EN LA ALDEA

23 febrero 2024

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Después de una temporada en el infierno

Quizás ha llegado la hora para sacar a flote los temas que nos acogotan, que obstruyen la visión de futuro, podríamos reconocer que esto sucede por haber tenido los venezolanos la “oportunidad” de pasar una temporada en el infierno que nos recreó la poética profecía de Arthur Rimbaud en su imperecedero poema:

“Antaño, si mal no recuerdo, mi vida era un festín en el que todos los corazones se abrían, en el que todos los vinos se escanciaban. 
Una tarde, me senté a la Belleza en las rodillas. Y la encontré amarga. Y la cubrí de insultos. 
Me armé contra la justicia. Escapé. ¡Oh brujas, miseria, odio: a ustedes se les confió mi tesoro! 
Logré que se desvaneciera en mi espíritu toda la esperanza humana. Sobre toda alegría, para estrangularla, salté como una fiera, sordamente. 
Llamé a los verdugos para, mientras perecía, morder las culatas de sus fusiles. Llamé a las plagas para ahogarme en la arena, en la sangre. La desgracia fue mi Dios. Me tendí en el lodo. Me dejé secar por el aire del crimen. Y le hice muy malas pasadas a la locura”. 

Ese pasaje infernal pareciera tener varias estaciones, una muy particular es aquella que nos da la clarividencia para comprender que el futuro depende de un cambio, un llamado cambio político. Frente a esta idea se alinean los batallones, algunos dicen que el cambio sólo es de gobierno, otros que implica avanzar a la privatización de la industria que ha motorizado el país por más de medio siglo, privatizar PDVSA.  

“Las consecuencias son inocultables, no puede haber equilibrio de poderes si uno de ellos tiene la potestad de manejar la riqueza nacional sin obligación de rendir cuentas y sin que pueda vetarse u oponerse a sus decisiones”

Ésta consigna se lanza y comienzan las definiciones. Algunos ingenuamente se oponen a la propuesta dizque por nuestras capacidades para manejar exitosamente esa industria. ¿Si en otros tiempos hemos sido exitosos por qué no ahora? Frente a este deseo surgen explicaciones de estudiosos: Francisco Monaldi y Leonardo Vera; ¿Qué sentido tendría expropiar una industria cuya realidad económica y financiera es hoy la de una empresa desahuciada; sostenida por el respirador artificial que le brinda el financiamiento del Banco Central de Venezuela y la cesación de pagos con sus acreedores financieros internacionales? Y rematan: Una PDVSA, “saqueada, sin ganancias operativas, ni inversión. Sin gente capacitada, con una deuda impagable. Viviendo del financiamiento del BCV”.  El debate es álgido, otros confían en el refuerzo de la inversión extranjera, como posibilidad de resurrección. Pareciera que la esperanza depositada en el cambio político depende de privatizar esa empresa cuando en realidad el tema es mucho más complejo y profundo. Lo que realmente es definitorio para el cambio político es aceptar o negar que el Estado continúe siendo el verdadero dueño de la riqueza nacional, con un único límite, lo que considere como “interés general”. Como pauta nuestra Constitución:

“Artículo 115: Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general”. 

No sabíamos que en el segundo párrafo del Artículo al particularizar sobre “fines de utilidad pública o de interés general”, se aludía a lo que emergería como fundamento de la construcción institucional del país. Propiciando, más adelante en la misma Constitución, lo que se podría calificar como un salto esquizofrénico que reubica el poder sobre la riqueza nacional en manos del Estado de manera tajante y casi absoluta:

“Artículo 302: El Estado se reserva, mediante la ley orgánica respectiva, y por razones de conveniencia nacional, la actividad petrolera y otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico.  

El Estado promoverá la manufactura nacional de materias primas provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables, con el fin de asimilar, crear e innovar tecnologías, generar empleo y crecimiento económico, y crear riqueza y bienestar para el pueblo”.

No intentamos adivinar el alcance profético de dos palabras “El Estado se reserva” ni hubo preguntas sobre los límites y responsabilidades que acarreaba. Hoy hemos aprendido un poco, al estar aun inmersos en una temporada en el infierno consagrada por esta Constitución.  

Las consecuencias son inocultables, no puede haber equilibrio de poderes si uno de ellos tiene la potestad de manejar la riqueza nacional sin obligación de rendir cuentas y sin que pueda vetarse u oponerse a sus decisiones. No puede existir Estado de Derecho ni independencia del Poder Judicial, si coexiste un poder con una armadura superior capaz de someter el sistema de justicia a sus intereses particulares. Convierte a los jueces en sus empleados. 

La brega por el cambio político no es la decisión de privatizar a PDVSA o de insuflarle oxígeno a ver si revive. El cambio político podría comenzar a construirse desde el momento en que enfrentemos la necesidad de que el Estado deje de actuar como una suerte de propietario y distribuidor de la riqueza nacional, sin ningún límite, porque la reserva se traduce en un carácter de propietario que le otorga un status inalcanzable para el resto de las instituciones del país. 

Podemos comenzar a confrontar ideas que vean la magnitud y trascendencia del Estado propietario de la riqueza, ¿es posible hablar de descentralización como política de un Estado que funge como propietario de la riqueza? o tendríamos primero que plantear un proceso muy complejo que signifique reconvertir el Estado en una institución al servicio del ciudadano y de apoyo al desarrollo de las iniciativas empresariales, nuevos emprendimientos de todos los tamaños y especialidades.  

La centralización es hija legítima del Estado dueño de la riqueza nacional y a la vez piedra de tranca para una auténtica descentralización. En el mismo orden de ideas podemos preguntarnos: ¿Es posible aspirar a un sistema de justicia idóneo si el poder está totalmente concentrado en el Ejecutivo? En cuanto al poder de legislar, pareciera que la sumisión de esta instancia al presidente no es más que una factura que cobra el propietario, quien actúa como distribuidor de riqueza sin control ni límites a sus decisiones.  

El cambio político sólo puede ocurrir cuando se devuelva el agua al molino, esforcémonos en encontrar la fórmula para retornar poder al ciudadano y a sus iniciativas, los que controlan hoy bajen de su pedestal de propietarios y sirvan a los ciudadanos en sus experiencias en búsqueda de riqueza. Creo que es el momento de repetir las palabras de Rómulo Betancourt a Juan Pablo Pérez Alfonso, con una ligera modificación, no es el petróleo es la propiedad.  “La propiedad es una vaina muy seria, por eso hay que ponerse a estudiar”. Solo así podría terminar nuestra infinita temporada en el infierno.

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La opinión emitida en este espacio refleja únicamente la de su autor y no compromete la línea editorial de La Gran Aldea.

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