El presidente de Colombia, Gustavo Petro, enfrenta su primera crisis de popularidad. Los estudios de opinión, sumados a intensas movilizaciones en su contra, presagian que la imagen del mandatario comienza a tener importantes grietas. La reforma de salud podría ser la prueba de fuego que defina el porvenir del gobierno de Petro.
El primer mandatario de izquierda en Colombia presentó recientemente ante el Congreso de la República un proyecto de ley de reforma del sistema de salud que prevé otorgarle más poder al Estado como prestador del servicio.
La reforma de salud: posible punto de inflexión
La propuesta de salud del presidente colombiano ha generado todo tipo de reacciones dentro del universo político y científico. Quienes se oponen a la reforma consideran que implicaría un retroceso de 20 años al revivir la figura del Seguro Social como prestador de servicio (un ente que operó hasta 1993 y presentó severos problemas de cobertura y corrupción), y debilitar las llamadas Entidades Promotoras de Salud (EPS), un esquema público-privado que ha permitido a Colombia ampliar los niveles de cobertura. De acuerdo con un informe del propio Ministerio de Salud, en los años ‘90 menos del 40% de la población tenía acceso al sistema de salud. Actualmente, más del 90% de los colombianos tienen algún tipo de cobertura.
Si bien es cierto que el sistema actual presenta deficiencias en la calidad, no es menos cierto que el país ha dado grandes pasos que han sido reconocidos por entes internacionales. Según la firma consultora Brand Finance, Colombia es el país de América Latina con más hospitales de alta calidad dentro del ranking de mejores centros de salud del mundo.
“Según la firma consultora Brand Finance, Colombia es el país de América Latina con más hospitales de alta calidad dentro del ranking de mejores centros de salud del mundo”
En el sistema actual, las Entidades Promotoras de Salud actúan como intermediarios entre la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y los hospitales o centros médicos. De acuerdo con la actual ministra de Salud y Protección Social, Carolina Corcho Mejía, la reforma “busca reducir esta intermediación”. A su juicio, en el sistema actual la salud no se percibe como un derecho, sino como un negocio.
La reforma ha producido revuelo incluso dentro de los propios partidarios del Gobierno. El ministro de Educación de Petro y exministro de Salud de Juan Manuel Santos, Alejandro Gaviria, planteó un conjunto de observaciones sobre el proyecto de ley. “La reforma no ha hecho un diagnóstico de lo que hoy sirve y lo que no. Ningún cambio puede comenzar desde cero. Eliminar las EPS no va a solucionar la insostenibilidad financiera, corrupción y desigualdades territoriales”, sostuvo Gaviria. En la misma línea, Roy Barreras, presidente del Senado de la República y aliado de Petro, cuestionó fuertemente la actitud de la ministra y señaló que “no se puede romper abruptamente con el sistema de salud que ha sido calificado como el sexto sistema más influyente del mundo, sin que se construya otro sistema”.
El agujero en la coalición gobernante se hizo más notorio cuando el pasado domingo 26 de febrero se filtró una carta firmada por el ministro Gaviria, junto con sus homólogos de Hacienda, Educación y Agricultura y el director del Departamento de Planeación, expresando la inconformidad con la reforma de salud y argumentando que esta sería impagable desde el punto de vista financiero. El presidente Petro reaccionó a la filtración del documento, reconociendo la autenticidad del mismo, horas antes de tomar una decisión que aupó aún más el clima de tensión. En la noche, en medio de una alocución presidencial, el jefe de Estado anunció la remoción de Gaviria como ministro de Educación, así como de Patricia Ariza, que estaba al frente de cartera de Cultura; y María Isabel Urrutia, que lideraba la de Deporte.
De acuerdo con una encuesta revelada por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), el 63% de los colombianos está en desacuerdo con la eliminación de las EPS, mientras el 32% está de acuerdo con el cambio que propone el gobierno de Petro. Por otra parte, el 67% no está dispuesto a renunciar a su servicio actual de salud y trasladarse a un sistema totalmente público. A su vez, a más del 50% le preocupa mucho que los recursos sean manejados por entidades públicas.
Las reformas de Petro y el espejo de un país polarizado
Los partidarios del Presidente se movilizaron el pasado febrero para darle el visto bueno a la propuesta presentada por el representante del Pacto Histórico. En un recorrido que partió desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar en Bogotá, múltiples agrupaciones sociales y políticas acompañaron con cantos y consignas el proyecto de ley que calificaron como un cambio profundo y significativo del modelo actual. Samba, tambores y colores sobró en la movilización, así como un cielo gris que amenazaba con desatar un aguacero como esos que solo se dan en la capital. Las tradicionales palomas como símbolo de paz no se hicieron extrañar, tampoco lo hicieron las gorras alusivas al Pacto Histórico.
Luz Mary Sánchez, representante de la Confederación de Trabajadores de Colombia, aseguró que las reformas se han construido con la ciudadanía y fueron ampliamente consultadas. Sobre la propuesta de salud específicamente, la dirigente sindical señaló que Colombia se tardó en hacer una reforma de salud y que es imprescindible acabar con la intermediación. “Es fundamental acabar con esos intermediarios que se han quedado con el dinero de la salud”, exclamó refiriéndose a las EPS.
Por su parte, María Pérez, una ciudadana que reside en una zona popular de Bogotá, advirtió que el Presidente debe cumplir con las promesas de campaña. “Estoy aquí para exigirle al Presidente que cumpla con las promesas de campaña. No solo es la reforma de salud, es también la reforma laboral y pensional. Este país tiene que cambiar definitivamente, hay mucha desigualdad social”, detalló la manifestante.
El presidente Petro, junto a su esposa y su hija menor, recibió pasadas las tres de la tarde a un gran cúmulo de partidarios en el balcón del Palacio presidencial. “El derecho no es para quien puede pagarlo, eso se llama neoliberalismo”, expresó Petro con respecto a su polémica reforma.
En la acera de enfrente, la oposición respondió con una contramarcha para rechazar no sólo la reforma de salud, sino también la política económica del Gobierno y las demás reformas que se adelantan. En Bogotá, el senador del uribismo Miguel Uribe Turbay acompañó la manifestación y declaró que “Gustavo Petro está impulsando, con base en el odio y en el resentimiento, propuestas que desconocen los avances del país”.
El recorrido de la oposición se saturó de camisas blancas y banderas de Colombia. Fue una marcha sin mucha simbología política-partidista. En medio de consignas como “No más Petro” y “Mientras haya ejército, habrá Patria”, los ciudadanos marcharon hasta la icónica Plaza Bolívar, donde estaban desplegados campamentos de docentes e indígenas de Asoinca (Asociación de Institutores y Trabajadores de la Educación del Cauca), exigiendo mejores condiciones de vida al Gobierno.
La coincidencia de ambas movilizaciones provocó tensión durante unas horas, pues fue un espejo de un país polarizado. Por un lado, indígenas pidiendo que el cambio que votaron les llegara a sus vidas; y por otro, miles de ciudadanos oponiéndose a los cambios que los otros piden. Sin saberlo, ambos polos edificaron un puente: el Gobierno no viene bien para ninguno de los dos lados.
Llamó la atención de la marcha opositora que, pese a que fue una movilización importante, ya que se dio en al menos 12 ciudades de Colombia, no hubo tarima, ni un discurso de un líder político.
Al final de la tarde, ambas fracciones políticas protagonizaron una batalla de narrativas en las redes sociales. Con sus respetivas fotos desde el ángulo preferido debatieron sobre quién mostró más músculo político en la calle. A decir verdad, la Policía Nacional estima que en todo el territorio colombiano la marcha del oficialismo estuvo por el orden de las 28.000 personas. Mientras en el caso de la oposición la cifra fue muy superior, estimada en unas 47.000 personas.
Las paredes de Nariño se comienzan a agrietar
Durante los primeros tres meses como inquilino de la Casa de Nariño, la imagen del presidente Petro creció levemente. Algunos analistas adjudicaron dicho incremento a su versión más moderada, reflejada en acuerdos con partidos tradicionales, encuentros con su acérrimo rival político Álvaro Uribe Vélez y, por supuesto, la decisión de adjudicarle la cartera de Hacienda y Crédito Público a un hombre de la academia con criterio técnico más que probado como José Antonio Ocampo, profesor de la Universidad de Columbia.
Sin embargo, en la medida en que el Presidente ha comenzado a desarrollar el programa de gobierno que la mayoría refrendó en las urnas, sus niveles de popularidad y gobernabilidad han comenzado a mostrar signos de agotamiento. De acuerdo con el estudio Pulso País de la firma Datexco, la imagen favorable del Presidente pasó del 54% al 44% entre octubre y febrero. En el mismo lapso, el porcentaje de la población que aprueba la maneja en cómo el mandatario dirige el país pasó de 48% al 39%. En lo que respecta a la situación económica de los encuestados, 48,8% respondió que sigue igual, 16,1% señaló que ha mejorado, mientras que otro 34% considera que empeoró.
Otro dato que arrojó el estudio es que los ministerios del Gobierno peor evaluados fueron los que precisamente dirigen las reformas más polémicas, Petróleo y Salud. En una escala de 1-5 la calificación más baja se la llevó Irene Vélez, ministra de Minas y Energía, quien fue calificada con 2,1. Vélez ha protagonizado innumerables controversias por la intención del Gobierno de limitar las exploraciones de gas y petróleo, como parte de una política de transición energética. Por su parte, la ministra de Salud y Protección Social, Carolina Corcho, fue también reprobada al obtener un puntaje de 2,33.
Los estudios de opinión y las protestas comienzan a mostrar un socavamiento de la luna de miel de los colombianos con el gobierno progresista. El Presidente tendrá que dar un giro de timón en varias áreas para reducir la posibilidad de que episodios de ingobernabilidad amenacen los cimientos de su mandato.