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24 mayo 2024

Ser mujer y migrante: hablemos de la violencia basada en género

“Tras una investigación de la situación de las mujeres migrantes en Colombia y Perú, Amnistía Internacional recomendó informar sobre las rutas de atención para las víctimas de violencia basada en género, teniendo en cuenta que los datos recopilados demostraron que las mujeres no saben a dónde acudir; pero además, garantizarles acceso a la justicia, a la salud y combatir los estigmas y la discriminación”.

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Redacción LGA | 29 marzo 2023

Este mes marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, una fecha que no está hecha para celebrar, sino más bien para reconocer las desigualdades que enfrentan las mujeres, el camino recorrido (y el que queda por recorrer) y sus luchas. De acuerdo con cifras del Foro Económico Mundial, faltan 132 años para cerrar las brechas de género y esta es solo una de las cifras que demuestran las deudas de la sociedad con esta población.

En la región,los derechos de las mujeres no están garantizados. Algunas enfrentan mayores desigualdades por su condición socioeconómica, la ciudad o municipio en el que habitan, su raza e incluso por la cantidad de personas que tienen a cargo. Entre mayor es su responsabilidad en el hogar, mayores son las dificultades en contextos laborales, financieros, académicos y de acceso a servicios.

Ahora bien, ser una mujer migrante implica enfrentar más barreras. Además de la xenofobia, la vulnerabilidad económica de muchas las expone a ser víctimas de violencia basada en género. Si hablamos de Colombia, las mujeres de la población migrante y refugiada son en su mayoría provenientes de Venezuela. De los casi 2,5 millones de personas que conforman esta población, de acuerdo con Migración Colombia, el 51% son mujeres.

“El desempleo y la precariedad laboral las expone no solo a la informalidad y a poca o nula autonomía económica, sino que también vulnera su derecho al acceso de los servicios básicos, como la salud”

Entre los 2.508.242 de migrantes que se encuentran en el Registro Único de Migrantes Venezolanos en Colombia, más de 1,6 millones ya cuentan con el Permiso por Protección Temporal, la principal herramienta para regularizar a los migrantes en ese país. Con esta documentación que los acredita como “regulares” se espera que la población migrante y refugiada tenga facilidades para trabajar, estudiar, participar en programas sociales, acceder al sistema financiero y afiliarse a los sistemas de salud y de pensiones en las mismas condiciones que la población local.

Sin embargo, las desigualdades persisten. El Índice de Precondiciones de Empoderamiento económico de las mujeres, desarrollado por ONU Mujeres en alianza con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), muestra que el 92,9% de las mujeres migrantes no cuentan con precondiciones para su empoderamiento; 35,1 puntos por encima de las mujeres no migrantes, para quienes el porcentaje es de 57,8%.

Dichas precondiciones hacen referencia al acceso a servicios públicos, salud, educación, condiciones mínimas de vivienda y vinculación laboral formal. Esto, además de limitar su autonomía económica, también restringe su participación en las comunidades a las que llegan desde distintas áreas. Por ejemplo, aunque el 15% de las mujeres migrantes ocupaban posiciones de liderazgo y poder en sus empleos, a su llegada a Colombia ese porcentaje se reduce al 2%.

La pandemia fue otro factor que afectó de forma desmesurada a las mujeres venezolanas. Para 2020, primer año de la contingencia, el desempleo de este grupo llegó al 34,6% para migrantes que llevaban entre 12 y 24 meses en Colombia, y el de mujeres migrantes que llevaban más tiempo pasó al 20,3%. En cambio, la cifra en el caso de los hombres fue de 14,3% y 12,7%, respectivamente.

El desempleo y la precariedad laboral las expone no solo a la informalidad y a poca o nula autonomía económica, sino que también vulnera su derecho al acceso de los servicios básicos, como la salud; lo que a su vez acentúa los casos de violencia basada en género, bien sea por su dependencia económica de otras personas o por problemáticas sociales como la trata de mujeres y la explotación sexual.

“Un paso determinante es el de reconocer la situación y alzar la voz para que quienes tienen la competencia, en este caso las autoridades de países como Perú, Ecuador y Colombia, actúen”

De acuerdo con un informe de la organización internacional Air for Aids, el “sexo por supervivencia”, como ellos lo denominan, se ha convertido en una problemática que afecta, en su mayoría, a mujeres jóvenes migrantes que buscan alternativas para conseguir dinero durante su tránsito por Colombia, en diferentes zonas.

Sin embargo, el informe detalla que esta práctica empeora la calidad de vida de las mujeres, las expone al consumo de estupefacientes y están en riesgo de caer en situación de calle. Además, explica que son una población vulnerable a ser víctimas de trata de personas. “Esta crisis ha promovido el trabajo sexual, sexo transaccional por supervivencia y hasta hemos detectado casos de sexo no consensual”, dice el informe.

El Análisis de necesidades de refugiados y migrantes RMNA 2022, muestra un aumento en los casos de violencia contra personas venezolanas que residen en el país, y aunque no se limita a la violencia sexual, sí queda en evidencia que son las mujeres y niñas las principales afectadas. “En 2021, se presentaron 5.441 casos de violencia contra personas venezolanas, mientras que para el año 2020, esta cifra era de 3.809 casos, lo que supone un aumento del 30%, donde el 81% de las víctimas fueron mujeres y niñas”, se lee en el documento.

Dentro de las violencias que sufren durante su estadía en Colombia se encuentra la violencia verbal, sexual, emocional o psicológica, económica y física, según una investigación de Alianza por la Solidaridad. Sin embargo, hay que decir que las mujeres que han salido del país no solo ven vulnerados sus derechos en Colombia. “Yo trabajé en una casa tres meses y, ¿sabe lo que me ofrecía el esposo de la señora? Me ofrecía veinte dólares para acostarme con él […] siempre me acosaba, me decía: ‘toma los 20 dólares, yo sé que tú estás pasando trabajo, mándaselo a tu familia’”. Este es el testimonio de una mujer venezolana que participó en un grupo focal en Tulcán, Ecuador, consignado en el informe Mujeres, Violencia y Frontera.

Por eso, necesariamente en la conversación debe estar la pregunta de cómo proteger a las mujeres migrantes. Además de las políticas públicas que en su mayoría se han desarrollado desde las ciudades principales, es indispensable que las necesidades de este grupo sean contempladas en instancias nacionales como el Plan Nacional de Desarrollo, para el caso de Colombia.

A la fecha, el documento solo se enfoca en incluir a los migrantes en el sistema de salud, pero se omiten en los demás sectores y no hay un enfoque de género presente, lo que dificulta la protección de los derechos de las mujeres migrantes y también su integración en las dinámicas del país. “Más de la mitad de la población local y del empresariado colombiano desconfían de la población migrante, y una proporción alta de la población nacional no está dispuesta a participar en programas dirigidos a la integración de los migrantes”, resalta un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

Tras una investigación de la situación de las mujeres migrantes en Colombia y Perú, Amnistía Internacional recomendó informar sobre las rutas de atención para las víctimas de violencia basada en género, teniendo en cuenta que los datos recopilados demostraron que las mujeres no saben a dónde acudir; pero además, garantizarles acceso a la justicia, protección, acceso a salud y combatir los estigmas y la discriminación.

Si hablamos de mujeres y derechos, no podemos ignorar las desigualdades de género a las que todas se enfrentan en el trabajo, la calle e incluso en sus casas. Quienes salieron del país en busca de oportunidades y se encuentran en condición de vulnerabilidad, enfrentan mayores barreras y, por ende, necesitan más protección. Un paso determinante es el de reconocer la situación y alzar la voz para que quienes tienen la competencia, en este caso las autoridades de países como Perú, Ecuador y Colombia, actúen.

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La opinión emitida en este espacio refleja únicamente la de su autor y no compromete la línea editorial de La Gran Aldea.
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