Profundamente indignado por trigésima primera vez -pues precisó que hasta la fecha ha desvelado treinta “tramas” de corrupción en Petróleos de Venezuela en cinco años-, el fiscal Tarek William Saab indicó que los involucrados en la trama, 31 exhibían un “estilo de vida que no corresponde a ningún funcionario público”.
Si se toma como buena la declaración del titular del Trabajo, Francisco Torrealba, quien estimó que los ministros perciben mensualmente 700 bolívares, el “estilo de vida” de los miembros del Gabinete Ejecutivo debería reducirse a hacer fogatas a orillas del río Guaire, sufrir de desnutrición y pedir plata en los semáforos de Caracas.
A más dinero robado, más discursos grandilocuentes. “Desarrollamos una lucha sin cuartel”, advierten. Y quizá ese es el primer error: en lugar de “sin cuartel” debería ser “en el cuartel”, visto el origen de ciertos imputados. Otros prometen la enésima “cruzada”, término poco apropiado si se parte del hecho de que algunos de los señalados tienen buenas conexiones con el Medio Oriente.
“La cúpula cívico-militar chavista tiene 24 años en cargos de la administración pública. ¿Viven y mantienen a sus familias con esos sueldos?”
Sin embargo, antes de emprender la enésima gesta heroica para ejecutar la imposible “limpieza en PDVSA” y derrotar al invencible burocratismo, ministros, magistrados, rectores del Consejo Nacional Electoral, jerarcas del Poder Ciudadano, gobernadores y alcaldes podrían hacer algo más sencillo: publicar su declaración de patrimonio y dar ejemplo de transparencia y honestidad a los ciudadanos.
Hace dos años, tras anunciar la inhabilitación de Juan Guaidó y una veintena de diputados opositores, el contralor general, Elvis Amoroso, hizo gala de sus conocimientos teóricos al expresar lo siguiente: “Todos los funcionarios públicos estamos obligados a declarar ante la Contraloría, a fin de que el pueblo de Venezuela, el Estado venezolano, conozca del patrimonio de los funcionarios públicos”. Empero, en la práctica, nadie sabe nada.
En su plan de destrucción de la función pública, el chavismo promulgó en 2011 una Ley de Emolumentos que imponía unos límites ridículos a los ingresos de los altos funcionarios. Seis años después, la derogó. Claro, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no estaba muy apurado porque tras la sanción de aquella ley, reventó el escándalo de los “cestatickets” especiales que se aprobaron los magistrados.
Al anular la norma, el TSJ argumentó que aquel instrumento provocó “una pérdida sustancial en la calidad de vida” de los funcionarios de alto nivel. Eso fue en 2017, antes de que el país se hundiera en esta crisis de hiperinflación y devaluación que parece no tener fin. Entonces, ¿cuánto cobran hoy sus señorías?, ¿recuperaron su maltrecha calidad de vida?
Al principio de esta legislatura, quien suscribe preguntó a diputados cuánto cobraban. Respuesta: “Todavía no han depositado nada”. Ya habían pasado varios meses desde el inicio de las sesiones. Conclusión: Estamos ante 277 terratenientes y ricos de cuna, o deben estar por morir de inanición.
Un diputado retirado afirma que el último pago de la pensión que recibió fue de 494 bolívares, equivalente a 20 dólares. Sobre los activos, comenta: “dicen algunos que les pagan 700 dólares más unos bonos que reciben”. En enero, la canasta básica familiar se ubicó en 486,87 dólares.
Algún parlamentario llegó a asegurar que vivía de su sueldo de profesor universitario. En Venezuela. El chiste se cuenta solo. Desde hace mucho tiempo al venezolano “de a pie” no le alcanza con un sueldo y debe matar tigres de diverso pelaje para medio sobrevivir. ¿Cómo hacen aquellos que trabajan a dedicación exclusiva por la construcción de la República?
La cúpula cívico-militar chavista tiene 24 años en cargos de la administración pública. ¿Viven y mantienen a sus familias con esos sueldos?, ¿tienen empresas o negocios? Si es así, también deberían publicar sus intereses para evitar tratos de favor o tráfico de influencias.
La pregunta no se limita a los jerarcas de los poderes públicos y se dirige también a aquellos que no militan en el oficialismo. ¿Cuánto cobrará un alcalde y su director de ingeniería en estos municipios donde la riqueza súbita clama al cielo y al rascacielos?
Hay que volver a las sabias palabras del Contralor General: “La declaración jurada de patrimonio es un instrumento moralizador que constituye un mecanismo de control preventivo en la lucha contra la corrupción”. Y agregó: “El pueblo de Venezuela se merece la mejor transparencia”. En síntesis: publiquen su patrimonio e informen al país cuánto perciben por sus servicios a la patria. Un gesto valiente. Y también amoroso.