Una reciente sentencia de una corte de Estados Unidos, en principio poco importante, está generando cierta discusión en la opinión pública con algunas posiciones encontradas. Estas discusiones giran en torno a cuál es el Gobierno de Venezuela reconocido en los Estados Unidos. Aquí pretendo aclarar la situación.
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El 3 de febrero de 2023 la Corte del Distrito Sur de la Florida declaró sin lugar una de las tantas demandas que se han interpuesto con ocasión a la arbitraria política de expropiaciones implementada bajo el gobierno de Hugo Chávez. La demanda se había iniciado en 2014, en contra de Venezuela y de Pequiven, con ocasión a la expropiación, acordada en 2010, de la empresa Marivelca, dedicada a la comercialización de productos químicos. Al menos hasta el 2019, esta empresa seguía bajo el control del Gobierno de Venezuela, suministrando productos a las “unidades de producción comunal”.
Como sucedió en todos los litigios pendientes, desde marzo de 2019 la Oficina del Procurador Especial solicitó a la Corte la sustitución de los abogados de Venezuela, con base en el reconocimiento del presidente de la Asamblea Nacional como presidente encargado por el Gobierno de Estados Unidos. Igualmente se solicitó la suspensión de la causa, en espera de una resolución del conflicto político en Venezuela, tal y como la Corte acordó el 9 de mayo de 2019.
El 11 de enero de 2021 la Corte decidió que la representación judicial de Venezuela solo podía recaer en la Oficina del Procurador Especial, como resultado del reconocimiento del presidente encargado. Desde entonces, la Oficina ejerció las defensas, que fueron acogidas favorablemente por la Corte, al declarar sin lugar la demanda en la ya citada sentencia del 3 de febrero.
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La detenida lectura de la sentencia, sin embargo, permite apreciar un detalle. En la página 27, la Corte repasa las consecuencias jurídicas del reconocimiento del presidente de la Asamblea Nacional como presidente encargado por el Gobierno de Estados Unidos. En la nota al pie 9, hace la siguiente advertencia:
“Sin embargo, no está claro a la fecha de esta sentencia si Estados Unidos aún reconoce a Guaidó como el presidente encargado de Venezuela”.
Esta es la primera vez que una corte de Estados Unidos pone en duda el reconocimiento del Gobierno de Venezuela en Estados Unidos, desde que, en 2019 las cortes decidieran, de manera unánime, que tal representación recaía en el presidente de la Asamblea Nacional actuando como presidente encargado. La duda no era muy importante en el caso examinado, pues ya el juicio había terminado. Pero lo cierto es que hay decenas de juicios en curso en las cortes de los Estados Unidos, en los que podría presentarse esta misma duda: ¿Quién representa a Venezuela?
La cuarta legislatura de la Asamblea Nacional, el 4 de febrero, publicó un comunicado “aplaudiendo” la sentencia, que sería una victoria a la defensa de los activos ejercida por el Parlamento. Pero ese mismo día, un portal de noticias anunciaba que esta sentencia abría las puertas al reconocimiento de la legitimidad de Nicolás Maduro. Una misma sentencia generó dos interpretaciones contrarias. ¿Quién tiene la razón?
“Más de un mes después de la aprobación del nuevo Estatuto de Transición, la duda sobre quién representa legalmente al Gobierno de Venezuela en Estados Unidos permanece”
Ninguna de las dos posiciones describe, con objetividad, los hechos. Comenzando por el comunicado de la Asamblea Nacional, es falso que la defensa de ese caso haya recaído en la Asamblea. Como vimos, recayó en la Oficina del Procurador Especial, que esa Asamblea acordó eliminar en la reforma del Estatuto de Transición aprobado el 3 de enero de 2023. Por ello, si esta sentencia es una victoria, lo fue de la hoy extintita Oficina del Procurador Especial, de acuerdo con la estrategia implementada desde 2021.
Tampoco es cierto que esta sentencia allane el camino para la legitimidad de Maduro. Ninguna corte de Estados Unidos puede dictaminar sobre la legitimidad democrática de Maduro como presidente electo.
¿Y entonces?
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La advertencia de la Corte de Distrito Sur de la Florida era completamente previsible. Como ya había explicado aquí en La Gran Aldea, la decisión de las Asamblea Nacional [electa en 2015] de eliminar la figura del presidente encargado colocaba en riesgo la representación legal de Venezuela en Estados Unidos, en especial, en los litigios derivados de la deuda legada de Chávez y Maduro.
La razón es muy sencilla. A partir del 23 de enero de 2019, y luego de enfrentar varias peticiones y demandas por el régimen de Maduro, las cortes de Estados Unidos concluyeron que la representación legal de Venezuela recaía exclusivamente en el presidente encargado, como explico en un libro en el que analizo todas esas sentencias. Como la Asamblea Nacional decidió eliminar la figura del presidente encargado (y de paso, a la Oficina del Procurador Especial), todos estos precedentes quedaban sin efecto. Y ahora es necesario volver a decidir quién ejerce la representación legal del Gobierno de Venezuela. Este es un problema estrictamente jurídico, que solo puede resolverse con soluciones jurídicas (que las hay, por cierto).
Nótese que me refiero, solo, a la representación legal para ejercer derechos sobre activos (como Citgo), y responder frente a pasivos, ante las decenas de juicios pendientes en las cortes. La discusión no es, ni puede ser, sobre la legitimidad democrática de Nicolás Maduro, al ser esta una cuestión política, no jurídica.
Precisamente, este riesgo se materializó por vez primera en la comentada sentencia del 3 de febrero de 2023 de la Corte del Distrito Sur de la Florida. En esa ocasión el riesgo no pasó de una advertencia. Pero en los litigios en curso este riesgo puede derivar en la indefensión de Venezuela. Sin ir más lejos: en uno de los juicios más relevantes en materia de deuda pública, se ha pedido declarar la demanda con lugar por falta de comparecencia de Venezuela.
Más de un mes después de la aprobación del nuevo Estatuto de Transición, la duda sobre quién representa legalmente al Gobierno de Venezuela en Estados Unidos permanece. Mientras más se tarde en aclarar esa duda, mayor será el riesgo de que las cortes dicten decisiones contrarias a los derechos e intereses de Venezuela.