Jugando fútbol con la cabeza de un decapitado

Diosdado Cabello, arrebatado de furor patriótico, intenta en estos precisos momentos que se apruebe una ley en la Asamblea venezolana que va a criminalizar las organizaciones no gubernamentales que reciben ayuda o fondos del exterior. Mientras tanto, Feliciano Reyna, sentado en un café de Callao en la ciudad de Madrid, persevera en su trabajo de tender lazos que garantizarán flujo de equipos médicos, medicinas y recursos para ese setenta por ciento de venezolanos que ha quedado fuera de cualquier burbuja o espejismo de una Venezuela arreglada. Setenta por ciento, así como usted lo oye.

Se encuentra cómodamente sentado, tomándose un marrón largo, pero sosegado, lo que se dice sosegado, pues no; más bien nervioso porque ahora, tras recibir el Martin Ennals Award que da la Fundación que lleva el nombre de quien fuera por doce años secretario general de Amnistía Internacional, se siente aún más comprometido. El premio lo entregan en Ginebra este 16 de febrero y lo recibe junto a otro defensor de los Derechos Humanos que no estará presente sencillamente porque está en prisión: su delito es haber luchado por los pobladores de Cachemira. Lo recibe, también, junto a una mujer -ella sí estará de cuerpo presente- que ha venido trabajando en Chad con mujeres víctimas de la violencia de género. De modo que un representante de Venezuela es digno de tal reconocimiento al lado de otros luchadores por los DDHH: una, oriunda de un país tan depauperado como la república de Chad (en África); el otro, de una región del norte del subcontinente indio, atormentada por India, China y Pakistán que se la disputan.

Ahí estará el defensor latinoamericano. Viene de un país que hasta hace 25 años era un modelo de prosperidad y democracia para la América entera, aunque cargase con sus problemas de desigualdad.

La postulación al premio le ha venido a Reyna justamente por llevar la situación de Venezuela a órganos internacionales. Por ser vocero. Por ser empecinado en el cometido de dejar a las autoridades competentes internacionales siguiéndole la pista a las violaciones de los DDHH por dos años más. Por tenaz, asertivo, transparente y tremendamente eficaz.

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Aprovechará la estadía en Ginebra del 13 al 17 de febrero para mantener a Venezuela en la agenda internacional de los DDHH. Para recalcar su situación humanitaria. Como Reyna mismo dice, aun cuando hay señales de alguna recuperación limitada dentro de algunos sectores en ciudades, la verdad es que el país en general sigue en una situación de total calamidad. De modo que en Ginebra (Suiza), donde  se asienta la Fundación Martin Ennals y tiene su sede el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, habrá reuniones con algunas de las misiones que hacen vida allí, sobre todo las de América Latina son fundamentales para Reyna.

-¿Seguimos, entonces, en emergencia humanitaria?

-Claro. Si tienes casi el setenta por ciento de la población que ha agotado sus medios de vida, que no tiene en este momento de qué más deshacerse para sobrevivir, estamos en plena emergencia humanitaria.

-¿Casi setenta por ciento de la población?

-Sí, hablamos de más de 18 millones de personas, casi diecinueve. La situación de desigualdad se profundiza. Digamos: 30% de la población es la que puede manejar dólares y tener una vida relativamente estable.

-¿Cómo llegan a esas cifras?

-Hicimos un trabajo en 19 lugares del país agrupando a noventa organizaciones diseminadas sobre el territorio nacional. Fue un levantamiento de información mediante encuestas hechas en cada lugar. Encontramos que un millón 400 mil personas habían pasado los días previos sin comer.

Ese informe está recogido en el portal www.HumVenezuela.com y contiene una indagación sobre cuatro áreas esenciales: salud, seguridad alimentaria, educación, acceso al agua y un capítulo adicional que son medios de vida.

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Acción Solidaria es la organización que primero fundó Reyna y que sigue siendo motor principal de su trabajo. Lo que más impresiona de Reyna es su capacidad de organización, sumando aliados todo el tiempo. Acción Solidaria comenzó hace años con la finalidad de buscar afuera, traer y distribuir en el país insumos que no había para personas con VIH. Hubo en su vida una motivación personal que lo puso en marcha. Reyna antes era otro, absolutamente.

En estos momentos, Acción Solidaria es una suerte de madre que se mueve en diversas áreas. Una sigue siendo VIH Sida. «Seguimos dando prevención, atención y acompañamiento. Trabajamos con 16 organizaciones del país; es decir, no tenemos sedes en esos estados pero llegamos a través de quienes ya están allí. Ha sido importante ese trabajo porque nos ha permitido, al hacer las pruebas de detección y estar en contacto con esas organizaciones, ver cuánto nos falta todavía en materia de prevención. ¡Nos siguen dando datos preocupantes de prevalencia, que por supuesto compartimos con organizaciones internacionales!».

La segunda área es la recepción y distribución de tratamientos para todo tipo de condición, así como distribución de insumos para hospitales. Esos insumos van llegando a las personas que los necesitan a través de los especialistas o jefes de Unidad en los hospitales. «Hemos entregado, entre 2019 y 2022, tratamientos a más de 760 mil personas. Me refiero a casos de hipertensión, diabetes, Alzheimer, etcétera. Llegamos a 21 estados del país y es una actividad que también desarrollamos con organizaciones radicadas en esos estados. Además, entregamos cuarenta mil unidades al mes. Eso significa guantes, mascarillas, inyectadoras, gasas…».

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La Ley de Cooperación Internacional surge por imitación de Rusia, país que en 2006 aprobó una ley muy restrictiva con la intención de designar a organizaciones internacionales que actuaran en Rusia, o nativas de Rusia pero que recibieran fondos internacionales, como «agentes extranjeros». Adjetivos compuestos como «agente extranjero» son muy del agrado de regímenes como el ruso o el nicaragüense, así como del madurista. Feliciano Reyna opina que lo de ahora, en Venezuela, no es un intento nuevo. En todo caso, significaría un daño enorme, no solamente para las organizaciones de DDHH sino también para sindicatos, gremios, grupos de base, organizaciones religiosas. «No puedo decir en este momento cuál es el texto que está sobre la mesa, vimos uno cuyo preámbulo era, hasta ahora, el más ideológico, echando mano de la condición geopolítica de Venezuela… En fin, es muy grave. Lo es porque queda amenazada una manera eficiente de responder a las necesidades tan urgentes que hay en la sociedad venezolana».

Reyna dice que esta es otra manera de intentar taparle la boca a la gente. Sin embargo, lo que se ha visto como protesta en estos días ya no es «apoyo al chavismo» o «estoy con la oposición» sino empleados públicos, maestras, trabajadores de industrias básicas diciendo que no pueden más. «Lo que se proponen es criminalizar la cooperación. Pero resulta que es un derecho humano que puedas solicitar y recibir recursos de la cooperación internacional, incluyendo la de los Estados. La Unión Europea dispone fondos para eso, como hay agencias o fondos en Canadá, en Suecia, en Estados Unidos o España… Se supone que el gobierno venezolano está buscando espacios posibles para estabilizar su situación; bueno, esta ley es un daño para el propio Gobierno».

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La Misión Internacional de la ONU tiene, por ahora, las puertas cerradas. Pero el trabajo de seguimiento continúa a través de la Organización Internacional del Trabajo y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con personal fijo en Venezuela (al menos hasta nuevo aviso). La Misión de Determinación de Hechos, aun desde fuera, tiene a su cargo cuatro temas bien específicos: detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas, tortura y tratos crueles. Trabaja desde el exterior pero echando mano de las tecnologías y mediante las conexiones que existen. Esa Misión ha hecho, además, hincapié en violencia de género. En este sentido, Reyna se encuentra alarmado ante casos gravísimos de los que se tiene conocimiento en las cárceles, por ejemplo. Luego, el tema ambiental, como lo del Arco Minero del Orinoco. Otra factura que habrá que pasarle al patriótico gobierno de Maduro y Cabello.

Por cierto, una de las cosas que le reconocen a Reyna con el Premio Martin Ennals es su labor durante un año por conseguir que se renovara la Oficina del Alto Comisionado y la Misión de Determinación de Hechos por dos años más (aun con las limitaciones de esta última). Eso, conseguir esos dos años, fue un gran triunfo.

Al final, Feliciano Reyna dice que no sabe en realidad si es iluso, pero conserva la esperanza. Y la esperanza es la interlocución. Y cree que algún día habrá otro modelaje público. Tal vez haya oportunidad en una Latinoamérica distinta, han surgido ciertos brotes, un subcontinente que vaya empujando al gobierno venezolano a que tome una senda, al menos, alejada del modelo nicaragüense. Sí, es cierto que ha habido manifestaciones terribles en grupos humanos dentro de un clima como el que promueve el Gobierno, como ese de las cárceles; un clima donde las torturas a los presos es lo usual. Feliciano Reyna habla de psicopatologías en grupos donde, a veces, sus miembros se ven compelidos a demostrar su grado de crueldad para no quedarse a la zaga. Eso pasa.

Pero todavía así también deja abierto algún resquicio. Él es un organizador con voluntad y empeño. Ojalá tenga razón. Ojalá siga teniendo éxito.

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Se recomienda a los lectores acercarse a la página de Civilis Derechos Humanos, creada también por el equipo y aliados de Feliciano Reyna. Esta iniciativa, para él, significa el valor del trabajo colectivo; su objetivo es defender los derechos de la sociedad civil, promover el espacio cívico donde la gente pueda trabajar en DDHH pero también formar gente en esto, y proveer de información pertinente a otras organizaciones. Dice Reyna, orgulloso: «Ha sido un trabajo intenso de coordinación, parte de los programas que hemos desarrollado han llegado a más de setecientas organizaciones. Ponemos a la disposición herramientas en la web, una serie de conceptos para entender de qué tratan estos derechos de la sociedad civil y las libertades de asociación, de expresión, a la participación en asuntos públicos, a la protesta y el mismo derecho a defender los Derechos Humanos».