Miguel Rodríguez Torres y el pasadizo secreto de la CIA (y II Parte)

¿Por qué salió en libertad Miguel Rodríguez Torres? Tal vez por lo que sabe. Es una de las bóvedas que atesora los grandes secretos de la plana mayor del chavismo. Después de una década al frente de los servicios de inteligencia, el mayor general acumuló un patrimonio de información que vale oro. Videos. Documentos. Cartas. Grabaciones. Ese es su fuerte: una despensa llena de data dura que lo convierte en un peso pesado en el juego del poder local. Y transnacional, en el que Washington ocupa un papel primordial. ¿No resultaba mejor entonces para la jerarquía chavista dejar que se pudriera en las mazmorras? La respuesta corta es sí. La respuesta larga es muy compleja. Casi un thriller. Pasa por una interrogante que es un atrevimiento: ¿Será que cuenta con el respaldo de los gringos?, ¿un informante protegido?

Es preciso rastrear la carpeta que sobre él flota en la web para intentar despejar la incógnita. Lo que él ha dicho. Lo que de él dicen. Y lo que han dejado de decir. Sobre este último punto hay algo que llama poderosamente la atención. Algo que pudiera ser clave para explicar -en parte- su liberación: Estados Unidos, que ha sancionado a todo el elenco revolucionario, de Nicolás Maduro para abajo, que ha ofrecido millones de dólares por las cabezas de los altos jerarcas del chavismo, no lo ha señalado con su odioso dedo acusador -el imperio nunca es simpático, me dijo una vez un entrevistado cuyo nombre no viene al caso.

Washington no le ha puesto precio a su cabeza. El Departamento del Tesoro -tan acucioso- lo ignora.

Cuando Barack Obama dictó, en marzo de 2015, la orden ejecutiva que declaró a Venezuela como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y sancionó con nombres y apellidos a siete funcionarios presuntamente vinculados a la violación de los Derechos Humanos en el marco de las protestas que tuvieron lugar en 2014, Rodríguez Torres salió indemne. Fueron penalizados quienes estaban a cargo del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin); de la Policía Nacional Bolivariana (PNB); de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); y de la Inspectoría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en los momentos en que ocurrieron los hechos. También fue castigada una fiscal señalada de hostigar a líderes opositores (Katherine Haringhton). Hasta ahí.

No digo que Rodríguez Torres deba figurar en la nómina. Digo que no figura. Es llamativo este detalle toda vez que ocupó un cargo de tan elevada jerarquía en el área de seguridad cuando ocurrieron las manifestaciones. Estaba al frente nada más y nada menos que de la cartera de Relaciones Interiores. Es llamativo que haya sido excluido porque, en diciembre de 2014, en medio del debate que se desarrolló en el Congreso norteamericano para aprobar la ley que les daría piso jurídico a las sanciones por violaciones de derechos humanos, el nombre de Rodríguez Torres se aireó en los medios de comunicación como un candidato natural para ser incorporado al listado. Esto, desde luego, según el patrón que vemos que se siguió para tomar la decisión: apuntar directo a la sien de los cuerpos represivos del Estado.

El Parlamento no ofreció entonces una lista oficial. No es lo que se estila. Pero las quinielas apuntaban, entre otros, al mayor general Miguel Rodríguez Torres. Había razones muy concretas. Uno de sus escoltas, el sargento mayor de segunda del Ejército y también comisario del Sebin, Jonathan José Rodríguez Duarte, fue uno de los que abrió fuego -pistola Glock- aquella tarde en la que cayeron fulminados el joven carpintero Bassil Da Costa y el coordinador del Secretariado Revolucionario de Venezuela Juan “Juancho” Montoya. En principio, el gobierno de Nicolás Maduro endosó estas muertes al dirigente Leopoldo López, quien había convocado a la oposición a la calle bajo la fórmula de lo que denominó “La Salida”.

El equipo de investigación del diario Últimas Noticias, sin embargo, desbarató el catecismo revolucionario en tiempo récord: demostró mediante un reportaje multimedia publicado en su página web que fueron funcionarios del Sebin, y hombres vestidos de civil, quienes accionaron sus armas ese día en la Candelaria. La autoría material del asesinato de Da Costa, según sentencia ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia, fue atribuida al comisario del Sebin José Ramón Perdomo Camacho, quien recibió una condena de 29 años y seis meses de prisión por el delito cometido. La del asesinato de “Juancho” Montoya no está tan clara. Se señaló a Hermenegildo Barrera Niño, quien se entregó a las autoridades en julio de 2014. Pero, cuando declaró a la prensa, este líder de los colectivos aseguró que era inocente y deslizó que se trató de un asesinato por “encargo”. Rodríguez Duarte, en cambio, fue condecorado con la Orden Francisco de Miranda en su Tercera Clase en octubre de 2014.

II

El senador Marco Rubio presionó para que Rodríguez Torres fuese sancionado. El 28 de septiembre de 2016 le mandó una carta al presidente Obama en la que le solicitaba que extendiera las sanciones a otros funcionarios que habían violado, según su punto de vista, los Derechos Humanos en Venezuela. El político republicano mencionaba a tres personas en concreto en su misiva: Tibisay Lucena, Sandra Oblitas (Consejo Nacional Electoral) y Miguel Rodríguez Torres (exministro de Interior). Las dos primeras, efectivamente, fueron incluidas posteriormente en las llamadas “listas negras” que emite Estados Unidos. Pero el mayor general siguió invicto. Y hasta ahora, salvo que haya una lista secreta confeccionada en las sombras de los servicios de inteligencia, no ha sido castigado públicamente por Washington.

No aparece registrado en la lista de militares sancionados elaborada por la Asociación Civil Control Ciudadano, que realizó una investigación exhaustiva sobre el tema, cuyos resultados fueron publicados en un informe fechado en noviembre de 2020. El mayor general también está limpio de sanciones según la data que maneja el portal Crónica Uno, que señala en un reportaje publicado en su sitio web que entre marzo de 2015 y marzo de 2018 fueron sancionados por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea 76 funcionarios que formaban parte o siguen formando parte del gobierno de Nicolás Maduro. Igualmente ocurre con la información que ha publicado el portal Runrunes sobre el tema: ni rastro del nombre del exministro del Interior. En el listado publicado por este medio, que va igualmente de 2015 a 2018, figuran 92 personas, porque además de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, se incluye a Panamá. Tampoco aparece el nombre del exministro del Interior en la detallada base de datos de Vendata.

Desde que fue liberado en enero pasado, leí varios perfiles del mayor general. Escribí una pequeña semblanza sobre su vida para la primera entrega de este trabajo. Hurgué. Indagué. De pronto -esas epifanías que a veces brinda el oficio periodístico- me percaté de que este importante cuadro ligado en un pasado a la revolución estaba fuera del radar coercitivo de Estados Unidos. Lo que no es ninguna primicia.

Pero pasa como con el cuento La carta robada de Edgar Allan Poe: buscan la epístola y resulta que está ahí, a la vista de todos. Nadie la ve porque el lugar donde reposa resulta demasiado obvio. Igual: los entendidos y los no entendidos recitamos como plegarias los nombres de los sancionados. En esa alucinación, se pasa por alto el pequeño detalle de que Rodríguez Torres haya salido ileso, hasta ahora, en materia de sanciones. Aquí lo original estaría -si es que pretendemos tomar un ángulo novedoso- en conectar el hecho de que el exministro del Interior haya escapado del directorio de reprochables que suele armar Washington con la arriesgada hipótesis de que fuese un informante protegido de los servicios de inteligencia norteamericanos.

Hay unos que entran en el funesto directorio, pero luego salen porque colaboran, como ocurrió, por ejemplo, con el exdirector del Sebin Manuel Ricardo Cristopher Figuera, quien se deslindó del régimen de Nicolás Maduro en medio de la conjura del 30 de Abril de 2019. De inmediato, el 7 de mayo de ese mismo año, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) le levantó las sanciones que pesaban contra él. Hay otros que, si bien forman parte clave de la estructura de poder de un régimen cuestionado, están al margen de las penitencias que impone Washington debido a que carecen de responsabilidad en asuntos turbios. También están los que logran salvarse de las sanciones porque, aunque han hecho méritos para que los penalicen, de manera encubierta flirtean con el enemigo. El objetivo de los que hacen méritos para salir y de los que entablan una relación amistosa es el mismo: pactan con Estados Unidos a cambio de un futuro más apacible.

III

En este viaje que emprendí por la web para rastrear las andanzas de Rodríguez Torres, me encontré con un dato que está en línea con la hipótesis que me planteé de cara a este trabajo: que el mayor general tuviese un pasadizo secreto que lo conectara directamente con los servicios de inteligencia gringos. La pista la da Últimas Noticias en su edición del sábado 24 de junio de 2017. El diario, que ya no pertenecía a la Cadena Capriles, sino que habría sido adquirido por el empresario Samark López, destacaba ese día un supuesto informe de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en el cual se señalaba que Rodríguez Torres habría aceptado recibir beneficios de Washington a cambio de suministrar información clave de miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

El domingo 25 de junio Últimas Noticias recoge en su primera página las declaraciones que dio el día anterior Nicolás Maduro a propósito de la conmemoración de la Batalla de Carabobo. El titular que abre el periódico no tiene pérdida: “Rodríguez Torres: fuente protegida de los gringos”. El tabloide agrega que el presidente Maduro informa que se había desmontado un golpe de Estado y que el oficial suministraba información a Estados Unidos. El soporte que necesitaba para que mi hipótesis adquiriera un carácter más serio, más persuasivo, más científico. Sin embargo, días después el mayor general da una rueda de prensa en la que destruye con argumentos convincentes la autenticidad del documento publicado por el diario (Disponible aquí – en 15:05).

Dice que el informe es “viejo” y que en su momento le llegó a Hugo Chávez, quien lo desestimó después de escuchar la opinión del propio Rodríguez Torres y del mayor general Hugo “El Pollo” Carvajal. Declara el exministro de Interior que el propio Chávez le giró instrucciones para que mantuviera contacto con los órganos de inteligencia foráneos por razones estratégicas. Y hace una confesión: relata que Chávez le pidió que lo pusiera en contacto con la jefa de la CIA en Venezuela. “Yo la llevé al despacho del presidente”, soltó el mayor general, sin mencionar el nombre de la funcionaria. La reunión entre el presidente y la espía de alto rango se extendió por espacio de hora y media. “Chávez la atendió con mucho respeto. Después se sumó el exembajador Shapiro. Esa relación no era nada secreta para mí ni nada que me perturbara”.

En la rueda de prensa, Rodríguez Torres lanza su artillería pesada. Dice -palabras más, palabras menos- que en los documentos que han sido ventilados públicamente se le pretende involucrar solapadamente con Walid Makled, el narcotraficante a quien le incautaron 400 kilos de cocaína en el año 2008 y quien, como un animalillo acorralado, comenzó a soltar nombres de las personas a quienes debió pagar para poder operar a sus anchas. Sus socios temblaron. Sus relacionados sufrieron arcadas. Peleas entre mafiosos. Y he allí que una de las personas a las que aludió fue al hermano de Tareck El Aissami, a quien le habría pagado unos buenos fajos de dólares a cambio de favores. Y no es casual que haya sido el diario Últimas Noticias el que haya publicado el supuesto documento de los servicios secretos norteamericanos. Samark López, según la OFAC, sería el testaferro de Tareck El Aissami. O para decirlo con elegancia anglosajona: el front man.

Una de las versiones que corren en medio de esta enredada trama es que habría sido el mayor general Rodríguez Torres quien habría suministrado información a Estados Unidos para que se terminara de completar el expediente rojo contra El Aissami, quien precisamente fue sancionado por la OFAC cuatro meses antes de que se divulgara el documento tachado de apócrifo por el mayor general. De este trasiego de información vendría la rivalidad entre ambos. Una traición que, desde luego, resulta cuesta arriba demostrar. Estas suelen ser operaciones limpias. Profesionales. De alto calado. Por eso es que, quizás, el documento de Últimas Noticias sea chimbo. Hasta Eva Golinger, entrenada en la lectura de este tipo de informes, lo desestimó. Pero esto no descarta por completo la hipótesis de que Rodríguez Torres fuese efectivamente un informante protegido. Lo que pudiera demostrar es que el mayor general sabe hacer las cosas, si acaso hizo algo. Por lo demás, lo de la traición hay que verlo de una manera menos ortodoxa: este es un tablero de poder y cada quien juega según las fichas con las que cuenta. La de Rodríguez Torres es su bóveda, que, si se cotizara en Wall Street, valdría una fortuna.

–Yo voy a preparar algunos tips de mis entrevistas con Makled. Porque tengo los videos -amenazó Rodríguez Torres aquel día de la rueda de prensa.

IV

Hay dos hechos concretos: el mayor general está ajeno a las sanciones y fue puesto en libertad por un régimen que es implacable con quienes desertan de sus filas. ¿Cómo lo hicieron preso si contaba con el respaldo de Estados Unidos?, sería una pregunta que habría que hacerse. Al detenerlo, además de anular toda posibilidad de que el mayor general pudiera convertirse en una alternativa política luego de apartarse de Maduro, el Gobierno ganaba poder en su forcejeo con Washington. Rodríguez Torres, confinado, pasaba a ser una ficha de sumo valor. Estas negociaciones son dando y dando. Ocurren en la intimidad de la trastienda. Estos pactos son los que explicarían que ocurran cosas como el indulto de los sobrinos de la pareja presidencial. Estos acuerdos serían los que estarían detrás del salvoconducto que se le extendió a Rodríguez Torres, a quien, de paso, se le imputa la creación de “La Tumba”. El último movimiento de piezas en el tablero ha sido la salida del Gobierno de Tareck El Aissami. ¿Una concesión a Estados Unidos? Esta historia está en pleno desarrollo. Es un gerundio. Va ocurriendo. Y mientras va ocurriendo, uno va atando los cabos.

¿Informante protegido Miguel Rodríguez Torres? El pasadizo secreto de la CIA tiene su encanto.