayudar a la justicia retributiva para restablecer la dignidad de las víctimas. Incluso si determinada defensa judicial falla, este fracaso procesal puede abrir nuevas vías que terminan favoreciendo a las víctimas.
Esta aproximación del litigio estratégico es la que debe implementarse para procurar la reparación de las víctimas venezolanas, sin necesidad de esperar una transición política que, al restablecer la autonomía del Poder Judicial, permita implementar mecanismos de reparación postconflicto.
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Venezuela ha roto más de un paradigma en derechos humanos, como lo acredita el hecho de existir no solo reportes periódicos de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, sino, además, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos y la investigación ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
Es necesario seguir avanzando en este camino, aprovechando las muchas herramientas que el Derecho Internacional ofrece para lograr una reparación a pesar de que la transición política -y con ella, la justicia transicional- no han podido materializarse. Y si no hay herramientas disponibles, como hizo Braulio Jatar, entonces, hay que crear nuevas vías, con visión estratégica e inteligencia emocional, evitando procesos de revictimización.
Solo hay una manera de labrar el camino para la reparación de las víctimas: caminando.